Bogotá D. C., viernes 3 de julio de 2026. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez por concusión en la modalidad continuada en concurso homogéneo.

Le impuso una pena de 144 meses y 1 día de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 116 meses y 29 días y multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria. Se librará la orden de captura una vez adquiera firmeza la sentencia, a fin de que cumpla la pena que le fue impuesta, en el establecimiento que señale el INPEC.

Igualmente se ordenó el pago de los perjuicios ocasionados a las víctimas Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.
La excongresista Cabello de acuerdo con la investigación, solicitó en forma mensual a Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes, integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), la devolución de un porcentaje de su salario, para lo cual se valió de la participación de tres de sus colaboradores.

“Cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento”, se lee en la sentencia.

Y añade que con el fin de obtener beneficios abusó de la función pública y ocasionó un grave daño a la administración pública “pues minó profundamente la confianza de la comunidad en el Congreso de la República, institución considerada como un baluarte de la democracia”.

En la decisión se compulsaron copias a la Fiscalía para que se investigue a la excongresista por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza.

Ver la sentencia: SEP 099-2026