Bogotá D. C., jueves 17 de julio de 2025. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena proferida por la Sala Especial de Primera Instancia contra los exgobernadores de Putumayo Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Carlos Alberto Palacios Palacio y Renzo Alfonso León Vargas.

Belnavis Barreiro y Palacios Palacio fueron condenados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales y León Vargas por peculado por apropiación. La Sala ordenó la captura de los exmandatarios.

El proceso está relacionado con las irregularidades en la firma y desarrollo de un convenio entre la Gobernación de Putumayo y la Secretaría Ejecutiva de la organización Convenio Andrés Bello (Secab), cuyo objeto fue la «Cooperación y asistencia para coadyuvar a la gestión de programas y proyectos viables, tanto de los diferentes sectores del Plan de Desarrollo Departamental, como otros que propendan por el fortalecimiento institucional de la Gobernación del Departamento del Putumayo».  En concreto se trataba de asistencia técnica para obras de infraestructura en los municipios de Santiago, Colón, Sibunday, San Francisco, Mocoa, Puerto Leguizamo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel.

Posteriormente, pese a que se habían generado incumplimientos por parte de Secab se autorizaron los pagos a ese organismo internacional.

Para la Sala los procesados, que participaron en distintas etapas desde la firma del convenio hasta la orden de hacer los pagos, sabían de las irregularidades y de hecho dieron instrucciones para dar apariencia de legalidad a esos actos administrativos.

“Lo expuesto anteriormente no solo pone en evidencia que el Convenio Marco y la Carta de Acuerdo 001 de 2005 fueron tramitados y celebrados de manera irregular, sino que también permite acreditar el grado de participación señalado en la sentencia y por el cual fue acusado el procesado en cuestión. Está probado que, para llevar a cabo su cometido, Fabián Alfonso Belnavis Barreiro requirió el apoyo de diversas personas, quienes, desde sus competencias, aportaron lo necesario para seguir adelante con el proceso de contratación directa con la Secab”, se lee en la sentencia.

De acuerdo con las evidencias, para conseguir su propósito criminal los procesados desplegaron un modus operandi recurriendo a la Secab y acordando que esa organización internacional aportaría algunos recursos para la ejecución del Convenio Marco y, con ello, se eludieron los postulados de la Ley 80 de 1993 para contratar de manera directa.

Ver la sentencia: https://acortar.link/w9ivei