\u00ab[…] observa la Sala que el juez plural al resolver la controversia, no hizo referencia al Decreto 2610 de 1989, que aprob\u00f3 el Acuerdo 048 de 1989, disposici\u00f3n mediante la cual se modific\u00f3 y ampli\u00f3 la tabla de categor\u00edas y aportes del ISS, y que fij\u00f3 el salario diario m\u00e1ximo asegurable en la suma de $22.169, que equival\u00eda a la suma mensual de $665.070 y lo centr\u00f3 en la categor\u00eda 51, a partir de la publicaci\u00f3n del citado decreto, lo que ocurri\u00f3 el 14 de noviembre de 1989.<\/p>\n
Le asiste raz\u00f3n a la censura cuando acusa al Tribunal de no haber estudiado el caso, bajo la \u00e9gida del Decreto 2610 de 1989, pero no en la forma que aduce, cuando reitera que con esa disposici\u00f3n se solucionaba la controversia frente al periodo laborado por el actor entre \u201cjulio de 1979 y julio de 1997\u201d, pues evidentemente las disposiciones legales no tienen efectos retroactivos; el decreto en menci\u00f3n regul\u00f3 la situaci\u00f3n del demandante, pero a partir del 14 de noviembre de 1989, y no desde julio de 1979.<\/p>\n[…]\n
En todo caso, el Tribunal omiti\u00f3 aplicar la normativa expedida por el Instituto de Seguros Sociales, donde como ya se dijo, se establecieron unas tablas de categor\u00edas y cotizaciones con m\u00ednimos y m\u00e1ximos, y en raz\u00f3n de tales par\u00e1metros dicha entidad no pod\u00eda recibir ninguna cotizaci\u00f3n que superara el salario m\u00e1ximo asegurable, por no estar autorizada.<\/p>\n[…]\n
De acuerdo con nuestra legislaci\u00f3n de seguridad social, en el sistema contributivo le corresponde al afiliado y al empleador, en los porcentajes que dispone la Ley 100 de 1993, realizar las cotizaciones a la administradora de fondos de pensiones, en este caso, al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, para que con dichos recursos, esa entidad pueda responder por el pago de la pensi\u00f3n de vejez. Con esto se quiere decir, que cualquier suma que corresponda a aportes de pensi\u00f3n, no puede ser entregada al accionante, como lo solicit\u00f3, sino al ente encargado de administrar el fondo pensional.<\/p>\n
Si bien la redacci\u00f3n de la pretensi\u00f3n no es la m\u00e1s afortunada, pues no se ci\u00f1e a los t\u00e9rminos en que debi\u00f3 plantearse, al examinar los hechos de la demanda que le sirven de sustento, y conforme lo dispone la ley, es a Colpensiones donde debe dirigirse cualquier aporte pensional o c\u00e1lculo actuarial, que no al actor.<\/p>\n
[…]\n
La demandada omiti\u00f3 reportar el cambio de salario en relaci\u00f3n con los meses de noviembre y diciembre de 1989, es decir, que lo hizo deficitariamente, conforme lo previsto en el Decreto 2610 de 1989 -as\u00ed lo confes\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda-; es evidente que falt\u00f3 al deber legal de cotizar de manera suficiente, quedando obligada a trasladar \u00abcon base en el c\u00e1lculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacci\u00f3n de la entidad administradora, el cual estar\u00e1 representado por un bono o t\u00edtulo pensional\u00bb, as\u00ed lo establece el art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9, lit. d) de la Ley 797 de 2003.<\/p>\n
[…]\n
Atendiendo los anteriores supuestos y por mantener la accionada la responsabilidad de los aportes pensionales, la Sala impondr\u00e1 condena en su contra, por el c\u00e1lculo actuarial, el cual deber\u00e1 trasladar con destino al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, por el valor causado en virtud de las omisiones en que incurri\u00f3, al reportar el salario devengado por el actor, as\u00ed:<\/p>\n
Para 1989, por los meses de noviembre y diciembre, $404.820, respectivamente; 1995, en enero, $894.182,69; febrero, $38.115,69; y de marzo a diciembre, $381.805,69; en relaci\u00f3n con el a\u00f1o 1996, de enero a noviembre, omiti\u00f3 reportar la suma de $267.958,34, es decir, por 11 meses; y durante 1997, de febrero a mayo, una diferencia mensual de $1.327.355\u00bb.<\/p>\n
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