Bogotá, D.C., sábado 15 de mayo de 2021. En todos los momentos de la vida de una Nación, los ataques contra la justicia levantan los mayores obstáculos para la resolución de los conflictos. En las actuales circunstancias del país, ningún colombiano debe perder de vista que en la indemnidad y fortaleza del valor–función de la justicia radica la efectividad de las obligaciones del Estado y los ciudadanos, y las garantías, libertades y derechos fundamentales de las personas.
Frente al claro y peligroso desborde de este límite constitucional, la Corte Suprema de Justicia rechaza categóricamente el atentado y destrucción de la sede de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal en Popayán. El saqueo y pérdida de pruebas y evidencias forenses que allí reposaban contribuye a la impunidad, no a la lucha contra la injusticia y la vulneración de los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia llama a la solidaridad nacional e internacional para salvaguardar la función de la Fiscalía General de la Nación. Alienta a esta institución a elevarse sobre las dificultades, para seguir adelante en la urgente misión de combatir el delito y esclarecer, con prontitud y certeza, episodios tan lamentables para el país como las muertes trágicas de la menor de 17 años de edad y el joven Sebastián Quintero Múnera, ocurridas en medio de la confusión de orden público en el Cauca.
Sin justicia estamos condenados al caos y a la barbarie. La violencia es inaceptable como forma de expresión. Las instituciones judiciales son puentes de la sociedad para resolver democráticamente sus conflictos. Individualmente considerados y colectivamente e institucionalmente organizados, los colombianos estamos frente al desafío histórico de aportar soluciones, responsabilidad, serenidad y disposición de diálogo.
Luis Antonio Hernández Barbosa
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
