PERIÓDICO EL TIEMPO, 1 de agosto de 2016. Corte Suprema de Justicia ordena que se garantice el acceso a alimentos, agua potable y salud.Los niños wayús se mueren por falta de alimento, agua potable y por el precario sistema de atención en salud. En esta comunidad indígena de La Guajira los más pequeños calman la sed con agua de lluvia y engañan el hambre con chicha de maíz, o en el mejor de los casos con algunos granos y bienestarina. En el 2015, murieron 37 menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición. Este año ya van 41.

Ante este panorama, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia de la República diseñar, coordinar y ejecutar un plan de emergencia eficaz que dé solución integral y definitiva a las dificultades de desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayú en ese departamento.

La decisión se dio tras modificar parcialmente una tutela mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha ordenó adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los menores.

“La población indígena wayú viene afrontando en los últimos tiempos una situación calamitosa, que afecta particularmente y de forma generalizada a los niños, niñas y adolescentes como población más vulnerable, causándoles serias afecciones a la salud relacionadas con procesos de deshidratación y desnutrición, que en los casos más graves ha significado incluso la muerte”, se lee en el mencionado fallo.

En 15 días, el Gobierno deberá entregar un plan detallado, dirigido a asegurar la disponibilidad de calidad y cantidad de alimentos que requieren los niños, así como la accesibilidad y calidad de los servicios de salud, y el acceso al agua potable y salubre, de forma sostenible y suficiente.

Sobre el abastecimiento de agua, se le ordenó al Ministerio de Ambiente desarrollar acciones tendentes a prevenir el riesgo ecológico de la desaparición de las fuentes hídricas de esa región para proveer el acceso al agua potable, y al Ministerio de Agricultura desarrollar propuestas “para la optimización del desarrollo del sector agropecuario, pesquero y rural, comoquiera que parte del arreglo de la problemática presentada no es solamente brindar alimentos, sino parejamente posibilitar el hallazgo y mejoría en los procesos que se necesitan para su permanente obtención”.

Además, el Gobierno deberá establecer los mecanismos idóneos para la identificación de casos de desnutrición para una intervención inmediata. En ese sentido, la Corte ordena iniciar la creación de un sistema de información que contenga una base de datos en la que se identifique cuántos y cuáles son los menores pertenecientes a estas comunidades y cuál es su situación individual frente a los riesgos de desnutrición y enfermedades.

Para tal fin, el tribunal ordena que se haga un censo, contando en lo posible con sistemas de digitalización de huella o similares, que permitan una depuración de esta población, su identificación y registro.

En diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger a los niños y niñas de la comunidad wayú y le ordenó al Gobierno garantizar acceso a la salud, agua potable y alimentos. Según el tribunal, en ocho años habrían muerto a 4.770 niños de esa comunidad indígena.

La Corte reconoce que el Gobierno adelanta en la región un plan que busca superar la crisis, y cumplir con lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aclara que el fallo en mención busca “reiterar lo solicitado por la CIDH, pero esta vez como medida de amparo de raigambre constitucional, precisando, eso sí, que las órdenes aquí expedidas se limitarán a la protección de los niños y niñas wayús, lo que no es óbice para que se hagan extensivas a los adolescentes pertenecientes a la misma comunidad”.

Además, se ordena a la Presidencia rendir mensualmente un reporte de las gestiones adelantadas a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.