La Corte Suprema de Justicia ordenó que se levante la afectación de vivienda familiar y cancelar la garantía del patrimonio de familia de un apartamento en Cúcuta, para entregarles la vivienda a los padres de una mujer que fue asesinada por su esposo.

La decisión es de la Sala de Casación Laboral quien aseguró que se debe proteger el derecho al debido proceso de los padres de la víctima, adultos mayores, que perdieron a su hija y a sus nietos a manos de su yerno en un homicidio múltiple el 1 de junio del 2008, en Arauca.

El alto tribunal les da este apartamento a los padres porque declaró indigno al esposo para heredar los bienes de la víctima. El hombre fue condenado a varios años de prisión y a indemnizar a la familia de su esposa.

El fallo le ordena al Juzgado de Familia de Cúcuta resolver la solicitud de las personas de la tercera edad ya que la Oficina de Registro y de Instrumentos Públicos de Norte de Santander se había negado a registrar la sentencia que ordenó que se quedaran con el 50 por ciento del apartamento, en calidad de herederos y el 50 por ciento restante, para su reparación.

La Oficina de Registros se había negado sustentando que el inmueble estaba suscrito bajo la categoría de vivienda familiar, a pesar de que el esposo había sido declarado indigno para heredarlo.

Sin embargo, para la Sala de Casación Laboral “el pedimento de inscripción de la sentencia (…) por medio de la cual se aprobó el trabajo de liquidación de la sociedad conyugal de los esposos (…), así como la partición y adjudicación del bien relicto de la fallecida y, la medida cautelar allí mencionada, no puede quedar en suspenso o sin resolver…”.

Por eso el alto tribunal señaló que la Oficina de Registros, al abstenerse de resolver la solicitud de los padres de la víctima para que se les entregue el apartamento, vulnera “los derechos fundamentales de la pareja de adultos mayores, quienes son sujetos de especial protección al estar acreditado que tienen más de 80 años de edad”.

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