Bogotá D. C., lunes 16 de febrero de 2026. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia multó a un abogado por temeridad procesal, al comprobar que tanto la demanda de sustentación de un recurso extraordinario de revisión como en la subsanación “comparten una anomalía grave y sistemática: incorporan transcripciones inexactas de textos legales y referencias jurisprudenciales apócrifas”, generadas por un programa de inteligencia artificial, utilizado para agilizar la contestación y trámites de los procesos.

“Las irregularidades descritas comparten un mismo patrón: enunciados objetivamente falsos, revestidos de corrección sintáctica, verosimilitud formal y tono categórico. Esa combinación de inexactitud y apariencia de rigor es consistente con el fenómeno conocido como alucinaciones de los sistemas de Inteligencia Artificial generativa, origen que, dicho sea de paso, el propio autor de los memoriales reconoció explícitamente”, precisó la Sala al señalar que el abogado omitió el deber de verificación de la autenticidad y exactitud de las normas invocadas.

Indicó que la temeridad, en el contexto del proceso, designa la conducta de quien litiga sin la seriedad y lealtad mínimas exigibles, ya sea por dolo, cuando actúa a sabiendas de la carencia de fundamento de su pretensión o defensa, introduce conscientemente premisas falsas o instrumentaliza el proceso para fines ilegítimos; o por culpa grave, cuando procede con negligencia inexcusable frente a los presupuestos fácticos o jurídicos de su actuación, omitiendo verificaciones elementales que habrían revelado la inviabilidad o falsedad de lo alegado.

Explicó la Sala que el abogado tras ser confrontado con la falsedad de sus fuentes radicó una subsanación que incorporó cuatro nuevas citas apócrifas y tergiversó el texto de la ley. “Ello revela que, aun después de la advertencia expresa de la Corporación, el apoderado mantuvo el mismo proceder: delegar la fundamentación jurídica a un sistema automatizado sin verificar la autenticidad de lo generado. No se trata, por tanto, de un descuido aislado, sino de un patrón de conducta que evidencia desatención deliberada al deber de verificación”.

Por este agravante la Sala impuso al apoderado una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes y compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

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