{"id":15776,"date":"2017-10-18T17:24:39","date_gmt":"2017-10-18T22:24:39","guid":{"rendered":"https:\/\/cortesuprema.gov.co\/corte\/?p=15776"},"modified":"2019-06-05T08:43:42","modified_gmt":"2019-06-05T13:43:42","slug":"prorroga-de-detencion-preventiva-rige-para-los-dos-sistemas-penales-corte-suprema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cortesuprema.gov.co\/corte\/index.php\/2017\/10\/18\/prorroga-de-detencion-preventiva-rige-para-los-dos-sistemas-penales-corte-suprema\/","title":{"rendered":"Pr\u00f3rroga de detenci\u00f3n preventiva rige para los dos sistemas penales: Corte Suprema"},"content":{"rendered":"

Bogot\u00e1, D.C., 18 de octubre de 2017.\u00a0<\/strong>Mientras en el sistema penal acusatorio la pr\u00f3rroga del plazo m\u00e1ximo de detenci\u00f3n preventiva procede a petici\u00f3n de parte ante el juez de control de garant\u00edas, en los antiguos procesos penales, regidos por la Ley 600 de 2000, es el funcionario judicial competente \u2013fiscal, en investigaci\u00f3n; juez, en etapa de juicio\u2013 quien debe validar (de oficio) la prolongaci\u00f3n de esa medida cautelar.<\/p>\n

As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Suprema de Justicia al ratificar, mediante sentencia de acci\u00f3n de tutela, la validez de las providencias que negaron la sustituci\u00f3n de la medida privativa de la libertad impuesta contra el procesado Santiago Uribe V\u00e9lez.<\/p>\n

Seg\u00fan la jurisprudencia sentada en decisi\u00f3n un\u00e1nime de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, aunque con aplicaci\u00f3n diferenciada, el tr\u00e1mite de la extensi\u00f3n de la vigencia de la detenci\u00f3n preventiva rige tanto para el nuevo (Ley 906 de 2004) como para el antiguo sistema de procedimiento penal (Ley 600 de 2000), en procesos seguidos por la justicia penal especializada, sean tres o m\u00e1s los detenidos preventivamente o se trate del juzgamiento de actos de corrupci\u00f3n (Ley 1471 de 2011) o cualquiera de las conductas previstas por el T\u00edtulo IV del Libro Segundo del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

De acuerdo con la providencia y el tr\u00e1mite particular para cada uno de los dos sistemas,<\/p>\n

\u201c\u2026la\u00a0prolongaci\u00f3n<\/em>\u00a0del t\u00e9rmino por otro a\u00f1o m\u00e1s, absolutamente insuperable, depende \u00fanicamente de que el funcionario judicial lo\u00a0valide<\/em>\u00a0tras constatar alguna de las circunstancias que dan lugar a la duplicaci\u00f3n del plazo, que son estrictamente objetivas y que, pr\u00e1cticamente, operan por ministerio de la ley. Mas tal validaci\u00f3n, en asuntos gobernados por la Ley 906 de 2004, no puede ser decretada\u00a0motu proprio<\/em>\u00a0por el juez de control de garant\u00edas, sino que procede a petici\u00f3n de parte.<\/p>\n

\u2026\u201cConstitucional y legalmente (arts. 250-1 de la Constituci\u00f3n y 306 inc. 1\u00ba de la Ley 906 de 2004), la aplicaci\u00f3n de las medidas de aseguramiento son potestad de la Fiscal\u00eda, en cabeza de quien radica el ejercicio de la\u00a0pretensi\u00f3n\u00a0<\/em>penal. As\u00ed el juez encontrara elementos suficientes para detener, en tal esquema procesal no est\u00e1 facultado para asegurar al imputado por iniciativa propia. Tanto as\u00ed, que s\u00f3lo la v\u00edctima puede,\u00a0supletoriamente<\/em>, demandar la aplicaci\u00f3n de las medidas de aseguramiento cuando el fiscal se abstenga de hacerlo (art. 306 inc. 4\u00ba\u00a0\u00eddem<\/em>).<\/p>\n

\u201cDe ello deriva, entonces, que el inter\u00e9s para\u00a0mantener\u00a0<\/em>la vigencia de la detenci\u00f3n durante el proceso radica en la Fiscal\u00eda y en el representante de la v\u00edctima. Si\u00a0 dentro de un esquema procesal adversarial el juez carece de competencia para deteneroficiosamente,\u00a0<\/em>por la misma raz\u00f3n, carece de facultades para\u00a0extender<\/em>\u00a0por s\u00ed mismo la vigencia de la medida.<\/p>\n

\u201cEsto quiere decir que el fiscal tiene el deber de asistir a la audiencia preliminar para que se pronuncie sobre la solicitud de sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n, diligencia a la que, igualmente, ha de ser citado el representante de las v\u00edctimas, cuyos datos deber\u00e1n ser suministrados por la parte solicitante. Ahora, si pese a la debida citaci\u00f3n, el fiscal o la v\u00edctima se abstienen de solicitar la pr\u00f3rroga del plazo o no demandaron con antelaci\u00f3n la extensi\u00f3n del mismo, el juez de control de garant\u00edas habr\u00e1 de aplicar el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un a\u00f1o para decidir sobre la sustituci\u00f3n. En tal supuesto, \u00fanicamente tendr\u00eda que verificar el aspecto objetivo referente a la contabilizaci\u00f3n del plazo, constatando que no se hayan presentado dilaciones atribuibles al procesado o a la defensa, que incidan en dicho conteo.<\/p>\n

\u201cSi, por el contrario, la Fiscal\u00eda o la v\u00edctima, previamente a la consolidaci\u00f3n del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de vigencia, solicitan la pr\u00f3rroga de \u00e9ste o, al oponerse a la sustituci\u00f3n en casos donde opere la extensi\u00f3n del plazo, demandan su prolongaci\u00f3n en audiencia, esta \u00faltima solicitud ha de decidirse teniendo en consideraci\u00f3n el t\u00e9rmino extendido.<\/p>\n

\u201cBien se ve, entonces, que la figura de la pr\u00f3rroga y su condicionamiento a solicitud de parte encuentran justificaci\u00f3n en la naturaleza\u00a0adversarial\u00a0<\/em>del proceso penal dise\u00f1ado en la Ley 906 de 2004, sin que pueda entenderse (\u2026) que la falta de su declaratoria, dentro del t\u00e9rmino previsto en el art. 3\u00ba de la Ley 1786 de 2016 [2 meses anteriores al vencimiento del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un a\u00f1o], tiene un efecto preclusivo que impide aplicar el t\u00e9rmino ampliado de dos a\u00f1os de vigencia de la detenci\u00f3n preventiva.<\/p>\n

\u201cAhora bien, tal din\u00e1mica no es exigible en procesos gobernados por la Ley 600 de 2000, como quiera que, rigiendo el principio de oficiosidad, en la fase de investigaci\u00f3n el fiscal es competente para decidir con autonom\u00eda sobre la privaci\u00f3n cautelar de la libertad personal, mientras que, en etapa de juicio, al adquirir aqu\u00e9l la condici\u00f3n de sujeto procesal, es el juez el encargado de velar porque se cumpla con las finalidades constitucionales y legales asignadas a las medidas de aseguramiento.<\/p>\n

\u201cEn esa direcci\u00f3n, la pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de vigencia de la detenci\u00f3n preventiva adquiere un cariz diverso: dada la posibilidad de su extensi\u00f3n oficiosa, pr\u00e1cticamente opera de pleno derecho y habr\u00e1 de ser considerado por el funcionario respectivo \u2013fiscal o juez de la causa\u2013 al momento de decidir sobre la sustituci\u00f3n de la medida.<\/p>\n

\u201cPor \u00faltimo, ha de destacarse que, en ambos esquemas procesales, la figura del\u00a0levantamiento<\/em>\u00a0o revocatoria de la detenci\u00f3n, mencionada en el art. 1\u00ba inc. 2\u00ba de la Ley 1786 de 2016 \u2013distinta a la\u00a0sustituci\u00f3n<\/em>\u2013\u00a0\u00a0<\/em>se subordina al examen sobre la permanencia de los fundamentos materiales que permitieron la imposici\u00f3n de la detenci\u00f3n, as\u00ed como a la necesidad de seguir cumpliendo alguna de las finalidades por las cuales se decret\u00f3 (art. 308 de la Ley 906 de 2004 o arts. 355 y 356 de la Ley 600 de 2000, respectivamente)\u201d.<\/p>\n

Por lo anterior, frente al amparo solicitado por el procesado Santiago Uribe V\u00e9lez, acusado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, la Sala desvirtu\u00f3 que el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito Especializado de Antioquia le haya vulnerado sus derechos fundamentales al prorrogar de oficio la medida de aseguramiento en su contra.<\/p>\n

Ver texto de la sentencia<\/p>\n[spiderpowa-pdf src=\u00bbhttps:\/\/cortesuprema.gov.co\/corte\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/TUTELA-945641.pdf\u00bb]TUTELA 94564<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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