Dice que no se cumplen “mínimos” en tecnología e infraestructura para Código General del Proceso.
PUBLICADO EN PERIÓDICO EL TIEMPO, JUSTICIA, 30 de noviembre de 2015
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia advirtió graves fallas en los medios y herramientas con los que cuenta el sistema judicial para que entre en vigencia el nuevo Código General del Proceso.
La declaración de la Corte se da horas después de un informe publicado por este diario sobre el atraso en ese proyecto que el presidente Juan Manuel Santos consideró la “verdadera reforma de la justicia”. Este sistema entrará a operar plenamente en el país en los procesos civiles, de familia y agrarios a partir del primero de enero del próximo año, según un acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala de Casación aseguró que “existen serios riesgos de traumatismo en los despachos judiciales porque no tienen la tecnología, los modelos de gestión ni las suficientes salas de audiencias y personal que demanda el adecuado desarrollo del sistema oral en la jurisdicción civil del país”.
La Corte también indicó que, de hecho, los juzgados que ya entraron en la oralidad están funcionando a medias. “Un gran número de despachos judiciales que han ingresado en la oralidad ya están congestionados, el expediente digital es nulo, así como el progreso en sistemas de seguridad para la información electrónica judicial. No hay tecnología de punta y hasta la fecha se viene laborando con un sistema obsoleto que no cubre más del 50 por ciento del país edificado bajo el esquema cliente-servidor”, afirmó el presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Luis Armando Tolosa Villabona.
La Sala de Casación le envió una carta al Ministerio de Justicia y a la Sala Administrativa del Consejo en la que, si bien resalta las bondades del Código General del Proceso, pues procura la cerelidad, descongestión, eficacia y modernización en la justicia, con el paso de la oralidad, asegura que comparte preocupaciones manifestadas por ciertos sectores.
Aseguró que “intempestiva e inopinadamente”, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, expidió el acuerdo que pone en vigencia a partir del primero de enero el Código General del Proceso.
Según la Corte, ese acuerdo se expidió “ignorando el plazo extendido que contempla el Código General del Proceso (…) y por supuesto, olvidando atender los reclamos y requerimientos suplicados por la gran mayoría de jueces y por los distintos distritos judiciales, a través de los presidentes de las salas civiles, familia, laborales y únicas, relacionadas con la falta de medios y herramientas para desarrollar la nueva regulación proyectada”.
Asegura que “reprocha tan inesperada determinación” pues, tal y como lo reveló hoy este diario, no se han cumplido “las más inmediatas exigencias logísticas” para poner en marcha el Código del Proceso, “sin ni siquiera haber entrado en vigencia en todo el territorio nacional el modelo de la Ley 1395 del 2010 (de oralidad)”, dice la misiva.
Recordó que la Corte Constitucional condicionó la entrada en vigencia de la oralidad siempre y cuando se cumplieran “unos mínimos de viabilidad, entre ellos, infraestructura física y tecnológica”.
Advirtió que por esta razón es importante que se envíe un mensaje de urgencia para que en el Congreso se debata con prontitud un proyecto de ley que pide suspender por tres años la entrada en vigencia de la reforma: “Esta Sala, fundada en razones de prudencia, y con el propósito de contener la improvisación y los efectos negativos que está generando el cambio abrupto del sistema procesal, unido al poco impacto que han tenido las medidas de descongestión, ha solicitado mensaje de urgencia para un proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República para prorrogar la vigencia de la Ley 1395 de 2010 y posponer la entrada en vigencia del Código General del Proceso. . pero no ha tenido eco en esta solicitud”, afirmó.