Ocho años de la Sala Especial de Primera Instancia: rigor, transparencia y confianza en la administración de justicia

Bogotá D. C., martes 21 de julio de 2026. La magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, presidenta de la Sala Especial de Primera Instancia, afirmó que los primeros ocho años de funcionamiento de esta Sala han estado marcados por la austeridad, la transparencia y el compromiso con la administración de justicia, factores que han contribuido a fortalecer la confianza de la ciudadanía.
La Sala lleva en juicio procesos de la Ley 600 de 2000 y la Ley 904 de 2004 y conoce procesos que llegan de la Sala Especial de Instrucción, de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La Sala fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2018 conformada por tres magistrados que abrieron una nueva etapa de la justicia en Colombia para garantizar los derechos a la doble instancia y la impugnación de la primera sentencia condenatoria para los aforados constitucionales.
El 18 de julio de 2018 inició el trabajo de los electos magistrados Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas. Luego se posesionó el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera. Tras la renuncia de Marín Vásquez fue elegida y llegó a la Sala Blanca Nélida Barreto Ardila, la primera mujer en ocupar el cargo.
Logros que fortalecen la justicia
Han sido ocho años de trabajo con rigor, compromiso social, transparencia y eficiencia en la administración de justicia. Durante la rendición de cuentas se conocieron algunas cifras que evidencian el avance en las investigaciones adelantadas por esta instancia.
Al inicio de su gestión la Sala de Primera Instancia recibió 137 procesos recibidos de la Sala de Casación Penal: 66 de Ley 600, 46 procesos por Ley 906 y 25 procesos con preclusión.
De los procesos que llegaron el mayor número es contra gobernadores (73), congresistas (19) y servidores judiciales (33).
Entre 2018 y lo corrido de 2026 ingresaron a la Sala 522 procesos de los cuales 161 terminaron con sentencia, 143 en preclusión y 185 están activos. De las 161 sentencias: 80 terminaron en condena, 50 en absolución y 31 con un fallo mixto. Se registraron 143 preclusiones.
La Sala entre 2018 y lo corrido de este año ha emitido 8 condenas y siete absoluciones contra servidores públicos, 29 condenas y siete absoluciones de congresistas y seis condenas contra militares y altos mandos de la Fuerza Pública.
En ese mismo periodo la Sala realizó 1.908 audiencias, incluso durante la pandemia no se paralizaron las actividades y se cumplieron virtualmente las diligencias, realizando en 2020 un total de 190 audiencias.
Entre 2018 y 2026 el mayor número de los gobernadores procesados incurrió en los siguientes delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales (50), peculado (39), falsedades documentales (8) y concierto para delinquir (7).
En el caso de los congresistas incurrieron en su mayoría en delitos como: concierto para delinquir (13), interés indebido en la celebración de contratos (9), peculado (7) y cohecho (6).
En cuanto a los servidores judiciales incurrieron en delitos como prevaricato por acción (10), cohecho (9), prevaricato por omisión (8) y en falsedades documentales (3).
La Sala ha fallado en temas de corrupción asociada a casos como el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá, irregularidades en contratos para dotación escolar en Chocó, corrupción judicial en Boyacá, irregularidades en el manejo de recursos del Programa de Alimentación Escolar (Pae), y ha tomado decisiones de fondo en casos de perspectiva de género y valoración probatoria sin estereotipos entre otros.
