Bogotá D.C., 25 de mayo de 2016. Al exponer observaciones concertadas con sectores representativos de la Rama Judicial al proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia que cursa en el Congreso de la República, la presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello Blanco, propuso la unidad de todos los poderes públicos del país en la formulación e implementación de una verdadera reforma al sistema judicial.
“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”, advirtió la magistrada ante la Comisión Primera del Senado, al formular ajustes a las propuestas de regulación y funcionamiento del Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama, la integración de las Altas Cortes y la Comisión de Aforados, temas de la llamada reforma de equilibrio de poderes aprobada en 2015.
La presidenta de la Corte, quien presentó criterios consultados y unificados con el Consejo de Estado, Asonal Judicial S.I., Asojudiciales, el Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá y la Federación del Colegios de Jueces y Fiscales, afirmó que se requiere una profunda reforma a la justicia en la que sean escuchados los requerimientos y sugerencias de los servidores judiciales.
Subrayó que las iniciativas adelantadas hasta ahora, como el Acto Legislativo 02 de 2015 objeto de examen por la Corte Constitucional, sirven para mejorar ciertos aspectos de la Rama Judicial, pero es necesario un trabajo mancomunado de las tres ramas del poder público para darle a la ciudadanía el acceso rápido, eficaz y eficiente que reclama permanentemente.
“Solo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene más de 20 mil expedientes y, lo que siempre hemos dicho, es que no podemos con todo. En estos momentos, como está la estructura de la Rama Judicial –en número de jueces, gestión administrativa, implementación, estructura y funcionamiento del sistema– no podemos a cabalidad, como quisiéramos, con la misión que tenemos de entregar justicia oportuna”, señaló la magistrada Cabello.
Indicó que para un juez que no tiene salas de audiencias adecuadas, que en muchos distritos del país debe grabar con los teléfonos celulares o tiene 2.000 procesos a su disposición, es complicado emitir decisiones en los tiempos que espera la ciudadanía.
