Bogotá, D. C., 29 de noviembre de 2018. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró fundado el impedimento de la vicefiscal, en condición de fiscal general encargada, María Paulina Riveros Dueñas, para tramitar en su despacho los expedientes que previamente enumeró sobre sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia.
En decisión mayoritaria, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria solicitó en consecuencia al presidente de la República, Iván Duque Márquez, la elaboración y remisión de la terna para elegir al fiscal general de la Nación ad hoc que adelante e impulse dichas investigaciones.
La providencia rechazó la recusación que presentó contra la fiscal general de la Nación encargada el representante de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, por falta de legitimidad para actuar como parte. Sin embargo, encontró válidos los argumentos formulados por la funcionaria para apartarse de las enumeradas investigaciones en este momento de la actuación procesal.
Según el documento analizado por la Corte, el despacho de la Vicefiscalía venía conociendo tres investigaciones relacionadas con los sobornos de la firma Odebrecht, en virtud del impedimento aceptado al fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira.
