Fiscal que ordenó interceptar ilegalmente a dos colegas fue condenada por la Sala De Casación Penal

Foto: Corte Suprema de Justicia

Bogotá D. C., martes 17 de noviembre de 2026. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Pereira, que había absuelto de todos los cargos a una fiscal de la Unidad Regional Antinarcóticos de esa ciudad, y la condenó por los delitos de prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones. Además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

En 2019, la funcionaria ordenó interceptar dos líneas telefónicas con fundamento en la información atribuida a una fuente humana no formal, según la cual funcionarios de la Fiscalía suministraban información reservada a integrantes de la organización criminal «Cordillera». Las líneas pertenecían a dos fiscales que adelantaban investigaciones contra organizaciones delincuenciales de la región, circunstancia que la procesada conocía desde que dispuso la medida.

Además, uno de los fiscales interceptados adelantaba una investigación contra el grupo delincuencial «Zombis II», al que pertenecía una mujer con quien la fiscal mantenía una amistad íntima. La funcionaria reconoció esa relación al declararse impedida cuando la investigación se reasignó a su despacho, circunstancia que la Corte valoró como un elemento contextual junto con las demás pruebas.

Al examinar ese escenario, la Corte estableció que la acusada no corroboró la información de la fuente ni verificó la identidad de los titulares de las líneas, a pesar de su experiencia y al conocimiento especializado que tenía como coordinadora de la unidad. Además, asumió una investigación por cohecho propio para la cual carecía de competencia. La valoración conjunta de esas circunstancias y de las inconsistencias documentales permitió concluir que profirió la orden sin motivos fundados y se apartó de manera consciente y manifiesta de las exigencias legales.

Posteriormente, aquella ordenó el archivo de la actuación por inexistencia del hecho investigado. Para sustentar esa decisión, afirmó que la investigación se adelantaba por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, cuando su objeto era establecer la posible comisión de cohecho propio; atribuyó las líneas interceptadas a un integrante de «Cordillera», aunque pertenecían a los dos fiscales, y señaló que no había sido posible identificar a las personas involucradas.

La Sala concluyó que esas afirmaciones alteraron conscientemente los antecedentes de la investigación y sirvieron de fundamento a una decisión manifiestamente contraria a la ley. Como la funcionaria las incorporó al resolver el asunto, y no en ejercicio de una función certificadora, los hechos configuraron prevaricato por acción.

Así, mantuvo la absolución por la falsedad atribuida a la constancia de entrevista, pues la Fiscalía no acreditó que la fuente fuera inexistente ni que la diligencia hubiera sido falsa. También confirmó la absolución por el prevaricato atribuido a las solicitudes de legalización de las interceptaciones, ante la falta de pruebas que permitieran establecer las manifestaciones concretas de la acusada en esas audiencias. En cuanto a la violación ilícita de comunicaciones, la Corte encontró acreditado que la procesada ordenó y permitió la interceptación sin una orden constitucionalmente válida.

Finalmente, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue por qué las líneas permanecieron activas en el sistema de monitoreo después del 12 de abril de 2019, a pesar de la orden judicial de cancelación.

Contra esta decisión procede el mecanismo de impugnación especial.

Consulte la sentencia SP598-2026.