Bogotá, D.C., miércoles 13 de septiembre de 2023. Frente a la persistencia del asedio terrorista contra jueces y fiscales del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), la Corte Suprema de Justicia demanda una respuesta interinstitucional urgente de las autoridades competentes y los organismos de seguridad y protección del Estado.

La solución idónea y oportuna a esta grave situación, observada en atentados como el perpetrado la noche del 12 de septiembre contra la sede de los juzgados penales de Tuluá, debe comprender la garantía de la vida e integridad de los servidores judiciales amenazados, el ejercicio autónomo e independiente de la función judicial en todo el país y la salvaguarda de las sedes de la justicia.

La Corte reitera el llamado público formulado hace dos semanas, para que se atiendan con prontitud las medidas de protección solicitadas por los servidores judiciales ante los actos violentos de intimidación, así como la priorización de las investigaciones y judicialización de los integrantes de las bandas criminales responsables.

La Rama Judicial confía en la acción conjunta y coordinada de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional, para enfrentar con decisión las amenazas violentas contra la independencia judicial y el Estado de Derecho.