EL ESPECTADOR, 6 DE JULIO DE 2016. William Hernán Pérez Espinel aceptó su responsabilidad ante la Corte Suprema de Justicia en el delito de enriquecimiento ilícito. Este fallo se suma a la sentencia de 8 años de prisión emitida en su contra en 2014.
Tras aceptar su responsabilidad en los delitos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 56 meses de prisión (cuatro años y medio) al exgobernador de Casanare, William Hernán Pérez Esquivel por incrementar injustificadamente su patrimonio en 143 millones de pesos.
Según los hechos materia de investigación el entonces mandatario departamental (2001-2003) no pudo explicar ni demostrar el origen de los recursos que incrementaron notablemente su patrimonio económico.Pese a que era conocida su actividad como ganadero en la zona nunca presentó un sustento frente al notable incremento.
Igualmente Pérez Esquivel no pudo justificar el crecimiento del número de cabezas de ganado de su propiedad. Según los documentos recolectados se señala que en ningún momento se pudo probar que sus ingresos se derivaran de sus actividades en la ganadería. Esto se desprende de las declaraciones de renta presentadas entre los años 2001 y 2005.
“Se advierte que el incremento de los inventarios en materia de ganado no obedeció exclusivamente a nacimientos sino a compras, sin que explicara el origen de los recursos empleados con dicha finalidad, pues cierto es que los ingresos percibidos, por todo concepto, no eran suficientes para enjugar dichas adquisiciones”, señala el fallo.
El exgobernador fue condenado en julio de 2014 por la Corte Suprema de Justicia a 8 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de terceros, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.
Esto por favorecer con un millonario contrato a unos concejales del municipio de San Luis de Palenque en ese departamento. El entonces gobernador otorgó un contrato por 308 millones de pesos a personascercanas a un grupo de concejales para electrificar dos veredas del municipio de San Luis en septiembre de 2002. A cambio de esto el contratista debía financiar la campaña de Tirso Vega Ramírez a la alcaldía de ese municipio.
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