Bogotá D. C., viernes 27 de febrero de 2026. Concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias son los principales delitos por los que han sido condenados por la Sala Especial de Primera Instancia integrantes del Congreso de la República.

Desde la creación de la Sala con el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018 y su entrada en funcionamiento el 18 de julio de 2018, sus tres magistrados han proferido 34 sentencias contra integrantes del legislativo, siendo la última la condena a 8 años de cárcel contra el excongresista Efraín Torrado García por su responsabilidad en el llamado ‘carrusel de la contratación en Bogotá’.

A punto de cumplir los ocho años de su entrada en vigencia y de acuerdo a las Leyes 412 de 1997 y 970 de 2005 aprobatorias de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, respectivamente, así como de lo dispuesto en los artículos, 3° de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones), y 14 del Código de Procedimiento Penal-Ley 600 de 2000, la Sala Especial de Primera Instancia inicia el proceso de rendición de cuentas de su gestión, de cara a la ciudadanía.

Esta primera entrega estará delimitada a los procesos adelantados en contra de congresistas, provenientes tanto de la Sala de Casación Penal (antes de la implementación del referido Acto Legislativo de 2018), así como los resultantes de las resoluciones de acusación proferidas por la Sala Especial de Instrucción. De acuerdo con las sentencias emitidas contra legisladores un alto porcentaje de los procesos está vinculado con comportamientos atentatorios del bien jurídico de la seguridad pública (concierto para delinquir); seguido de los delitos contra la administración pública relacionados con la contratación estatal o derivados de ella (interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación).

Igualmente se juzgaron otros delitos como tráfico de influencias, cohecho, concusión y prevaricato. Además, ilícitos lesivos de los mecanismos de participación democrática o delitos electorales, seguidos de aquellos que atentan la fe pública (falsedades), también los que van en contra del orden económico y social (lavado de activos), afectan la eficaz y recta impartición de justicia (fraude procesal), y otros punibles atentatorios de bienes jurídicos personalísimos, como la integridad moral (injuria), la vida (homicidio), la libertad integridad y formación sexuales (acto sexual violento), entre otras infracciones penales.

En la Sala hay actualmente 55 procesos activos contra congresistas o excongresistas.

La próxima entrega de información abarcará los procesos adelantados contra los gobernadores de los departamentos de Colombia, en los cuales ya se ha emitido condena y los que aún se encuentran activos en esta Colegiatura.

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