Bogotá, D. C., 10 de mayo de 2018. Tras el recaudo de pruebas que comprometen su responsabilidad con la organización criminal que lideró la multinacional Odebrecht, la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
En esta segunda investigación, la Sala Tercera de Instrucción de la Sala de Casación Penal estableció otras formas de participación con las cuales Elías Vidal habría actuado dentro del grupo de funcionarios públicos cooptados por la firma brasileña, para conseguir la adjudicación de obras de infraestructura mediante el pago de sobornos.
Nuevos elementos de juicio apuntan a las dos conductas delictivas que se le atribuyen en esta providencia y se suman a las de la condena anticipada, ya impuesta por la Corte de 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias, relacionados con el mismo entramado criminal.
En esta oportunidad, la Sala descubrió la probable unión de esfuerzos y voluntades del dirigente político colombiano con el resto de integrantes de la empresa delictiva, organizada por Odebrecht contra la administración pública y el sistema financiero. Sus acciones habrían ido más allá de la “venta” de la gestión como congresista, para actuar en el diseño y ejecución del blanqueo de capitales, ocultando y borrando el origen y destino ilícitos de los dineros dedicados a pagar millonarias coimas.
Como se sabe, estos expedientes se enmarcan dentro de lo que públicamente se conoce como el ‘escándalo de corrupción de Odebrecht’, empresa que replicó en Colombia una estrategia ilegal, aplicada también en otros países, de acceso a la contratación de obras públicas a través de la entrega de millonarios sobornos a funcionarios de distintos niveles y a particulares.
“En este contexto –sostuvo la Corte en su momento, SP436-2018– se da la vinculación del senador Bernardo Miguel Elías Vidal”, quien prestó su concurso al conglomerado económico, con el propósito de consolidar su actividad en el país, con intervención directa ante diferentes entidades y funcionarios, según los requerimientos de cada situación, aprovechando la condición de congresista.
“Constituye un resquebrajamiento total de la función pública el que un servidor acepte una promesa remuneratoria y reciba dinero para ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales, así como también que utilice indebidamente las influencias derivadas del ejercicio de su cargo y/o de su función para incidir sobre otro en los asuntos que conoce o va a conocer.
“En un caso como el presente ello equivale, ni más ni menos, que a mancillar la dignidad, el cargo y la función, convirtiéndose en un mandadero de una empresa extranjera o multinacional, y poniendo las instituciones públicas al servicio de los intereses de ese capital, con evidente traición al pueblo, cuya representación se ejerce”, consignó la Corte en la sentencia anticipada que dictó contra Elías Vidal el pasado 28 de febrero.
