Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2017. A 50 meses de prisión condenó la Corte Suprema de Justicia a dos exfuncionarias de la Gobernación de Bolívar como responsables del delito de falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con el proceso, mediante el Decreto 690 de 13 de diciembre de 2007 se declaró la urgencia manifiesta con vigencia hasta el día 28 siguiente al amparo de la cual suscribieron, el 24 y 27 de diciembre de ese año, varios contratos para el suministro de mercados, medicamentos y elementos de aseo a los damnificados de la ola invernal.
Pero la administración entrante encontró que la entrega de los elementos adquiridos no se había cumplido a cabalidad por lo que se negó al pago de los mismos, así como a la entrega de los insumos. Incluso fue necesario incinerar algunos de ellos debido a su estado de descomposición.
Sin embargo, una de las exfuncionarias en su calidad de coordinadora del Programa de Urgencia, Emergencia y Desastres de la Gobernación e interventora de los contratos hizo constar que las mercancías habían sido recibidas el 27 de diciembre de 2007, mientras que la otra, como Jefe del Almacén, sostuvo que la recepción de los elementos se había cumplido el 30 y 31 de diciembre de 2007, situaciones que no correspondieron con la verdad.
Para la Sala de Casación Penal ambas exfuncionarias no se ciñeron a la verdad en relación con el ingreso físico de los elementos contratados por la Gobernación de Bolívar para atender a los damnificados que dejó la ola invernal.
“…la valoración objetiva, fidedigna individual y en conjunto de los medios probatorios configuraba la alteración de la verdad en las constancias expedidas el 27 de diciembre de 2007 por las funcionarias de la Gobernación de Bolívar (…) y del 30 y 31 de diciembre (…) cuando en uno y otro caso dieron cuenta del recibo e ingreso de los elementos adquiridos por la administración”, señala la decisión.
Añade que tampoco estuvo acreditada la efectiva entrada de los elementos adquiridos al almacén de la Secretaría de Salud, aspecto que ratifica que los documentos suscritos por las servidoras públicas no se ajustaron a la verdad.
