PUBLICADO EN EL ESPECTADOR, ABRIL 14 DE 2016. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de prisión al exgobernador de Arauca, José Vicente Lozano Fernández, por entregarle contratos a la guerrilla del Eln.
La Sala determinó que Lozano Fernández incurrió en el delito de interés indebido en la celebración de contratos tras que el exmandatario departamental acató directrices del autodenominado Eln en la adjudicación de tres millonarios convenios de obra pública.
Los contratos tuvieron por objeto la construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario del barrio El Estero, en el municipio de Cravo Norte (Arauca), la construcción del terraplén de la vía Puerto Rondón – Cravo Norte y la pavimentación, en concreto rígido, de varias vías en el municipio de Fortúl.
En la decisión se advierte que el entonces gobernador no firmó los convenidos directamente sino que delegó esa responsabilidad en sus secretarios, en el proceso quedó demostrado que se cometieron irregularidades en la suscripción de los seguros, la emisión de los certificados de disponibilidad presupuestal y la evaluación de las propuestas.
Se indica que como que las propuestas se conocieran antes del presupuesto para la obra indican un patrón de conducta en el que los proponentes no actuaban independientes entre sí, sino con conocimiento coordinado de todo el proceso contractual.
“Comprometió su administración al servicio de intereses del grupo subversivo que lo apoyó para lograr su cargo, amarrando así la contratación pública de forma consciente y voluntaria, en tanto que, como se vio, era la forma en que el Eln. operaba en la zona, para cobrar su patrocinio político y robustecerse económicamente”, precisa uno de los apartes del fallo.
La providencia advierte que la satisfactoria realización de las obras contratadas no desdice de la comisión de un delito, en tanto el interés indebido en la celebración de contratos se puede adecuar inclusive en convenios legales de satisfactoria ejecución, pero de intereses desviados a los que gobiernan la contratación pública, como en este caso aconteció, donde las pretensiones del grupo guerrillero se antepusieron al interés general.
En este caso, los hechos hacen referencia a contratos de 1997 en los que se hallaron elementos indicadores de un amañado proceso de selección del contratista, con miras a favorecer al grupo guerrillero Eln, tales como identidad de formatos de presentación, consecutivos números de pólizas de cumplimiento entre diferentes candidatos, intercambio o ausencia de firmas en los documentos que componían cada oferta y contradicción de fechas.
