A la rama judicial se le debería asignar 3% o 5% del PIB

En entrevista con LR Cabello explicó cómo funciona la Corte, el daño que les hace tener una imagen desfavorable y le pide al Gobierno un presupuesto mayor para hacer cara al aumento de procesos que se vienen en época de paz.

¿La justicia en Colombia también se puede ver como una empresa y se les puede medir por competitividad?
Teniendo en cuenta que la administración de justicia es uno de los tres poderes públicos, cuya misión es resolver los conflictos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de tal forma  que sus providencias generen tranquilidad y paz en el ciudadano y también, de alguna manera, emitir normas de comportamiento social, su funcionamiento difiere del de una empresa privada.

No obstante, requiere administrarse y como órgano generalmente tiene dos funciones esenciales: una de gobierno y otra de gerencia. Antes de la Sala de Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creada en 1991, los recursos de la Rama Judicial eran manejados  por el Poder Ejecutivo a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, lo cual no le daba autonomía y era de verdad un caos. Pero ello no quiere decir que aunque la justicia aplique principios básicos de la administración de empresas como los eficiencia, eficacia o productividad, dichos aspectos se traduzcan en dividendos o rentabilidad económica.

¿La Corte tiene estreches económica?
Yo diría que demasiadas, porque dependemos del Ministerio de Hacienda, hay un presupuesto elaborado y el Ministerio de Hacienda se encarga de estructurar, aprobar, emitir y entregar las partidas correspondientes en los tiempos que ellos consideran para el buen funcionamiento de la rama judicial. En eso hemos reclamado desde hace muchos años la necesidad de más autonomía para que se nos pueda exigir con mayor responsabilidad, y la autonomía la pedimos conforme existe en muchos países del mundo en donde se le entrega a la rama un porcentaje del PIB para efectos de que se pueda tener la tranquilidad de realizar su plan de acción.

¿Esa petición la mantienen vigente?
Sí está vigente para la rama judicial como poder de una democracia es importantísimo contar, entre otras cosas, con autonomía presupuestal. No pedimos un porcentaje exacto, queremos ser respetuosos porque el Ejecutivo maneja un presupuesto y de acuerdo a las condiciones del país se sabrá qué porcentaje pedir; porque la situación económica del país varía. Pero, sí queremos que de acuerdo con la situación se nos determine por ejemplo un 3% o si fuera un 5% sería mucho mejor del PIB.

¿Hoy la asignación presupuestal se define como si fuera una institución o un ministerio dependiente?
Es algo parecido, la Sala Administrativa se encarga de hacer su presupuesto todos los años y lo entrega para aprobación; de allá vienen todas las disminuciones y recortes y luego el Ministerio de Hacienda va entregando las partidas en lo corrido del año y quedamos sujetos a las reducciones del presupuesto general que Hacienda por manejo propio de su función fiscal decida hacerle.

¿Usted ve una separación de la rama judicial con el sector empresarial colombiano?
Nosotros entendemos que el mundo empresarial es muy respetuoso de la administración de justicia, pero estamos ligados íntimamente y nuestra función tiene incidencia en su devenir. Para nosotros es muy importante mantener la continuidad y coherencia de las decisiones judiciales de carácter comercial o del mundo comercial para que ellos sientan la estabilidad jurídica necesaria y poder seguir trabajando con unas nociones jurídicas claras y precisas.

¿Sí hay seguridad jurídica?, ¿qué se le garantiza a los empresarios y a los inversionistas, qué idea manejan en la Corte?
La Corte es muy cuidadosa en eso y es respetuosa de sus propios precedentes y manda el mensaje hacia el país entero de que se respete el precedente y que cuando se cambie se motive y se justifique por qué hay un cambio de criterio. Mantener unas tesis jurídicas permanentes en el concepto bien entendido, hace que el mundo empresarial y la sociedad tengan tranquilidad en el ejercicio de sus funciones.

¿La interinidad no amenaza la seguridad jurídica, en el caso puntual del nombramiento de fiscal?
El interés de la Corte es nombrar lo más rápido posible. Hay que tener en cuenta que el Fiscal se retiró en marzo y la terna nos llegó el 22 de abril. Lo ideal habría sido tener los nombres de los candidatos con suficiente anticipación para adelantar con tiempo el proceso de elección y, de esa manera, permitir un adecuado empalme.

Pero eso no quiere decir que se vayan a demorar más….
No, pero hay que dejar que la Corte cumpla su proceso, como lo ha venido haciendo al escuchar a los participantes, estudiar las hojas de vida y mirar la situación de la Fiscalía. Llevamos una sala.

¿Cómo es todo ese proceso?
Elegir un fiscal implica un proceso de adecuación, de entendimiento y de socialización. Se trata de una elección con el voto secreto de 23 magistrados, cada uno con su propio criterio de quién debería ser el próximo fiscal. Entonces cada elección implica un proceso particular.

Y se complica cuando las tres personas son muy calificadas….
Claro. Cuando, sin demeritar a ningún candidato, se notan diferencias en sus exposiciones y en sus hojas de vida es más fácil para la Corte, pero cuando hay tres con una exposición muy limpia y cuidadosa es mucho más difícil.

¿Qué hacen con esas peticiones de los universitarios que quieren ver el equipo de trabajo de los candidatos?
Nos llamó mucho la atención y nos alegró ver a los estudiantes de nuevo motivados en estos procesos. Pero como Corte, por absoluto respeto al fuero interno, autonomía e independencia de los  tres candidatos, les respondimos que nos quedaba muy difícil trasladarles esa inquietud. Con mayor razón en una coyuntura como la actual en que los medios hablan tan mal de la rama judicial, pues no podemos dar pie a inferir que estamos pidiendo cuotas burocráticas. Nuestro  único interés es elegir un buen fiscal.

¿Qué fue lo que no los dejó hacer la petición?
La razón principal: respeto a la responsabilidad que les corresponde a los aspirantes al cargo de fiscal general de la Nación. Además, la imagen desfavorable que ronda a la justicia nos exigió prudencia; preferimos que los estudiantes preguntaran directamente a los candidatos, pero ellos dentro de su autonomía podían o no dar a conocer el equipo de trabajo.

Usted acaba de tocar un tema muy importante y es que se ve en las encuestas que la Corte es una institución desprestigiada, ¿qué se está haciendo para salir de ese estado?
Siempre seguimos aquella idea tradicional de que los jueces solo hablan a través de las providencias judiciales, pero se nos vino encima el mundo de la tecnología y las comunicaciones, la llamada sociedad de conocimiento. Hasta ahora llegamos a la conclusión de que es momento de empezar a hablar, no dejar que hablen por nosotros y que lo hagan mal, porque la rama judicial necesita dignificar su condición.

Un juez, cada vez que responde un caso, resuelve el conflicto entre dos partes enfrentadas, donde una de ellas sale perdedora y, por lo general, termina hablando mal de la justicia. Y si resolvimos 2.800.000 procesos el año pasado, por lo menos 1.400.000 están hablando mal, porque nuestra propia idiosincrasia nos dificulta aceptar que el juez tenía la razón.

Lo más fácil es atacar al funcionario judicial, alegar que se equivocó o lo compraron y por eso no dio el derecho; así es como generalmente los jueces terminan siendo calificados de flojos, corruptos o todo lo que se le ocurra decir a sus detractores.  Por eso este año dijimos no se puede más, 81% de descrédito es doloroso para la rama judicial, porque tiene un grupo de personas que trabajan consagradamente, no son trabajadores comunes, ser juez es un estilo de vida no es un trabaja de una empresa común y corriente.

¿Cree usted que Colombia no entiende el papel de los jueces?
Puede buscarse una mejor comprensión para que el país proteja a sus buenos jueces y a su justicia, por tratarse de uno de los bastiones de nuestra democracia. Institucionalmente, el sistema judicial está concebido para materializar la función pública de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades; por lo cual un Estado sin justicia es, simple y llanamente, un Estado fallido. Ahora estamos aislados y es culpa de nosotros, pues por el hecho de ser cuidadosos en comunicar corremos el riesgo de parecer lejanos al ciudadano; por eso  tenemos que interactuar mejor en el mundo moderno.

¿Qué se está haciendo para enfrentar esos ataques y manejo de crisis?
Estamos tratando de mostrarle al país qué es lo que hacemos, recorriendo las regiones distrito por distrito, mostrando qué hacen los jueces, motivándolos por su dignidad e invitándolos a defender sus providencias.

¿Cómo solucionar la tutelatón?
Estamos en virtud de esta necesidad de mostrar lo que hacemos, proponiendo una reforma a la tutela pero no acabarla porque es muy importante para el país, porque somos conscientes de todo lo que hemos protegido en derecho a los ciudadanos, pero sí reglamentarla porque se ha ido al exceso y se está utilizando en temas para los cuales no fue creada.

¿Hay ideas concretas de esa reforma a la tutela?
Sí claro. Se puede regular la tutela contra decisión judicial lo cual a su vez garantiza más la seguridad jurídica para que las decisiones a través de tutela no las cambien y dar un poco de tranquilidad al gremio empresarial. Es, igualmente, decirles a las entidades del Estado que cumpla con su función para que no tenga que venir el ciudadano con una tutela a exigir el cumplimiento. Allí es donde se produce el mayor número de reclamos.

Si tuviera al frente a los líderes gremiales y empresariales, ¿qué les diría desde su corporación?
Yo les diría que estamos ahí, que no estamos alejados, que siempre los estaremos oyendo y que nuestra misión fundamental es proteger la institucionalidad del país, estamos en la función de hacer cumplir las normas de la carta política y de ofrecerle al país la tranquilidad de que aplicaremos las reglas que el mismo pueblo dijo que serían las que regularían el buen comportamiento y la conducción de nuestro país.

¿Cuáles son los retos de la rama con el proceso de paz?
Hay una necesidad de que el proceso se maneje de tal manera que no se olvide que la justicia ordinaria debe tener la misma protección estatal del Ejecutivo y del Legislativo que la que se le va a entregar a esta justicia especial de paz. Todo lo que se realice a raíz de la firma de la paz que tenga que ver con el conflicto armado y lo surgido con posterioridad a la firma de la paz y toda la conflictividad que de ahí se produzca (que será mucha en el posconflicto) va a llegar a la justicia ordinaria.

Por lo tanto, así como van a reforzar y a darle una implementación presupuestal y a darle toda una fuerza de organización con su propia secretaría técnica independiente y total autonomía presupuestal debe ser entregado de la misma manera a la justicia ordinaria para que podamos trabajar en una verdadera paz.

¿Se ha dimensionado esa carga extra de trabajo que tendrá la justicia ordinaria con la paz?
Estamos en ese cálculo. Podría haber una disminución en el tema de quitarnos todos los expedientes que tengan relación con el proceso de conflicto y conexos; podrían irse para la justicia especial de paz muchos asuntos de carácter penal y podrían decirnos que ahí habría una disminución de trabajo. Pero, toda la conflictividad que pueda generarse a raíz de ese proceso de paz no lo tenemos dimensionado en su integridad, pero debemos estar preparados porque puede ser mucho y nos preocupa que todo se vaya a la justicia especial y dejen abandonada a la justicia ordinaria.

¿Le han expresado esto al Gobierno?
Estamos en muy buena tónica y con todas las ramas del poder público queremos hablar de manera armónica y consolidada y de hecho estamos ad portas de conversar con el equipo de La Habana y el presidente para intercambiar opiniones y escuchar cómo va a ser el proceso; todos juntos porque queremos la paz, pero con el cuidado de no desestabilizar las instituciones. La institucionalidad es fundamental para que todos, empresarios, sociedad, ciudadanos, vayamos tranquilos; bajo el criterio de que se están respetando las bases de nuestra democracia.

El perfil 
La actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, es abogada de la Universidad de la Costa, en Barranquilla y tiene un posgrado en Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado. En su vida laboral trabajó como Juez municipal en Sabanalarga, Atlántico entre 1982 y 1983. Entre 1999 y 2002 fue miembro del comité coordinador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y posteriormente fue delegada de la Sala Disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, desde 2009. Ese año fue ternada por el expresidente Álvaro Uribe para la Fiscalía General de la Nación. Llegó a la Sala de Casación Civil de la Corte en febrero de 2013 y asumió la presidencia del alto tribunal el 26 de marzo.