Bogotá D. C., martes 10 de noviembre de 2026. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda presentada por el abogado de un procesado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.

El caso está vinculado a una persona detenida en una operación contra el microtráfico en Montería y que fue condenada a 64 meses de prisión por un juzgado local. La sentencia fue apelada y confirmada por el Tribunal Superior de Montería.

Al conocer el recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia evidenció serias deficiencias: “La demanda se limita a señalar que se vulneró el debido proceso, se desconoció la presunción de inocencia, hubo errores en la valoración de la prueba y se aplicó indebidamente la ley sustancial, sin desarrollo alguno de esas afirmaciones”.

Al no contar con los argumentos del abogado para sustentar su petición, dijo la Sala, “es imposible conocer cuáles fueron los fundamentos del Tribunal para confirmar la condena y que se oponen a lo alegado por la defensa en el recurso de apelación. Así mismo, la Sala desconoce cuáles fueron los fundamentos que motivaron la presentación de la demanda -lo cual no puede ser inferido, supuesto o imaginado de manera oficiosa por la Corte-. Entonces, el defensor no cumplió con la carga de acreditar el interés para recurrir en ejercicio de este recurso extraordinario”.

El abogado no hizo referencia alguna a la finalidad del recurso más allá de la transcripción del artículo 180 de la Ley 906 de 2004 y, adicionalmente, la demanda tampoco cumplió con señalar alguna de las causales establecidas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004.

“No desarrolló siquiera un mínimo de fundamentación, por lo que la única consecuencia posible es la inadmisión”, dijo la Sala. Y añadió que la Corte no puede suplir las omisiones estructurales, formales, lógicas o argumentativas de los recursos. Menos aún tratándose de un recurso excepcional y rogado que exige no solo una fundamentación -que en este caso no existió- sino un desarrollo acorde con las causales y formas de argumentación que cada una de ellas exige.

Quien presentó el recurso fue un defensor público, quien incurrió en un incumplimiento injustificado de los deberes profesionales, pues su gestión debe estar regida por principios y máximas que obligan a que sea eficiente, integral, competente, suficiente, responsable, idónea y oportuna.

Ante esa situación, se compulsaron copias para que el abogado sea investigado disciplinariamente.

Consulte el auto AP5793-2026