Bogotá, D.C., miércoles 19 de abril de 2023. Con la actual infraestructura, capacidad e idoneidad del sistema judicial colombiano, es innecesaria la creación e implementación de una nueva Corte Agraria y Rural, para cubrir la urgencia de una justicia especializada que dirima los conflictos del uso, tenencia y propiedad de la tierra en el país.
Así lo reiteró hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, al insistir al Congreso de la República en la necesidad de los ajustes al Proyecto de Acto Legislativo 173 de 2022/Cámara – 035 de 2022/Senado, presentados la semana pasada con el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
Como se recuerda, en una carta enviada al presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y a los ponentes de la iniciativa por medio de la cual “se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural”, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas; y del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, formularon la propuesta de implementación de una Jurisdicción Agraria Rural, sin necesidad de crear otra Corte Agraria, cuyas funciones ya ejerce y cumple la Sala de Casación Civil y Agraria del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
En la comunicación, en la que hicieron sus observaciones sobre el Proyecto de Acto Legislativo, los representantes de la Rama Judicial resaltaron el compromiso de la justicia con la transformación estructural del campo y con el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo Final de Paz.
Para hacerlo de una forma pronta y oportuna, y reconociendo que el país se encuentra en mora de poner en marcha un sistema especial de justicia para la resolución de los conflictos del campo referidos a la tierra, las Altas Cortes propusieron la puesta en marcha de una Jurisdicción Agraria Rural que tenga una base judicial sólida de juzgados y tribunales especializados que se dediquen a dirimir exclusivamente estos conflictos.
“Por lo tanto, la reforma constitucional en trámite en el Congreso de la República debe centrarse en disponer la creación amplia y suficiente de cargos de jueces y magistrados agrarios y rurales. Este es el eje del cambio. Esta es la única forma de dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria y Rural requerida por los habitantes de la mayor parte del territorio nacional, azotados por la violencia y la problemática de la tierra”, señala la comunicación.
Por ello, las Altas Cortes consideran que es innecesario crear una Corte Agraria y Rural como la que propone el proyecto de Acto Legislativo, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado pueden cumplir sus funciones como órganos constitucionales de cierre, como ya lo vienen haciendo: en el caso de conflictos particulares, a través de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia; y cuando son conflictos administrativos, a través del Consejo de Estado.
“Este ajuste en el proyecto remueve los obstáculos temporales, logísticos, económicos y financieros que conllevaría para el país, una nueva Corte Agraria y Rural. En consecuencia, la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales ofrece la respuesta judicial eficaz y efectiva adecuada al compromiso de justicia agraria”, concluye la comunicación.
