Corte Suprema de Justicia
INFORMATIVO DE VICEPRESIDENCIA No. 380
OCTUBRE 2026
JURISPRUDENCIASentencias de Constitucionalidad.
La información que se consigna sobre las sentencias es obtenida en los Comunicados de Prensa publicados por la Corte Constitucional, para el mes de octubre de 2026.
SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD
Literal c) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.
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3. Síntesis de los fundamentos
La Corte Constitucional analizó si la “vejez extrema”, prevista en el literal c) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989 como causal autónoma de sacrificio animal, era compatible con el deber constitucional de protección de los animales como seres sintientes. La Sala recordó que la Constitución ecológica impone deberes de protección respecto de la fauna y que la evolución de la jurisprudencia constitucional ha ampliado progresivamente esos ámbitos de protección, de manera que cualquier medida que autorice una afectación grave de la vida o el bienestar de los animales debe contar con una justificación constitucional suficiente.
Al examinar el alcance de la disposición, la Corte advirtió que los literales a) y b) del mismo artículo ya regulaban los supuestos asociados al sufrimiento intenso, la enfermedad grave e incurable, las lesiones irreversibles y la pérdida funcional. Por ello, concluyó que la “vejez extrema” constituía una causal autónoma que permitía poner fin a la vida de un animal por su edad avanzada, sin exigir una condición objetiva de sufrimiento, enfermedad o deterioro irreversible. Asimismo, constató que esa expresión carecía de parámetros jurídicos, técnicos o científicos suficientes para determinar objetivamente cuándo un animal se encontraba en tal condición. La evidencia científica aportada al proceso mostró que el envejecimiento varía entre especies e individuos y que la edad cronológica, por sí sola, no permite establecer la existencia de sufrimiento o pérdida de bienestar.
La Sala destacó especialmente que la edad avanzada constituye una condición de vulnerabilidad que intensifica, en lugar de disminuir, los deberes de asistencia, cuidado, solidaridad y protección de los seres humanos frente a los animales. En esa medida, la lógica de la Constitución ecológica exige que el aumento de la dependencia y fragilidad asociado al envejecimiento conduzca a reforzar su protección. La disposición demandada producía el efecto contrario, pues convertía esa misma vulnerabilidad en una razón jurídicamente suficiente para poner fin a la vida del animal y facilitaba que sus responsables eludieran los deberes de cuidado precisamente en una etapa en la que estos adquieren mayor relevancia.
Para evaluar la constitucionalidad de la medida, la Corte acudió a un juicio intermedio de proporcionalidad. Al examinar el primer paso del juicio, la Sala no encontró una finalidad constitucionalmente importante que justificara el sacrificio de un animal, pues la edad avanzada no implica necesariamente riesgos para la salud pública, el ambiente o el bienestar del propio animal. Por el contrario, consideró que convertir la ancianidad en fundamento autónomo para terminar su vida resultaba regresivo frente a la evolución constitucional hacia mayores niveles de protección animal. En consecuencia, al no superarse este primer paso del juicio de proporcionalidad, no fue necesario avanzar en sus etapas posteriores para concluir la oposición de la medida a la Constitución.
En consecuencia, la Corte concluyó que la causal de sacrificio por “vejez extrema” era incompatible con la Constitución porque la edad avanzada no constituye una justificación constitucional suficiente para poner fin a la vida de un ser sintiente, la expresión carecía de determinación normativa y científica suficiente y, especialmente, desconocía el deber de protección reforzada que la Constitución ecológica proyecta sobre los animales en condición de vulnerabilidad. Por estas razones, declaró inexequible el literal c) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989.
4. Aclaración de voto
El magistrado Carlos Camargo Assis aclaró su voto frente a la decisión adoptada en este asunto. Si bien acompañó la declaratoria de inexequibilidad del literal c) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989, que autorizaba el sacrificio de animales no destinados al consumo humano “por vejez extrema”, consideró necesario precisar algunos de sus fundamentos y, en particular, la forma en que debía examinarse la alternativa de la interpretación conforme.
Destacó que comparte la reconstrucción de la Constitución ecológica y el reconocimiento de los animales como seres sintientes, así como la premisa central de la decisión, a saber, que la sola edad de un animal no es una razón constitucionalmente suficiente para poner fin a su vida. No obstante, advirtió que el reproche de la sentencia recae sobre una de las lecturas posibles de la norma, la que permitiría el sacrificio por el mero paso del tiempo, pero no sobre la única. Recordó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Universidad de Antioquia, la Asociación Colombiana e Iberoamericana para la Ciencia del Bienestar Animal (ACICBA) y la Procuraduría General de la Nación propusieron condicionar la causal, y que el principio de conservación del derecho exigía explicar por qué esa alternativa era insuficiente antes de retirar la disposición del ordenamiento.
Agregó que la indeterminación de la expresión “vejez extrema” podía superarse con los elementos que ofrece el propio ordenamiento, conforme a la regla fijada en la Sentencia C-910 de 2012, según la cual un concepto abierto es constitucional cuando su indeterminación puede ser “superada y disuelta”. A su juicio, el sentido de dicha expresión podía determinarse a partir del encabezado del artículo 17, que prohíbe la crueldad, el sufrimiento y la prolongación de la agonía; los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 84 de 1989, que presumen cruel la muerte innecesaria de un animal; la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes, y el artículo 19 de la Ley 576 de 2000, que somete la eutanasia al criterio del médico veterinario. Además, la evidencia científica aportada al proceso -la valoración individual del dolor, la movilidad, la funcionalidad, el deterioro cognitivo y la calidad de vida- ofrecía parámetros objetivos para aplicarla.
Adicionalmente, el magistrado precisó que la inexequibilidad declarada no impide la eutanasia de animales en edad avanzada cuando su envejecimiento esté asociado a un deterioro irreversible de la salud, a un sufrimiento significativo o a una pérdida grave de calidad de vida. Explicó que estos supuestos continúan cubiertos por los literales a) y b) del artículo 17 y deben acreditarse mediante una valoración clínica individual realizada por un médico veterinario. En esa medida, consideró que la decisión debe entenderse como la exclusión de la edad como razón autónoma para el sacrificio, y no como una prohibición de las intervenciones humanitarias que la ciencia veterinaria admite al final de la vida del animal.
Por último, el magistrado señaló que la efectividad de esta decisión depende de que los propietarios, los tenedores y los médicos veterinarios asuman los deberes reforzados de cuidado que exige la etapa de mayor fragilidad de los animales, y de que las autoridades competentes vigilen que las decisiones eutanásicas respondan a criterios clínicos objetivos. De este modo, la protección de los animales en la vejez no se limita a impedir su sacrificio por la sola edad, sino que comprende la garantía de su bienestar hasta el final de su vida”.
Expediente D-17.274. Sentencia C-336-26. Magistrado Ponente: Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Comunicado 32. 14 y 15 de octubre de 2026.
Artículo 300 de la Ley 2452 de 2025, “por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
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3. Síntesis de los fundamentos
La Corte conoció una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 300 de la Ley 2452 de 2025, “por la cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”, porque, a juicio del actor, debió tramitarse mediante ley estatutaria, en la medida en que regula de manera íntegra, estructural y directa el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al instituir el mecanismo judicial para obtener el reintegro, con lo cual desconocería el literal a) del artículo 152 de la Constitución.
Superada la aptitud de la demanda, la Sala Plena se preguntó si el artículo 300 de la Ley 2452 de 2025, mediante el cual se extiende el procedimiento de fuero sindical, establecido en los artículos 293 a 297 de la misma ley, a los asuntos en los que se pretenda el reintegro del trabajador en atención a la estabilidad laboral reforzada por maternidad, que incluye al cónyuge, pareja, compañero o compañera permanente cuando no tengan un empleo formal, estén en situación de discapacidad, prepensión, acoso laboral y circunstancial, viola el artículo 152 de la Constitución Política al desconocer la reserva de ley estatutaria.
La Corte recordó que la reserva de ley estatutaria es excepcional y taxativa en los términos expresamente previstos por la Constitución, por lo cual debe interpretarse restrictivamente, atendiendo al contenido material de la norma y no a su nombre o ubicación. Solo se aplica cuando la disposición regula integral y estructuralmente un derecho fundamental, afecta su núcleo esencial o sus elementos esenciales, o establece un mecanismo constitucional indispensable para protegerlo. Por ello, la sola relación de una norma con un derecho fundamental, su carácter instrumental o la regulación de un procedimiento no bastan para exigir ese trámite.
En materia procesal, precisó que la regulación de los procedimientos judiciales ordinarios corresponde, por regla general, al legislador ordinario, incluso cuando esos trámites contribuyen a hacer efectivos derechos fundamentales, pues forman parte de la materia propia de los códigos. La reserva de ley estatutaria solo se activa cuando la norma establece la estructura básica de uno de tales mecanismos, regula de forma integral un procedimiento o recurso dirigido al amparo de los derechos fundamentales, siempre que se trate de un medio necesario e indispensable para asegurar su conservación; diseña o impacta un mecanismo de defensa de un derecho fundamental; o contiene aspectos trascendentales de la estructura y funcionamiento de los medios previstos para salvaguardar esos derechos, incluidos el régimen de competencias y el trámite de las medidas cautelares. También opera cuando, por medio de la regulación del procedimiento, se regula el derecho fundamental de forma integral, sistemática y completa o se afecta su núcleo esencial. Fuera de esos supuestos, los procesos judiciales pueden ser regulados por ley ordinaria, aunque tengan relación con derechos fundamentales.
Reiteró que el Legislador ordinario cuenta con un amplio margen para regular los procesos judiciales, las competencias y los términos de prescripción, siempre dentro de los límites constitucionales y aclaró que como la prescripción extingue la acción y no el derecho sustancial, establecer el plazo para ejercer la acción de reintegro no determina el contenido de ese derecho. Por ello, reconoció que dicha acción puede ser modificada, delimitada o incluso suprimida por una ley ordinaria.
Respecto de la estabilidad laboral reforzada recordó que es un derecho fundamental que desarrolla los principios de igualdad y no discriminación, y protege a quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Sus distintas formas de protección, como los fueros de maternidad, discapacidad, prepensión, acoso laboral y circunstancial, han sido reguladas mediante leyes ordinarias y precisadas por la jurisprudencia constitucional, y cada una mantiene su propio régimen sustantivo. En cuanto al reintegro indicó que es una consecuencia restitutoria y un mecanismo para proteger ese derecho, pero no se confunde con el derecho sustancial. Por ello, regular el procedimiento para solicitarlo no equivale, por sí solo, a regular el contenido del derecho fundamental.
Al analizar la disposición acusada, explicó que el artículo 300 de la Ley 2452 de 2025 establece tres reglas: (i) remite las pretensiones de reintegro por estabilidad laboral reforzada a un procedimiento preferente y sumario; (ii) fija un plazo de prescripción de dos años para ejercer las acciones, contado desde la terminación del contrato; y (iii) dispone que las pretensiones indemnizatorias se tramitan por el proceso ordinario y se sujeten al término general de prescripción.
La Corte concluyó que estas reglas tienen carácter procesal e instrumental: organizan el trámite judicial, pero no crean ni definen el derecho a la estabilidad laboral reforzada y que sus titulares, garantías, requisitos y consecuencias sustantivas siguen regulados por sus respectivas fuentes legales y jurisprudenciales. Aclaró que la norma tampoco altera el núcleo esencial del derecho, ni modifica los presupuestos sustantivos del reintegro. Además, que el trámite preferente puede favorecer la protección efectiva de quienes reclaman esa garantía.
La Corte indicó que la disposición tampoco establece un mecanismo constitucional de protección directa e indispensable, como la tutela o el hábeas corpus, ni modifica la estructura de esos mecanismos y que el proceso de reintegro es una vía ordinaria de reclamación, y su regulación no impide acudir a la tutela cuando se cumplan sus requisitos.
En consecuencia, consideró que la regulación dispuesta en el artículo 300 es un ejercicio legítimo de la facultad del legislador ordinario para establecer procedimientos y términos, que no vulnera la reserva de ley estatutaria, porque no regula integralmente la estabilidad laboral reforzada, no afecta su núcleo esencial ni configura un mecanismo indispensable para proteger derechos fundamentales. La norma determina un cauce procesal común para ciertas pretensiones de reintegro, sin unificar los regímenes sustantivos propios de cada modalidad de estabilidad reforzada”.
Expediente D-17.082. Sentencia C-352-26. Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar. Comunicado 33. 28 de octubre de 2026.

