Autor: SCL_Relatoría Laboral

SL464-2023 

«[…] le corresponde a la Sala determinar si el juez colegiado incurrió en error al considerar que lo expresado por el actor constituía comentarios o afirmaciones graves, falsas, delicadas, malintencionadas y que afectaron los intereses sociales, prevista como causal de exclusión, y no haber apreciado el contexto en que fueron emitidos dichos comentarios que realmente constituían una expresión de inconformismo dada su calidad de asociado frente a la gestión y manejo de recursos por parte de los directivos de la Cooperativa accionada.

Como la parte recurrente asegura que tales expresiones no corresponden a la naturaleza descrita en el literal l) del artículo 15 de los estatutos por lo que no justifican su exclusión, y, además, que el Tribunal ha debido analizarlas en el contexto de las circunstancias que se presentaban en la cooperativa para el momento en que fueron emitidas, se impone valorar los elementos demostrativos denunciados como no apreciados y valorados con error, siguiendo la línea de tiempo en que se desataron los hechos objeto de este análisis, poniendo de presente de manera preliminar y necesaria, los términos en que la demandada dio por finalizado dicho nexo contractual, así:

1. Comunicación de exclusión del actor de la CTA.

Mediante misiva del 17 de noviembre de 2015, vista a folios 49 a 59, el presidente y secretario del Consejo de Administración de Coopevian le comunicaron a Elber de Jesús Guzmán Ríos que dicho ente cooperativo había decidido «aplicar la medida de retiro de la Cooperativa, bajo la modalidad de exclusión».

De estos elementos demostrativos, lo que la Sala aprecia es que, efectivamente, el Tribunal no tuvo en cuenta estos documentos, lo que le habría permitido conocer si la Cooperativa demandada atendió o no la petición de sus asociados, y que, según la respuesta suministrada por el ente cooperativo, permiten apreciar de manera evidente que los solicitantes no obtuvieron una respuesta de fondo y completa frente a los requerimientos de ellos, entre quienes estaba, el demandante, de hecho, no les suministró la documentación o información solicitada de manera completa.

2.3. Cinco días después de obtenida dicha contestación, el demandante emitió un mensaje de audio en un grupo de chat de whatsapp integrado por asociados de la cooperativa, tal como lo admite en la diligencia de descargos, y no se discute en sede extraordinaria. Según el informe al que se alude en la carta de exclusión, ello ocurrió el 27 de septiembre de 2015.  En el audio cuestionado expresó lo siguiente:

“Compañeros buenas noches, buenas noches para todos, deseándoles que estén muy bien compañeros.

Es muy importante seguir con la recolección de firmas toda esta semana, ya para el próximo fin de semana vamos a empezar a recoger domingo, lunes, vamos a empezar a recoger las hojas, las planillas ya diligenciadas como estén, para ver si empezamos a agilizar eso de la asamblea general por asociados, de todas maneras como dice el compañero Javier esta gente no tiene voluntad de nada, esta gente está igual o van a estar peor de los otros, los otros a lo menos tenían determinación para robar o lo que sea, estos como que se van a dejar manipular este nuevo consejo como que se van a dejar manipular de Carlos Corredor y de Johana y de los demás supervisores, y de este señor Juan Diego Vergara, de Edwin, todas esas bellezas allá creen que es que la empresa es de ellos, siguen con las mismas, siguen igual, este consejo no tiene nada de voluntad, nada es nada, entonces compañeros, ese cuento viejo de que les vamos a dar una oportunidad y de que van a querer, nada.

Primero niegan todas las solicitudes, todas, y las niegan con un solo comunicado y segundo ya empezaron a perseguir al compañero Juan Carlos Velásquez, que ya lo llamaron a descargos por unas guevonadas ahí, que se están inventando. Entonces ya empezaron a perseguir, enestico (sic) van a mandar a descargos a Javier, van a mandar a descargos a Élber Guzmán, van a mandar a descargos a Hernán, van a mandar a descargos a Efraín, a Miguel, a otra, mejor dicho, ya nos van a empezar a mandar a descargos a todos porque les da la gana  y van a seguir haciendo los procesos disciplinarios como los venían haciendo solamente por sospechas; entonces cual interés de seguir, con que van a estar con la comunidad asociada, ni nada, esta gente son iguales, vienen con la misma calaña, eso aquí no le vamos a comer más cuentecito, que oportunidades y que quieren trabajar, nada, esta gente no quiere ni mierda, esta gente quiere solamente el poder y quieren seguir dilatando cualquier situación, ese cuentecito ya no nos lo vamos a mamar más, ese cuentecito de que una oportunidad y que sigan, nada, ni mierda vamos a hacer lo de nosotros y si nos toca irnos de Coopevian, nos vamos sin ningún miedo, aquí hay gente parada, aquí hay hombres y que respeten, que respeten a toda una comunidad asociada, es  que creen que esto es una empresa privada.

Sigamos recogiendo las firmas esta semana y hasta el fin de semana que viene. Acuérdense de la reunión del lunes, la cual es muy importante a las 2 de la tarde, al frente del edificio inteligente, ahí donde las hemos hechos antes compañeros; para que sepan, ya el compañero Juan Carlos Velásquez, ya lo citaron a descargos, ¿por qué? porque estas bellezas van a seguir igual o peor, ellos nunca se van a querer bajar de esa minita de oro, como dice Matías, en estico (sic) cogemos al mensajero a todos, Carlos Torres que había dicho, que él iba por lo de él, le había dicho a varios compañeros, a un compañero que está incapacitado, a otro por ahí, como se lo había manifestado al compañero Andrés Pinto alguna vez, que él va por lo de él, que él va por su carro, que vaya por su carro y que sigan yendo por lo de ellos, vamos a ver hasta cuando les va a durar esa teta, pero con nosotros no más, se les acabo la minita de oro con nosotros, que respeten”.

La Sala volverá sobre esta prueba, una vez se detallen las siguientes circunstancias hasta el momento en que fue excluido el actor.

Así, su análisis objetivo permite conocer que la cooperativa demandada no atendió cabalmente el derecho de petición expresado por el actor y 25 compañeros más; que fue necesaria la interposición de una acción de tutela para que la CTA respondiera de fondo dicha solicitud y permitiera conocer los documentos sobre el estado financiero y gestión del Consejo de Administración; que de manera inmediata a la interposición de la acción constitucional, el actor es citado a diligencia de descargos; que ese llamado no se hizo únicamente frente al actor, sino también respecto de otros compañeros, por circunstancias similares; que, no solo él sino otro compañero, emitieron mensajes por la red de mensajería whatsapp expresando las molestias o desavenencias frente a la gestión de los órganos directivos del ente asociativo al que pertenecían; que uno de ellos fue sancionado disciplinariamente con suspensión, en tanto que al actor se le aplicó como causal de exclusión, y que, un juez constitucional encontró vulnerado el derecho de petición por lo que emitió la orden respectiva de amparo.

Lo anterior, permite apreciar en detalle las circunstancias en las que el demandante emitió el mensaje de audio, aunado a que, en su opinión, existían otras situaciones que generaban malestar al interior de la cooperativa, como el reiterado y generalizado llamado a descargos, la manera en que la Cooperativa respondía frente a los requerimientos de sus afiliados, lo que explica la razón por la que, las afirmaciones hechas en el audio de whatsapp y censuradas por la CTA, se efectuaran de manera vehemente, emotiva y en momentos poco decorosa, pues se estaba expresando una molestia por circunstancias que a juicio del señor Guzmán Ríos, no se acompasaban con los fines cooperativos, ya que éstos, según lo dijo en su diligencia de descargos, debían propender por salir adelante con buenas administraciones, buscar alternativas para solucionar los problemas y tomar decisiones asertivas.

Si el colegiado hubiera analizado las pruebas que no fueron apreciadas, habría entendido el contexto en el que se emitió el mensaje de audio y la contundencia y el tono empleado en las expresiones del asociado excluido, a pesar de que algunas no fueron del todo decorosas, pero que atendían al contexto en que se pronunciaron. Recuérdese que incluso el actor y un grupo importante de asociados tuvieron que acudir al amparo constitucional, como única alternativa legal y legítima posible, frente a la negativa injustificada de la Cooperativa de suministrarles la información y documentación que les habría permitido ilustrarse sobre la situación real en cuanto al manejo financiero y administrativo del ente cooperativo al que pertenecían.

Debe tenerse en cuenta que la vinculación del actor con Coopevian CTA lo era en calidad de socio del ente accionado, no subordinado, por lo que en verdad le asistía el derecho a vigilar y fiscalizar la gestión de sus directivos, tal como lo prevén expresamente los literales f) y h) del artículo 29 de los estatutos. Y precisamente fue en ejercicio de esta garantía para los asociados que solicitó la información que le permitiese esclarecer a él y a sus compañeros, la manera como se adelantaba el manejo económico y social de la Cooperativa, sin que hubiese obtenido una respuesta satisfactoria.

Esta circunstancia resulta relevante, pues evidencia la causa del reclamo del demandante y de la forma como se expresó en el mensaje de audio cuestionado, y deja entrever una actitud de retaliación por parte de los órganos directivos de Coopevian CTA, ante la intención de vigilar su actuación por parte de sus asociados, entre ellos, el actor. No de otra forma se explica que fuese en medio de la solicitud de información, la respuesta omisiva y la presentación de una acción de tutela para amparar el derecho de petición, que la demandada hubiese iniciado un proceso disciplinario y llamado a descargos al accionante, e incluso a otro asociado, Juan Carlos Velásquez, por comentarios similares, que no se enmarcan en la causal de exclusión invocada; conducta que no es de recibo, pues denota efectos adversos hacia los cooperados cuando tan solo pretendían esclarecer la gestión cooperativa.

Además, no puede perderse de vista que, precisamente el no permitir que los asociados conocieran de primera fuente el manejo administrativo o financiero de la entidad, pudo generar suspicacias o malas interpretaciones, lo que se habría evitado si se hubiera permitido que, en aras de la transparencia en la gestión, todos sus miembros tuvieran acceso al manejo del ente del cual eran asociados. Es evidente que el manejo administrativo o financiero de una entidad, en este caso, de la cooperativa, genere opinión, juicios por parte de quienes la integran, los cuales, pueden ser negativos según los diferentes puntos de vista que tengan quienes fiscalizan su funcionamiento, y, por ende, llevan a expresarse de manera vehemente o impulsiva.

Sin embargo, el criterio o la opinión que se pueda tener de ese manejo, por distante que sea del que tengan sus directivos no puede ser suficiente para elevarlo a la categoría de justa causa de exclusión, ni siquiera calificarlo como malintencionado o falso, como lo hizo el Tribunal. Pues se trata de una opinión inmersa en derecho a la libertad de expresión que caracteriza nuestro Estado social de derecho y uno de los pilares en que se cimenta toda democracia, no de una información, de la que, en cambio, sí puede decirse que pueda ser verdadera o falsa.

En efecto, y retrotrayéndose la Sala al mensaje emitido por el demandante y que, finalmente, causó su exclusión de la cooperativa, del que se dijo por el Tribunal que eran afirmaciones graves, falsas, delicadas, malintencionadas y que afectaron los intereses sociales, se tiene lo siguiente:

1. Mensaje de audio.

Lo primero que se debe precisar, es que este medio de comunicación utilizado por el demandante es una aplicación de mensajería instantánea que funciona a través de teléfonos inteligentes, que permite enviar y recibir mensajes a través de internet. Los usuarios pueden crear listas de distribución y grupos, lo que facilita el intercambio de videos, imágenes, grabaciones, mensajes escritos, notas de voz y contactos. Dichas conversaciones cuentan con un sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo las personas participantes puedan tener acceso a dicha información (CC T 574-2017).

No se discute que los comentarios del actor fueron realizados en un grupo de chat de esta aplicación de mensajería, en la que participaban asociados de Coopevian CTA, y como se dijo, aludían a situaciones propias de la gestión de este ente cooperado. En esa medida, fueron manifestaciones semiprivadas, en razón a su contenido, emitidas en un espacio de igual naturaleza, tal como se explicó en sentencias CC 602-2016 y CC T574-2017.

En efecto, en relación con estas comunicaciones virtuales, la Corte Constitucional ha explicado que al valorarlas se debe tener en cuenta el espacio en que se emiten y la naturaleza de la información, y ha concluido que en tratándose, por ejemplo, de grupos de chat en el ámbito laboral, y en el que se expresan cuestionas propias de este, se trata de comunicaciones semiprivadas, en tanto, «su conocimiento puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general», y el espacio en que se emiten es igualmente semiprivado: «espacios cerrados en los que un conjunto de personas comparten una actividad y en los que el acceso al público es restringido» (T574-2017).

Siendo ello así, era razonable que las afirmaciones hechas de esta forma por el actor pudieran circular y ser conocidas por un grupo determinado, esto es, entre los asociados a la CTA, tal como lo reconoció el colegiado. Sin embargo, la naturaleza de los comentarios y del espacio en que fueron hechos, no es suficiente para determinar que eran constitutivos de la causal de exclusión endilgada, pues para ello, era necesario que quien la invocó, esto es, Coopevian CTA, hubiese «realmente comprobado», como lo indica expresamente el literal l) del artículo 15 estatutario, que resultaban graves, falsos, delicados, malintencionados y perjudiciales para los intereses sociales cooperativos. Si la demandada pretendía acudir a esta causal para excluir al asociado, le incumbía demostrar que las expresiones cuestionadas tenían tal entidad, para poder tipificarlas como motivo de retiro de la CTA.

Del texto que se transcribió preliminarmente por la Sala como referente para este análisis fáctico, se aprecia que contiene determinadas expresiones que fueron calificadas por el Tribunal con los apelativos ya descritos y que, por tanto, en su criterio constituían causal justa de exclusión según el reglamento cooperativo.

Los comentarios del actor reprochados por la CTA, y por los cuales fue excluido del ente cooperativo se refirieron a los siguientes tópicos: i) que el Consejo de Administración no tiene voluntad de nada y se va a dejar manipular; ii) que sus miembros («esas bellezas») creen que la empresa les pertenece, y por eso siguen en las mismas y niegan las solicitudes con un solo comunicado; iii) que a los compañeros asociados les van a adelantar procesos disciplinarios por sospecha; iv) que al cooperado Juan Carlos lo citaron a descargos por asuntos que se están «inventando»; v) que no es cierto que los miembros del Consejo quieran trabajar por la comunidad asociada y que esta se debe respetar; vi) que dichas personas solo quieren mantener el poder y esa «minita de oro», vii) que Carlos Torres le manifestó a unos compañeros que «iba por lo de él […] pero con nosotros no más, […]que respeten».

Tales expresiones son evidentemente juicios valorativos del demandante; nótese que se refieren a la forma como el actor percibe la gestión del Consejo de Administración y la manera como ejerce la facultad disciplinaria a su cargo; además, debe tenerse en cuenta que, al aludir e individualizar al asociado Carlos Torres, no le imputa ninguna conducta delictiva, tan solo opina frente a lo que otros compañeros le dijeron que él había manifestado, y expresa que no va a consentir una actuación en esos términos, por eso dice, «con nosotros no más».

Estas afirmaciones no pueden considerarse malintencionadas o dañinas, como lo entendió el colegiado, más bien, constituyen expresiones o arengas en relación con los hechos que se venían presentando en la cooperativa, en especial, frente a la que, a su juicio, fue una respuesta incompleta a la petición presentada por él y otros cooperados, lo cual fue corroborado por el juez de tutela; la citación a descargos a varios compañeros, a la actitud de los nuevos directivos frente a la gestión administrativa y a los comentarios hechos, al parecer, por otros asociados y miembros del Consejo de Administración como el señor Carlos Torres; todo lo cual, según su entender ameritaba la convocatoria a una Asamblea General de asociados, no simplemente de delegados.

Al revisar cada una de las afirmaciones hechas por el demandante, como las destacadas en párrafos atrás, la Sala no advierte que sean de tal naturaleza, o que busquen tomar medidas agresivas o violentas para conjurar los problemas que se ponen en evidencia, como equivocadamente lo concluyó el colegiado. Solo se busca la convocatoria a una asamblea de asociados, lo que resulta procedente tratándose de un ente cooperativo, esto es, se motivó para que, a través de los mecanismos legales, se recondujera el manejo del ente social. Es más, el colegiado encontró que fue divulgada entre asociados, lo que, en lugar de agravar su conducta, la explica, pues era entre ellos que correspondía tratar esa problemática y buscar soluciones, esto es, al interior del ente social.

Siendo ello así, se colige que los comentarios del actor no son de la entidad que calificó el Tribunal como para determinar que fueran constitutivos de la causal de exclusión endilgada, tal como se pasa a explicar:

Coopevian CTA invocó como causal de exclusión la contenida en el literal l) del artículo 15 estatutario. Sin embargo, según esta disposición, era necesario que quien la invocara, hubiese «realmente comprobado», como allí se indica expresamente, que las manifestaciones resultaran graves, falsas, delicadas, malintencionadas y perjudiciales para los intereses sociales cooperativos. De esa manera, si la demandada quiso aducir esta causal para excluir al asociado, ella debió demostrar que las expresiones cuestionadas tenían tal entidad, para poder tipificarlas como motivo de retiro de la CTA, sin hacerlo.

En efecto, dicha carga demostrativa no fue cumplida por la accionada, así no fue establecido por el colegiado ni fluye de las pruebas denunciadas. De hecho, le hubiese resultado muy complejo de atender, por cuanto la Sala aprecia que, en su mayoría, como se vio, las manifestaciones del señor Guzmán Ríos en el referido mensaje, corresponden a sus opiniones personales sobre asuntos de la Cooperativa, no a una información concreta de la que pueda calificarse como verdadera o falsa; de hecho, tan solo la referencia a la forma y la finalidad de la recolección de firmas o a la citación a una reunión en el edificio inteligente, podría constituir una información y lo cierto es que las pruebas denunciadas no evidencian que ello fuese falso, malintencionado, grave y perjudicial para los intereses cooperativos.

Es más, dado que lo expresado por el demandante era su opinión sobre temas propios de la cooperativa, no podría calificarse su falsedad o no, como lo exige el literal l) del articulo 15 estatutario, y en esa medida, las afirmaciones cuestionadas no podrían configurar la causal de exclusión allí consagrada.

Al respecto, cabe destacar que, la Corte Constitucional ha resaltado la diferencia entre la libertad de información y de opinión, para concluir que respecto de esta última no es dable establecer su veracidad ni imparcialidad. Así, en decisión CC T356-2021 indicó:

Y en decisión CC T312-2015 se dijo:

“[…] la información sobre hechos ha de ser veraz e imparcial, ‘mientras que la expresión de opiniones sobre dichos hechos, cubierta por la libertad de expresión stricto sensu, no está sujeta a estos parámetros. Las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las acertadas y ecuánimes’. No tendría sentido exigir una opinión veraz, en la medida en que no transmite hechos sino apreciaciones sobre los mismos; tampoco debería reclamarse imparcialidad, ya que la opinión es un producto eminentemente subjetivo.”

(Resalta esta Sala).

Corolario de lo anterior es que el Tribunal erró al no analizar las pruebas denunciadas, lo que no le permitió apreciar el contexto en el que se emitió el mensaje de audio; pues, de haberlo hecho habría descartado que se trató de afirmaciones graves, falsas, delicadas, malintencionadas y que afectaron los intereses sociales, cuando en realidad constituyeron la opinión personal del demandante dadas las particulares circunstancias que atravesaba la Cooperativa de la que era parte, y, manifestadas dentro del ámbito de la libertad de expresión.

Fue precisamente la situación que se presentaba en el ente demandado, la que generó las manifestaciones del demandante, realizadas mediante el mensaje de audio ya referido, sin que el hecho de que no hubiese adoptado una conducta pasiva o indiferente, sino vehemente ante lo ocurrido, pueda constituir la causal de exclusión alegada. De hecho, la jurisprudencia ha precisado de antaño que ante las desavenencias que pueden surgir en el ambiente laboral, -como podría entenderse el trabajo cooperado-, debe analizarse el contexto en que estas se presentan y reconocer que al ser humano no le es posible mantenerse imperturbable ante circunstancias que considera negativas o que afecten sus intereses o derechos. Así, en decisión CSJ SL 7 oct. 2003, rad. 20387 se indicó:

Así las cosas, la conclusión fáctica del juez de la alzada fue equivocada, pues no es cierto que los comentarios del demandante configuren la causal de exclusión prevista en el literal l) del artículo 15 de los estatutos.

La Sala encuentra suficiente lo dicho en casación para concluir que le asiste razón a la parte demandante, como quiera que, tal como se explicó, las manifestaciones efectuadas por él no pueden considerarse malintencionadas o perjudiciales para los intereses cooperativos, ni mucho menos falsas, pues ello, no solo no fue demostrado en el proceso, sino, sobre todo, porque en su mayoría fueron opiniones sobre las cuales no es dable exigir su veracidad o imparcialidad, requisitos previstos en los estatutos para configurar la causal de exclusión debatida.

Aunque es cierto que ningún derecho es absoluto, ante la colisión con otra garantía constitucional, la libertad de expresión, -en la que se incluye la de opinión-, prevalece, salvo que se acredite que se trate de comentarios con una intención dañina o negligentes, tal como se precisó en decisión CC T324-2020:

“- Límites a la libertad de expresión […]”.

En este caso, la Sala, reitera, se trató de opiniones vehementes ante lo que él consideraba, eran gestiones inadecuadas por parte de los órganos de administración, y expresadas en un grupo de asociados de la cooperativa que, según el testigo Jose Luis Osorno, tenía como finalidad buscar la forma de corregir los malos manejos y mejorar la gestión de la entidad. Por tanto, el a quo se equivocó al encontrar configurada la causal de exclusión prevista en el literal l) del artículo 15 de los estatutos».

Descargue el documento en el siguiente enlace: SL464-2023

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/reiteraciones DL/SL464-2023.pdf»]

SL780-2023

«[…] si el Tribunal coligió que realmente la vinculación del demandante a través de las cooperativas fue una manera irregular de intermediación laboral, y que, por contera, el verdadero empleador era Avianca S.A., entonces bien podía decidir acerca de la modalidad contractual que se verificó, pues no se trataba de un aspecto extraño a la materia de la contienda.

Precisado lo anterior, la Sala deberá determinar (i) si la relación laboral que unió a las partes estuvo regida por un solo contrato a término indefinido, o por tres vínculos de distinta modalidad, como lo consideró el juez de apelaciones. Seguidamente, habrá de definir (ii) si erró el ad quem al revocar la condena impuesta por el juzgado a título de indemnización por despido sin justa causa, en uso de la facultad extra petita con la que cuentan los falladores de primer grado.

1. Unicidad de la relación laboral

De antaño, esta Sala ha adoctrinado que en ocasiones no se puede considerar que existan contratos sucesivos en el desarrollo de una relación laboral, cuando no hay diferencias sustanciales en el objeto mismo del contrato, vale decir, cuando la esencia de lo pactado no varía, a pesar de las formas distintas que pretendan otorgársele a dicho negocio jurídico.

Así, aunque es perfectamente posible que se materialicen dos o más contratos distintos que se suceden, debe estar perfectamente definida de manera clara e inequívoca una causa valedera para el cambio del mismo, pues de lo contrario, el juez debe aplicar con rigor el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, y hacer prevalecer la existencia de una relación jurídica sustancial, habida consideración de que la causa del contrato nunca mutó. En efecto, desde el proveído CSJ SL, 2 sep. 1977, rad. 5923, y que se mantiene vigente, enseñó esta superioridad:

A la luz de estas consideraciones, desde ya advierte la Sala que el Tribunal incurrió en los errores endilgados por la censura, pues, a decir verdad, las pruebas singularizadas dan cuenta de que, efectivamente, la relación de trabajo del demandante con la pasiva fue ininterrumpida, y no quedó demostrada la causa para el cambio de objeto que hiciera distinta la vinculación jurídica.

En efecto, Avianca S.A. aceptó la existencia de dos contratos de trabajo a término fijo celebrados en forma directa con el actor: uno del 24 de septiembre de 1996 al 23 de septiembre de 2003, y otro del 17 de septiembre de 2012 al 13 de marzo de 2013.

En cuanto al interregno comprendido entre el 24 de septiembre de 2003 y el 16 de septiembre de 2012, el Tribunal consideró que también hubo una relación laboral entre las partes, de duración indefinida, pues halló acreditado que las vinculaciones con las cooperativas de trabajo asociado fueron realmente una forma de intermediación, premisa que se reputa legal y cierta, pues no se discutió en casación.

Puestas así las cosas, una primera conclusión se impone: la prestación del servicio subordinado por parte de Nilson Augusto Moreno Hernández a Avianca S.A. no tuvo ninguna interrupción. En el mismo sentido, y por no haber sido cuestionado en casación, el vínculo que existió entre el actor y Avianca S.A. durante el período que esta recurrió ilegalmente a la contratación a través de cooperativas, fue un contrato de trabajo a término indefinido.

En tales condiciones, si al 16 de septiembre de 2012 las partes estaban atadas mediante un contrato de trabajo a término indefinido, no resulta razonable comprender que a partir del día siguiente decidieran variar la modalidad del contrato a uno de duración determinada, solo porque suscribieron un documento que formalmente así lo contemplara.

En este caso, es allí donde radica la equivocación del Tribunal, pues al analizar el contrato de trabajo a término fijo celebrado entre las partes el 17 de septiembre de 2012 (f.º 15-19), llegó a la conclusión de que se trataba de uno diferente al que venía ejecutándose hasta ese momento, sin verificar, como con estrictez le era exigible, si había una razón que respaldara la finalización de la vinculación jurídica existente, y la celebración de una nueva. A decir verdad, el colegiado ni siquiera se preocupó por auscultar si hubo un cambio de objeto que justificara la modificación de la modalidad contractual, pese a que había constatado que la prestación del servicio no tuvo interrupciones.

Aun cuando es cierto que, en Colombia, el contrato de trabajo a término fijo puede ser utilizado libremente por el empleador de acuerdo a sus necesidades, dentro de los precisos límites establecidos legalmente (CSJ SL3535-2015), también lo es que esa libertad de elegir la modalidad contractual no es absoluta, en la medida en que ella no puede servir de mecanismo para desconocer los derechos de los trabajadores. Para la Sala, este aserto cobra especial relevancia en aquellos casos en los que las partes atadas por un contrato de trabajo a término indefinido celebran uno a plazo fijo, no porque no sea viable hacerlo, sino porque podría prestarse para vulnerar los derechos de la parte débil de la relación laboral.

Es por eso que la Corte ha hecho énfasis en el deber que tienen los jueces del trabajo de verificar, ante la sucesión de contratos entre los mismos sujetos, si en la realidad se materializó una relación laboral única, o una multiplicidad de ellas. Así, en la sentencia CSJ SL806-2013, dijo esta Corporación:

En resumen, de los testimonios se colige que, en efecto, el demandante prestó sus servicios para Avianca S.A. entre 1996 y 2013, a través de diferentes vinculaciones formales, pero sin que mediaran interrupciones entre ellas, y que la labor que desarrolló en los últimos años, tanto cuando estuvo vinculado directamente a la aerolínea como a través de las cooperativas era la misma, es decir, la de realizar inventarios en el almacén o hangares de aquella.

En tales condiciones, a la luz del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, lo que demuestran las evidencias que soportan la acusación del recurrente es que, innegablemente, la relación laboral entre las partes fue una sola, ya que, se itera, no tuvo un solo día de interrupción, y no existió una diferencia sustancial que justificara la terminación de un contrato para dar paso a uno diferente.

Por lo anterior, concluye la Sala que sí se equivocó el Tribunal cuando hizo prevalecer las formas contractuales sobre la realidad y encontró probada la existencia de tres diferentes vínculos, cuando debió entender que verdaderamente hubo uno solo.

Salta a la vista, pues, el yerro del Tribunal, toda vez que el hecho consistente en que el contrato terminó por la decisión unilateral de la empleadora sí fue sometido a la discusión en el proceso, pues se planteó en la demanda, y por lo tanto, la enjuiciada contó con la oportunidad de defenderse, al punto que aceptó que realmente dio por terminado el contrato, pero por las justas causas que estimó probadas.

La equivocación del sentenciador plural al aplicar de forma indebida el artículo 50 del CPTSS, tuvo una repercusión importante en la aplicación de la ley sustancial, concretamente, del artículo 64 del CST, pues implicó que revocara la condena por concepto de indemnización por despido injusto, razón por la cual el hallazgo advertido propicia, en este aspecto también, el quiebre de la providencia fustigada.

Ahora, como quedó demostrada la intermediación fraudulenta utilizada por Avianca S.A. para vincular al accionante durante el periodo del 24 de septiembre de 2003 al 16 de septiembre de 2012, podría, en principio, concluirse que ese actuar imposibilitó el derecho a la asociación sindical, y que, en efecto, no se le permitió al actor afiliarse a las organizaciones sindicales, y por ende ser beneficiario de la convención colectiva celebrada por ellas con la accionada y con vigencia 2010 – 2015.

No obstante, lo cierto es que no existe evidencia de que, en los periodos en que Nilson Augusto Moreno Hernández fue empleado de la aerolínea a través de contratos directos, este hubiera ejercido su derecho de asociación sindical, pues ni de los hechos de la demanda, ni de las pruebas allegadas al proceso se observa que se hubiera afiliado a las organizaciones sindicales Sintrava o Sinditra, o hubiera pretendido hacerlo, y que se le haya impedido por parte del empleador, algo además que el testigo Hugo Jurado Lumpaque expresamente manifestó nunca haber visto.

1. Existencia de una relación laboral única

Aun cuando las consideraciones expuestas en casación son suficientes para concluir que lo que existió entre las partes fue una única relación laboral, importa destacar que las pruebas allegadas y practicadas en el juicio corroboran ese hallazgo.

No puede pasarse por alto que, tal como se dedujo al resolver el recurso extraordinario, la vinculación inició mediante un contrato de trabajo a término fijo, y que desde el momento en que la relación se pretendió encubrir a través de las cooperativas de trabajo asociado, lo que se verificó fue una contratación indefinida en el tiempo. Ello no supone, en modo alguno, comprender que el contrato de trabajo a plazo fijo se convierta en uno de duración indeterminada por razón de las prórrogas, pues evidentemente no fue eso lo que ocurrió en el asunto examinado.

A juicio de la Sala, el hecho de que Avianca S.A. acudiera irregularmente a la figura del cooperativismo para aprovecharse de la fuerza laboral del demandante, demuestra su intención inequívoca de prescindir del término fijo pactado, lo que se traduce, a no dudarlo, en la modificación de la modalidad contractual inicialmente convenida, variación que es perfectamente legítima en tanto le resulta más favorable al trabajador, en términos de estabilidad.

En suma, concluye la Sala que entre las partes existió una sola relación laboral, cuya duración inicialmente se pactó a término fijo, pero que en el transcurso varió a indefinida».

Lo anterior evidencia a las claras que, de aceptarse que el actor violó una obligación legal al extender la invitación a unos compañeros, y no discriminar tal circunstancia a la hora de legalizar los gastos, ello no obedeció a un ánimo del trabajador de aprovecharse indebidamente de los beneficios concedidos por su empleador, como para que pudiera catalogarse de grave.

Debe entonces esta Sala indicar que el razonamiento de la juez en la calificación que hizo de la conducta del actor fue acertado, pues está acorde con las pruebas que contextualizan los acontecimientos, y no fue derruido por la sociedad apelante.

Por todo lo anterior, se confirmará la decisión de la juez de primera instancia».

Descargue el documento en el siguiente enlace: SL780-2023

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/reiteraciones DL/SL780-2023.pdf»]

«[…] De ahí que, la controversia en casación se desplaza o se limita a los reproches de la censura en torno a la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer sobre el incumplimiento del contrato de mandato, con la presencia de supuestas cláusulas abusivas, leoninas y lesivas; y en tales condiciones determinar si la colegiatura incurrió tanto en errores jurídicos como fácticos, al concluir que no se tenía esa competencia para estos precisos temas, pues en su criterio, le correspondía definirlos al juez civil. Al respecto, la Sala considera lo siguiente:

En el sub lite está por fuera de discusión la existencia del contrato de mandato celebrado entre el demandado Banco de Bogotá S.A. y el demandante, para que este último realizara cobro de cartera y estudio de títulos, conforme al reglamento denominado “cobros judiciales abogados externos Banco de Bogotá”.

[…]

Puntualizado lo anterior y bajo esta órbita la Sala a continuación abordará el estudio de los cargos sobre la competencia de la justicia ordinaria laboral, en cuanto al incumplimiento de lo estipulado por honorarios profesionales en un contrato de mandato y sus consecuencias, según lo que hubieran pactado las partes, para lo cual inicialmente se hará el análisis desde una perspectiva jurídica, conforme a la planteado en los cargos primero y segundo; y, solo de resultar competente la jurisdicción del trabajo para conocer de esa clase de reclamación o parte de ella, se adentrará la Corte en el análisis de las pruebas denunciadas en el tercer ataque.

Frente a la onerosidad del contrato de prestación de servicios profesionales o mandato, es suficiente con recordar lo adoctrinado por la Corte en sentencia CSJ SL, 10 dic 2007, rad. 10046, reiterada en decisiones SL11265-2017, CSJ SL3212-2018 y CSJ SL2545-2019, cuando al efecto se precisó:

“[…] es de suponer que el ejercicio de la abogacía como el de cualquier profesión liberal genere honorarios, pues los profesionales por lo general obtienen el sustento de los servicios que prestan, de manera que debe concluirse que la onerosidad es un elemento de la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, pero no uno esencial en cuanto, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de trabajo, es legalmente permitido que quien presta un servicio profesional independiente decida hacerlo en forma gratuita, o de manera que su retribución sea aleatoria, como cuando se condiciona a la obtención de un resultado” (resalta la sala)

Dicho de otra manera, quien ejerce la profesión de la abogacía, como el que ejecuta cualquier otra profesión liberal que genere honorarios, salvo que decida hacerlo de manera gratuita, que no es el caso bajo estudio, tiene derecho a reclamarlos cuando esté demostrado el cumplimiento de la actividad profesional para la cual fue contratado; ello en razón a que el contrato de mandato es por naturaleza oneroso; por tanto, es de suponer que, por lo general, tales profesionales obtienen el sustento para sí y para sus familias de los servicios que prestan a sus clientes; cuyos honorarios se estiman de acuerdo a la voluntad contractual de las partes que se privilegia, y solo a falta de esa estipulación, se acudirá a las tarifas de los colegios de abogados u otras pruebas como los dictámenes periciales, testimonios, etc., a efectos de poderlos tasar.

También esta corporación ha precisado que, si la contraprestación por la actividad profesional se encuentra establecida por las partes, resulta improcedente su regulación judicial, “pues el precio del mandato puede ser libremente fijado entre los contratantes, por virtud de los principios de libertad contractual y autonomía de la voluntad” (CSJ SL694-2013). En el mismo sentido, en decisión CSJ SL, 22 ene. 2013, rad. 36606, se puntualizó:

“Y por otra, que la tasación de honorarios del mandato conforme a lo ‘usual’ de esta clase de prestación de servicios personales (artículo 2184-3 ibídem), sólo procede a falta de su expresa estipulación por las partes contratantes, por manera que, el hecho de que el mandante no pague al mandatario lo acordado, no legitima a éste para que variando la contraprestación de su contratante, reclame judicialmente a aquél un valor distinto al expresamente estipulado, sino apenas, para que haga efectivo su pago en los términos que rigen en esta materia los artículos 1617 y 1627 ibídem”

De otro lado, en lo que concerniente a la competencia que alude la parte recurrente en materias derivadas del cobro de honorarios profesionales, es del caso traer a colación lo señalado en el numeral 6 del artículo 2 del CPTSS, modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, el cual preceptúa:

[…]

Como se observa, la normativa en comento alude al reconocimiento y pago de honorarios o remuneración a favor de la persona natural que prestó el servicio, por lo que los conflictos jurídicos que se deben solucionar por parte de la jurisdicción ordinaria laboral deberán corresponder o, cuando menos, estar vinculadas directa o consecuencialmente a ese concepto.

En la sentencia CSJ SL2385-2018 rad. 47566, la Corte al interpretar la citada disposición adjetiva, concluyó que esta preceptiva no se limitaba al cobro de los honorarios pactados como tales y que no se hubieran satisfecho, y precisó el criterio según el cual ciertos emolumentos que tiene como causa eficiente en el contrato de prestación de servicios de carácter privado también pueden reclamarse ante la justicia ordinaria laboral, como el caso por ejemplo de las cláusulas penales, sanciones o multas pactadas en esta clase de acuerdos contractuales, en la medida que es dable entender que hacen parte del conflicto jurídico que gira en torno al reconocimiento y cobro de honorarios o “remuneraciones” que trae la norma procesal, sin que ello implique desconocer que el contrato de mandato es eminentemente civil o comercial, para lo cual adoctrinó:

“En efecto, el conflicto jurídico originado en el reconocimiento y pago “de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado”, indudablemente abarca o comprende toda clase de obligaciones que surjan de la ejecución o inejecución de tales contratos, tan cierto es ello, que, se insiste, el legislador no limitó la competencia de la jurisdicción al reconocimiento y cancelación de los solos honorarios como lo entiende el ad quem, sino que fue más allá, tanto así que incluyó la acepción “remuneraciones”, que desde luego no puede entenderse que son los mismos honorarios, pues a ellos hizo alusión con antelación, sino que debe colegirse que son los demás emolumentos que tienen como causa eficiente el contrato de prestación de servicios de carácter privado, llámese cualquier otro pago, sanciones, multas, etc.

Puesto en otros términos, para el caso de los contratos de mandato o de prestación de servicios profesionales de carácter privado, la cancelación de los honorarios pactados tiene la obligación por parte del deudor o contratante de cubrirlos, siempre y cuando el acreedor o contratista haya cumplido con el objeto del contrato, así como también debe tenerse de presente que las denominadas cláusulas penales, sanciones, multas, etc., hacen parte de las denominadas “remuneraciones”, teniéndose en cuenta que las mismas constituyen la retribución de una actividad o gestión profesional realizada a la cual se compromete el contratista en defensa de los intereses del contratante, aun en los eventos de que por alguna circunstancia se impida que se preste el servicio, por consiguiente, desde esta perspectiva, también resulta competente el juez laboral para conocer del presente asunto.

De otra parte, no desconoce la Sala que el contrato de mandato o prestación de servicios, es eminentemente civil o comercial, pero en este caso y sin restarle tal connotación, fue el legislador quien bajo la libertad de configuración y por excepción, le asignó al juez del trabajo la competencia para resolver los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de los honorarios y demás remuneraciones por servicios personales de carácter privado.

De suerte que, es el juez laboral y no el civil, quien tiene la competencia para conocer de esta contienda; pues no sería práctico, lógico y menos eficiente, trasladarle al usuario de la justicia, la carga de acudir a dos jueces de distinta especialidad, para que le resuelvan un litigio que tiene como fuente una misma causa (el contrato de prestación de servicios); máxime que, como se explicó, si el juez laboral es competente para conocer de los conflictos jurídicos que surgen en el reconocimiento y pago de los honorarios, nada impide para que igualmente conozca y decida sobre las cláusulas en las que se estipula una sanción o multa que también hacen parte de las remuneraciones que consagra la norma procedimental (artículo 2.°, numeral 6.° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), pues estos conceptos están estrechamente ligados como un todo jurídico, lo cual se traduce en una mejor concentración y eficiencia de la administración de justicia, al permitir el texto normativo la unificación en una sola jurisdicción para el conocimiento y definición de dichas controversias, siendo este el cometido de tal regulación, con lo que se evita que se pueda escindir dicha jurisdicción.

En ese orden de ideas, la justicia ordinaria laboral no solo conoce de la solución de los conflictos relacionados con el cobro de honorarios causados, sino también de las cláusulas penales, sanciones o multas pactadas en esta clase de contratos de prestación de servicios, así involucre el resarcimiento de un eventual perjuicio, por lo que la Sala precisa que la vía procedente para su reclamación también lo es la estatuida en el numeral 6.° del artículo 2.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2.º de la Ley 712 de 2001, pues verdaderamente se trata de un conflicto propio de una acción de naturaleza laboral, que implica un análisis que se agota en la verificación del incumplimiento del deudor, la consecuente causación de los honorarios u otra remuneración o pago conexo.

En definitiva, no es dable dejar por fuera de la competencia de la jurisdicción laboral y de la seguridad social, esas otras situaciones que tienen su fuente en el trabajo humano, aunque su retribución se pacte bajo la forma de un contrato de prestación de servicios ya sea comercial o civil, por ello, la jurisdicción del trabajo al igual que conoce del cobro de honorarios, también puede resolver lo concerniente a los conflictos jurídicos que de ellos se deriven, esto es, otras remuneraciones, llámese pagos, multas o la denominada cláusula penal.

Por lo anteriormente expresado, queda totalmente evidenciado el error jurídico del tribunal endilgado en el primer ataque, al manifestar que el juez laboral carece de competencia, al darle una connotación de “cláusula penal” a lo establecido en el literal E) de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios celebrado con la demandada, cuando el querer de la parte demandante desde el inicio de la presente controversia, es el cobro de unos honorarios causados por la gestión profesional por él desarrollada, los cuales se entenderían ocasionados en calidad de multa, en caso de sustitución o renuncia de dicho convenio, y que en realidad fueron fijados en la cláusula sexta del mismo. Por lo dicho anteriormente, el cargo resulta fundado”.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala, el Tribunal sí se equivocó desde la perspectiva jurídica, al restringir la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de los conflictos relacionados con el cobro de honorarios causados por servicios personales de carácter privado y de aquellos aspectos intrínsecos que de estos se derive, excluyendo la alzada lo relativo al incumplimiento del contrato de mandato en materia de honorarios; que como se desprende de la anterior reseña jurisprudencial, sí es un asunto de su conocimiento, que comprende la verificación sobre la existencia de cláusulas leoninas o abusivas; sumado a que dicho juzgador tuvo equivocadamente como pretensión la condena a una indemnización de perjuicios de que trata el artículo 1546 del CC, cuando ello nunca fue realmente demandado, en la medida que el demandante si bien solicita la declaración del incumplimiento, pide como consecuencia jurídica el pago de los honorarios según las tarifas del Colegio de Abogados de Risaralda y no acorde a las estipuladas en el reglamento de cobros del Banco, mas no, la referida indemnización.

Lo que significa, entonces, que será de competencia de la jurisdicción civil o comercial, entre otras, las controversias que giren en torno a aspectos accesorios o accidentales del contrato de mandato, o alguna consecuencia distinta a la cancelación de los honorarios profesionales, ya que, se insiste, lo relacionado con obligaciones surgidas de la ejecución o inejecución de dicho contrato, para el cobro de esta clase de remuneración, junto con su incumplimiento, sí son del resorte exclusivo de los jueces del trabajo y de la seguridad social en los términos explicados.

Así las cosas, el juez de segundo grado en este caso en particular se quedó corto en su análisis, pues según la competencia de la jurisdicción del trabajo, no solo le correspondía pronunciarse sobre las obligaciones contractuales acordadas o adquiridas por las partes en materia de honorarios profesionales, conforme a lo estipulado para el caso en la cláusula séptima del reglamento de cobros judiciales para los abogados externos de la entidad bancaria, con la definición si la gestión de cobro era de medio o resultado; sino que también debió verificar un eventual incumplimiento del contrato de mandato suscrito entre las partes, teniendo en cuenta lo verdaderamente perseguido por el actor y, en especial, en aquellos casos que alude el recurrente en casación, en los cuales presuntamente se dio una gestión profesional pero no se logró el recaudo de las sumas objeto de cobro al deudor del Banco, y adicionalmente establecer si lo pactado configuraba una cláusula leonina o abusiva; con lo cual la colegiatura incurrió en los yerros enrostrados en relación a lo referido en el literal B.

Sin embargo, aun cuando la acusación resulta parcialmente fundada en este puntual aspecto, lo cierto es que, en sede de instancia, al abordar la Corte el análisis de estos puntos y las pruebas o piezas procesales referidas en el tercer ataque, llegaría a la misma solución absolutoria, pues encontraría que es perfectamente viable y legal pactar los honorarios en la forma que se hizo en el sub examine, sin que se observe la existencia de “cláusulas leoninas” en la forma sugerida por el demandante, como a continuación pasa a explicarse.

La cláusula séptima sobre honorarios contenida en el contrato de mandato firmado por las partes, denominado “REGLAMENTO COBROS JUDICIALES – ABOGADOS EXTERNOS BANCO DE BOGOTA” (f.° 26 a 29), es del siguiente tenor literal:

[…]

Del contenido de la cláusula que se acaba de reproducir, se observa que allí se fijaron los términos en que las partes pactaron la remuneración por honorarios profesionales en la prestación de los servicios de abogacía, por razón de la gestión de cobro encomendada, sus condicionamientos y responsabilidades, como su cumplimiento, aspectos sobre los cuales, se itera, la jurisdicción laboral sí tiene competencia.

Ahora bien, se tiene que en este asunto los suscribientes acordaron que la causación de los honorarios estaba condicionada a la obtención de un resultado, esto es, al recaudo efectivo del dinero adeudado a la entidad bancaria y objeto de cobro, modalidad de pago de honorarios que es perfectamente legal, viable o válida y no configura una cláusula “leonina” como lo reclama la parte recurrente.

Es oportuno recordar que la profesión de abogado ostenta un grado de liberalidad que permite a quienes la ejercen, pactar autónomamente el valor de su gestión a realizar; potestad en la cual se incluye el esfuerzo profesional y ético que deba desplegarse para cumplir con el mandato, inclusive corriendo el riesgo de no lograr ninguna retribución, si no se obtiene un resultado favorable.

Precisamente, desde la decisión CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 39171, la Corte puntualizó que, tratándose de honorarios profesionales para los abogados en el marco de un contrato de mandato celebrado en forma escrita conforme al artículo 2142 del Código Civil, los suscribientes quedan obligados y sometidos a los términos expresamente acordados, lo que está en armonía con lo dispuesto en los artículos 2149 y 2157 ibídem, al punto que, al existir estipulación expresa sobre la remuneración, dicho acuerdo legal rige para las partes y se torna inmodificable.

En la aludida jurisprudencia, se explicó que esa expresión de voluntad frente a los honorarios en el contrato de mandato, puede manifestarse de varias maneras, inicialmente, las partes pueden pactar una remuneración fija o un valor determinado por la gestión judicial o extrajudicial; también pueden acordar el reconocimiento de una cuota litis, recibiendo como posibles honorarios una parte de las utilidades que se obtengan y, a su vez, pueden convenir una forma de remuneración aleatoria sujeta a la consecución de un resultado o una gestión especifica; escenario último en el cual, se ha precisado por esta corporación, que si el mandatario no consigue “ningún resultado favorable, perderá todos los actos ejecutados en cuanto hace a su interés de recibir remuneración por su gestión profesional”.

Así se adoctrinó en la aludida decisión CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 39171, que ha sido reiterada en la sentencia CSJ SL2803-2020, al señalar:

“[…]

“El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.

La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.”

Este contrato, según lo establecido en el artículo 2149 del mismo código, puede hacerse a través de cualquier medio inteligible, pero cuando como el sub judice, se estipula expresamente y por escrito, las partes quedan obligadas en los precisos términos acordados, tal y como lo manda el artículo 2157 ibídem, y lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que al referirse al citado artículo sobre el particular dijo:

“Un poder no puede interpretarse sino taxativamente, de modo que no pueda extenderse o ampliarse sus cláusulas para deducir facultades que no están expresamente conferidas por el mandante al mandatario.” (C.C. art. 2157 Cas. 28 de septiembre de 1943, LVI, 166).

El contrato de mandato por ser bilateral no sólo comporta obligaciones en cabeza del mandatario; cuando es remunerado conlleva una obligación también esencial y concomitante para el mandante: pagar la prestación pactada que bien puede estipularse en un valor determinado que desde el principio del mandato se conoce, o puede ser aleatoria, como cuando un abogado se compromete a realizar una gestión judicial o extrajudicial, recibiendo como posibles honorarios una parte de las utilidades, (cuota litis) bajo el entendido de que si no es posible ningún resultado favorable, perderá todos los actos ejecutados en cuanto hace a su interés de recibir remuneración por su gestión profesional. También resulta perfectamente viable que se combinen las dos formas de pago, como cuando se pacta un valor determinado al comenzar la gestión encomendada y una cuota parte o un porcentaje de lo que al final resulte a favor del mandante”.

(Subraya la Sala).

Cabe agregar que la Corte al analizar un asunto similar en el que en un contrato de mandato, se pactó el reconocimiento de honorarios profesionales condicionado al resultado exitoso de la gestión judicial, recordó que cuando el pacto de contraprestación está sujeto a una obligación de resultado, de no llegarse a cumplir “la condición a que se sometió la obligación de pagar los honorarios” a favor del profesional del derecho, no surge deber alguno en cabeza del mandante que concede el encargo, pues la obligación remunerativa acordada no se hace exigible. En la decisión CSJ SL 2 jun. 2009, rad. 33099, reiterada en la CSJ SL2803-2020, rad. 47566, se puntualizó:

“En ese orden, valga subrayar, que el pacto de honorarios por cuota litis conlleva una obligación de resultado, por eso, el fallador de segundo grado, luego de analizar el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre GUTIÉRREZ LOZADA y la CAJA AGRARIA, dentro de la facultad de libre apreciación de las pruebas aducidas en el proceso, con apoyo en el artículo 61 del C.P.L. y SS., infirió que al pactarse honorarios por <cuota litis>, sobre las “sumas realmente recaudadas”, como se acordó entre la CAJA AGRARIA y la actora GUTIÉRREZ LOZADA, la obtención del porcentaje de honorarios del objeto del pleito, estaba sujeta a que “éste se gane”, pues insistió, en que en el “pacto de cuota litis los honorarios y su cuantía” estaban “supeditados al éxito real de la gestión que se le haya encomendado al profesional del derecho”.

Por ello, se insiste, lo que coligió el Tribunal era que estaba “probado en el juicio que en razón de la misión profesional realizada por FANNY GUTIÉRREZ LOZADA, la CAJA AGRARIA…no recuperó dinero alguno”, lo que significaba, que al “no haber cumplido la condición a que se sometió la obligación de pagar los honorarios a favor de la demandante”, era evidente que tal “obligación no ha nacido a la vida jurídica”, lo que obviamente conducía a que “no se puede exigir de la CAJA AGRARIA…el pago de los honorarios solicitados” (folio 33 cuaderno 2)”.

(Subraya la Sala).

Por todo lo anterior, es forzoso concluir que, en este asunto la razón no está del lado del recurrente demandante, al afirmar que la cláusula séptima del contrato de mandato denominado “REGLAMENTO COBROS JUDICIALES” fue “enormemente lesiva para el abogado”, pues como quedó visto, la forma en que se pactó la remuneración entre Gregorio Jaramillo Jaramillo y el Banco de Bogotá para ejercer el mandato conferido, corresponde a una gestión de resultado y no de medio, sujeta al recaudo de lo cobrado, lo cual está permitido y hace parte de las modalidades a través de las cuales se puede retribuir el ejercicio de la actividad profesional de los abogados.

De esta manera, si las partes acordaron que los honorarios del actor solo se cancelarían cuando existiese un recaudo efectivo de las sumas adeudadas en beneficio de la entidad bancaria o, en otras palabras, establecieron que “si no hay recaudo no se causan honorarios”; dicho acuerdo de voluntades debe privilegiarse y acatarse.

De ahí que no puede ser de recibo lo argumentado por la censura en casación al calificar dicha cláusula contractual como “leonina”, pues como se expresó, la forma de remuneración acordada es legal y está autorizada en el marco de un contrato de mandato.

Adicionalmente, no tiene asidero la afirmación del recurrente, referente a que el Banco demandado ejerció un poder dominante en la relación contractual, por el hecho de fijar que los honorarios profesionales debían ser cancelados directamente por los deudores. Al respecto, debe indicar la Sala que ello no es así, pues al leer detenidamente la cláusula, se explicó en qué escenarios los reconocería directamente el Banco, sin que esto se traduzca a que sean los deudores quienes retribuyen la gestión de cobro del abogado de la entidad, ya que debe entenderse que la referida cláusula séptima lo que contempla es que de lo cancelado directamente por ellos, se efectuaría el descuento de los honorarios pactados con el profesional del derecho conforme al reglamento de cobro judiciales de los abogados externos y según la modalidad de retribución acordada, que se itera, era por obligaciones de resultado y no de medio, lo cual no configura una cláusula leonina o abusiva.

Igual conclusión se obtiene, al analizar el aparte de la cláusula séptima que indica que el Banco puede llegar a un acuerdo directo con los deudores e inclusive celebrar una transacción o conceder una rebaja frente a la obligación adeudada; pues en dicho escenario no se desconocería la remuneración del abogado, ya que la entidad bancaria allí ratifica que los honorarios profesionales, en estas eventualidades, se causarán y reconocerán al profesional del derecho sobre lo efectivamente recaudado con esa negociación o acto que se ejecute.

En efecto, en el aparte mencionado de la cláusula séptima se lee:

[…]

De ahí que, el hecho de que el Banco haya incluido en la citada cláusula contractual, una facultad para negociar directamente con sus deudores no configura una actuación abusiva o leonina respecto de los honorarios del apoderado judicial, pues como quedó visto, la entidad bancaria dejó a salvo su obligación pactada con el demandante, que está condicionada al resultado, que se itera, era el recaudo efectivo.

Tampoco podría considerarse una actuación abusiva la facultad que el Banco estipuló para revocar los poderes judiciales conferidos a los abogados en cualquier momento, asunto que si bien no se consagró en la cláusula séptima analizada, sí se definió en la cláusula cuarta del contrato de mandato, en la cual, el demandado ratificó y reconoció su obligación de cancelar honorarios profesionales sobre sumas efectivamente recaudadas, al punto que la misma entidad, en la redacción de esta cláusula, indicó que se revisaría si al momento de la revocación existían sumas efectivamente recaudadas para calcular y pagar los honorarios respectivos.

Precisamente, en la cláusula cuarta se dijo lo siguiente:

[…]

En tales circunstancias, no se configura una actuación lesiva ni una cláusula leonina en perjuicio del mandatario, además que no sería dable hablar de un contrato adhesión que le hubiere resultado desfavorable al profesional del derecho, en la medida que la forma de remuneración por honorarios en los términos pactados es válida.

Igualmente, cabe indicar que la afirmación de la parte recurrente, en relación a que la entidad financiera solicitó la devolución de 160 procesos, “mediando la exigencia de la renuncia de los poderes, bajo el apremio, presión y condición para continuar recibiendo por parte del Banco nuevas asignaciones de crédito para el cobro jurídico”, es una aseveración que no estuvo probada en las instancias y tampoco con los medios de convicción denunciados en la esfera casacional, pues las probanzas enlistadas en el cargo fáctico no demuestran el presunto “apremio o la presión” de la entidad demandada que impidiera el recaudo efectivo y la configuración de los honorarios profesionales en los términos reclamados mediante esta acción judicial.

Lo precedente conduce a concluir que no existió un incumplimiento en el pago de honorarios profesionales pactados entre el abogado demandante y el Banco accionado, pues al no haberse producido el respectivo recaudo de dinero a favor del demandado en los procesos que alude el recurrente en casación, no se generó obligación alguna en el pago de honorarios para con el abogado Jaramillo Jaramillo.

En definitiva, lo que pretende la parte actora es el reconocimiento y pago de honorarios desconociendo los términos contractuales pactados en el mandato, en este caso, sobre gestiones judiciales en las cuales no existió recaudo efectivo, lo que como quedó suficientemente explicado, es a todas luces improcedente.

Es importante poner de presente que la anterior inferencia no se logra derruir con las piezas procesales y las pruebas denunciadas por el recurrente en el cargo tercero, pues no le dan la razón a la censura y por el contrario reafirman la conclusión obtenida por la Sala, como se pasa a explicar.

Inicialmente, en la demanda inaugural se observa que el litigió en este punto objeto de estudio (literal B), se trabó bajo la premisa de examinar si la cláusula de honorarios mencionada era abusiva o leonina y, por virtud de ello, si se podía reclamar un incumplimiento del contrato de mandato; pretensión que si bien resulta ser de competencia de la justicia ordinaria laboral, no puede tener prosperidad, por cuanto es válido lo pactado conforme a lo ya analizado y, en esta forma, queda sin fundamento lo referente al alegado incumplimiento.

En este tópico resulta importante destacar que el demandante en su escrito inicial argumentó que esta cláusula séptima del contrato de mandato firmado entre las partes no tuvo un “consentimiento expresado libremente”; lo cual complementó en casación diciendo que se trataba de una estipulación contractual que “fue aceptada mas no pactada”. De estas aseveraciones se puede inferir que el promotor del proceso está alegando la existencia de vicios en su consentimiento al momento de suscribir la aludida cláusula de honorarios. Sin embargo, tales afirmaciones están huérfanas de prueba, pues el promotor del proceso no demostró con ningún elemento de convicción cómo fue que se vio afectada presuntamente su expresión de voluntad.

Sobre el particular, se debe traer a colación la sentencia CSJ SL3716-2019, en la que se explicó que las situaciones en las que se denuncia una afectación de la libre voluntad, es decir, cuando se invoca un vicio en el consentimiento, dicho presupuesto no se presume, sino que debe acreditarse plenamente por la parte que aduce los padeció. Así se refirió:

“[…]

Debe recordarse también que los elementos mencionados de afectación de la libre voluntad no se presumen, sino que deben demostrarse plenamente por la parte que aduce los padeció y, una vez acreditados, procede la nulidad declarada en sentencia, en los precisos términos del inciso 1º del artículo 1746 del CC, que da al demandante derecho para ser restituido su contrato al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto nulo”.

(Subraya la Sala).

Por tanto, se tiene que conforme los artículos 1508 a 1516 del CC, el error, la fuerza y el dolo, como vicios del consentimiento capaces de afectar las declaraciones de voluntad, no se presumen, sino que deben acreditarse plenamente en el proceso; circunstancia que no ocurrió en el sub lite y que conduce a desestimar dichas alegaciones.

De otro lado, al valorar la contestación de la demanda inicial (f.° 95 a 116) y el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal del Banco accionado (f.° 771 a 775), encuentra la Corte que en esta pieza procesal y en la declaración de parte rendida, la entidad demandada fue enfática en afirmar que la obligación pactada con el actor estaba sujeta al recaudo efectivo de dinero, de manera que al no cumplirse tal condición, no había lugar al pago de honorarios al mencionado profesional del derecho.

Así lo indicó, al absolver el interrogatorio de parte el 31 de julio de 2013 (f.° 771 a 776), Martha Cecilia Díaz Méndez, en representación del Banco de Bogotá, quien manifestó lo siguiente:

[…]

De acuerdo con lo precedente, los medios de convicción analizados no le dan la razón a la censura, más bien respaldan la conclusión obtenida por la Corte, referente a que la cláusula séptima pactada del contrato de mandato que celebraron las partes no fue leonina ni lesiva al demandante, pues la forma en que se acordó el pago de los honorarios condicionado al recaudo efectivo es viable y permitida, de conformidad al análisis legal y jurisprudencial antes expuesto; lo cual, a su vez, desestima el reproche formulado, en relación a un presunto incumplimiento de lo acordado entre el abogado y el Banco demandado, y de paso desvirtúa que se trate de un contrato de adhesión.

Finalmente, debe indicarse que esta corporación no se pronunciará sobre la prueba enlistada como indebidamente apreciada denominada: “los mandamientos ejecutivos aportados con el Dictamen Pericial, que no pudieron ser apreciados dentro del término de traslado para presentar la demanda de casación”, en razón a que la misma no aparece debidamente individualizada en el ataque en casación, tal como le correspondía proceder a la censura al encaminar el ataque a través de la vía indirecta y, además, porque en el desarrollo del cargo, guardó absoluto silencio y no expuso en qué términos se estructuró el presunto yerro sobre esa específica probanza.

Además, debe señalarse que el juez de segundo grado no pudo quebrantar en la modalidad de infracción directa el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, toda vez que la ley sustancial consagra normas de derecho positivo explicitas para el contrato de mandato, como lo son los artículos 2142, 2143 y 2144 del Código Civil, los cuales con total claridad y suficiencia regulan la materia, por manera que no tenía que llamarse a operar la citada normativa, en la medida que no era necesario acudir a otros preceptos legales por analogía.

En tales condiciones, aunque la acusación resultó fundada parcialmente, pues como se explicó el Tribunal, según la competencia de la jurisdicción del trabajo, no solo estaba facultado para pronunciarse sobre las obligaciones contractuales adquiridas en este asunto en materia de honorarios profesionales, sino que también debió definir un eventual incumplimiento del contrato de mandato firmado por las partes, en especial, en aquellos casos que alude el recurrente en casación, en los cuales presuntamente se dio una gestión profesional, pero no se logró el recaudo de la obligación objeto de cobro al deudor del Banco; lo cierto es que, al examinar el asunto en instancia, se arribó a la misma solución absolutoria, pues conforme se ilustró previamente, no se configuró un incumplimiento por parte de la entidad bancaria en relación a lo que estos acordaron y, además, se definió que lo pactado no obedecía a una estipulación lesiva ni leonina en contra del promotor del proceso.

Por ende, ninguno de los ataques formulados, logran quebrar la sentencia impugnada»

Descargue el documento en el siguiente enlace: SL020-2023

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/reiteraciones DL/SL020-2023.pdf»]

SL1026-2023

«[…] a la Sala le corresponde establecer si el juez de la alzada incurrió en error al concluir que no le era posible tener en cuenta una fecha distinta a la de la emisión del dictamen de PCL o de reclamación pensional para la contabilización de las semanas requeridas para obtener la pensión de invalidez, por cuanto el accionante mantenía su capacidad laboral residual, ya que continuaba trabajando y cotizando al sistema pensional.

[…]

Precisado lo anterior, se recuerda que la pensión de invalidez es una manifestación del derecho a la seguridad social y está destinada a cubrir las contingencias generadas por la enfermedad o el accidente que inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral. En ese sentido, su fin es garantizar a la persona que ve disminuida su capacidad para trabajar, un ingreso que le permita asegurar todas sus necesidades básicas, así como el de las personas que se encuentran a su cargo (CSJ SL3275 -2019).

En relación con esta prestación, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, por regla general, la norma que la regula es la que se encuentra vigente al momento de estructuración de dicho estado, por tanto, los periodos de cotización válidos para causar el derecho, en principio, son aquellos pagados con antelación a la estructuración del riesgo amparado, lo que impide admitir los sufragados con posterioridad, tal como se indicó en CSJ SL 28 ag. 2012, rad. 41822.

No obstante, esta Sala ha explicado que, en el caso de enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, no siempre se presenta una coincidencia entre la fecha en que se entiende estructurada la invalidez de una persona con el momento en que esta pierde definitivamente su capacidad laboral, dado el carácter especial y progresivo que caracteriza a este tipo de patologías, las cuales tienen unas «estructuras causales complejas mediadas por múltiples condiciones de exposición, periodos de latencia largos, evolución prolongada, relativa incurabilidad, y carácter degenerativo» que, sin manejo adecuado, generan discapacidad o alteración funcional, con la consecuente pérdida de autonomía del sujeto afectado.

Es por ese motivo que la Corte Constitucional ha entendido que, aunque la discapacidad en estas enfermedades se puede estructurar en una fecha concreta, es posible que la persona mantenga una capacidad residual de trabajo que le permite continuar activa laboralmente, con la respectiva obligación de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte que ofrece el sistema, los que resultan plenamente válidos y con los que puede alcanzar el reconocimiento de una pensión. Lo contrario, desconocería los aportes realizados «en ejercicio de una efectiva y probada, explotación de una capacidad laboral residual» Así se concluyó en CC SU588-2016, al precisar:

[…]

A partir de la decisión CSJ SL3275-2019, reiterada entre otras en CSJ SL4567-2019, CSJ SL4178-2020, CSJ SL4346-2020, CSJ SL1002-2020, CSJ SL770-2020, CSJ SL198-2021, la Sala de Casación Laboral también ha admitido que en los casos en los que una persona padece una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, resulta desproporcionado no contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la estructuración del estado de invalidez pues, dadas las particularidades que se presentan en este tipo de patologías, una regla como la mencionada no permitiría que el afiliado se procure una calidad de vida óptima con sus propios medios y desconocería que, la finalidad del sistema de seguridad social y de la prestación por invalidez es cubrir la contingencia una vez el estado de salud del asegurado le impida seguir laborando.

Así las cosas, el ordenamiento no solo autoriza sino que exige un tratamiento especial y la adopción de acciones afirmativas en favor de los trabajadores en situación de discapacidad; en este caso, con el objeto de cubrir la contingencia de invalidez ante la evidencia de que, pese a su situación de discapacidad y en virtud de una real posibilidad residual para trabajar, han logrado procurarse una vida digna a través de sus propios medios y han cumplido el deber de efectuar los aportes pensionales correspondientes.

Siendo ello así, ante situaciones especiales en las que la pérdida de capacidad laboral no se reduce de manera inmediata sino paulatina, como en el caso de las enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, y que en virtud de ello se presenta una comprobada capacidad residual para seguir laborando, surge válidamente una excepción a la regla general conforme a la cual la contabilización de los aportes que sirven para causar la prestación de invalidez debe partir de la fecha de estructuración de tal estado.

Dicha salvedad consiste en el deber de computar igualmente las cotizaciones realizadas después de la estructuración de la invalidez y la posibilidad de tomar como parámetros o punto de partida para sumar tales aportes: i) el momento en que se efectúa el dictamen de PCL; ii) la fecha en que se solicita la prestación por invalidez o; iii) el último ciclo cotizado.

Debe destacarse que la posibilidad de definir un parámetro distinto para establecer la densidad de aportes, en relación con enfermedades degenerativas o crónicas y en circunstancias específicas, no implica en términos estrictos una alteración de la fecha de estructuración de la invalidez calificada por la autoridad competente, tal como se precisó en decisión CSJ SL2332-2021.

Ahora, tanto la Corte Constitucional como esta Sala, han señalado que la posibilidad de modificar el momento a partir del cual se pueden contar las semanas de cotización para obtener la pensión de invalidez, generada por una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, se fundamenta en la existencia de una capacidad residual laboral real y debidamente demostrada. De ahí que sea necesario que tal circunstancia esté claramente acreditada, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

En efecto, el presupuesto esencial para justificar la modificación de la fecha a partir de la cual se contabilizan las semanas requeridas para obtener la prestación pensional radica en que esté probada la existencia de una verdadera capacidad laboral remanente en virtud de la cual el afiliado, pese a su enfermedad, efectivamente siguió trabajando y en virtud de ello, realizó las cotizaciones respectivas.

En decisión CSJ SL3275-2019 se explicó cuál es el sustento para admitir tal hipótesis y así poder obtener la pensión de invalidez, cuando este riesgo se origina en una patología degenerativa, congénita o crónica.

En esa oportunidad se dijo que ello obedecía a la necesidad de atender los principios y mandatos constitucionales que garantizan a las personas en situación de discapacidad, el pleno ejercicio de su derecho a la igualdad y no discriminación, para que puedan gozar de una vida digna, a través del acceso y estabilidad en el empleo. Ello claramente implica un enfoque diferencial para garantizar que el sistema pensional cubra la contingencia de invalidez a quienes, a pesar de su situación de salud, mantienen una capacidad laboral residual que les permite satisfacer sus necesidades básicas. Así se expuso en la referida decisión CSJ SL3275-2019, reiterada, entre otras, en CSJ SL2504-2022:

[…]

Así las cosas, es en desarrollo del marco normativo que garantiza oportunidades de empleo, estabilidad laboral y seguridad social a personas en situación de discapacidad a raíz de patologías degenerativas, congénitas o crónicas, que la jurisprudencia ha avalado la posibilidad de cambiar el hito a partir del cual se contabilizan las semanas mínimas requeridas para que esta población pueda obtener la pensión referida. Y el fundamento esencial de ello, es el reconocimiento de la existencia de una verdadera y comprobada capacidad laboral residual de los trabajadores en condición de discapacidad, que les permite garantizar su mínimo vital; de ahí que, siendo esta la causa del planteamiento jurisprudencial antes referido no resulta razonable negar el análisis de uno de los hitos ya explicados, precisamente por el hecho de continuar trabajando y cotizando.

Ello, no se ajusta a la finalidad de las normas denunciadas y de la jurisprudencia sobre la materia, no es aceptable que sea precisamente por mantener la capacidad residual de trabajo, que no se tengan en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez para causar la prestación, en los términos fijados en las sentencias antes señaladas, específicamente teniendo como hito la última cotización.

Por el contrario, la evidencia de este presupuesto fáctico es la que activa este excepcional conteo de semanas, en aras de cumplir con el deber constitucional y legal de ejercer acciones positivas en favor de personas en situación de discapacidad, que aún mantienen la facultad de realizar una actividad económica y aportar al sistema, y así garantizarles la cobertura en materia de seguridad social.

Además, el hecho de que el trabajador continúe ejerciendo su labor y, por ende, cotizando, acredita que los aportes realizados en esas condiciones no se dirigen a defraudar al sistema, sino que dan cuenta de que, a pesar de sus afecciones en salud, el trabajador hace un esfuerzo por desarrollar una vida en condiciones dignas y obtener los ingresos para solventar su mínimo vital, y ampararse de los servicios que el sistema de salud le ofrece y que cobran relevancia dada la enfermedad terminal que padece,  aspectos que el juzgador no podía desconocer, sino proteger. Cosa distinta es que el disfrute de la prestación deba ser diferido al momento en que efectivamente deje de cotizar y se retire del sistema pensional, lo que debe analizarse en cada caso concreto, atendiendo las circunstancias particulares.

En un asunto similar, resuelto mediante sentencia CSJ SL1172-2022, se avaló el otorgamiento de una pensión de invalidez por enfermedad degenerativa, mientras el trabajador ejercía su capacidad laboral residual, tan solo que postergando su disfrute al momento en que dejase efectivamente de cotizar al sistema. En esa oportunidad se precisó:

[…]

En esa medida, aunque en el caso analizado en esta sentencia se tomó como hito para contabilizar las semanas, la fecha de la calificación de la PCL, las consideraciones expuestas permiten concluir que la permanencia o vigencia de la capacidad laboral residual no impide establecer la generación de la prestación de invalidez teniendo en cuenta las semanas aportadas con posterioridad a la fecha de estructuración. Este supuesto fáctico no incide en la consolidación de la pensión, sino únicamente en su disfrute.

De ahí que queda en evidencia el error jurídico del colegiado, por lo que el cargo prospera y se casará la decisión impugnada

[…]

Por ende, contrario a lo alegado en la alzada, en el proceso sí se acreditó que después de la fecha de estructuración de la invalidez, el señor Ríos Castro sí ha ejercido una actividad laboral, en virtud de la cual, ha realizado los aportes al sistema general de pensiones que se registran en la historia laboral expedida por la AFP Protección S. A.

Esta circunstancia, es la que precisamente permite modificar la fecha de contabilización de semanas y tener en cuenta para ello, el momento a partir del cual se solicita la pensión, se califica la PCL o se realiza el último aporte. Negar el conteo de los aportes requeridos a partir de este último hito, contradice la finalidad de las normas y de la línea jurisprudencial en torno a las personas con discapacidad originada en enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, que, entre otras cosas, implica la revisión de las circunstancias particulares de cada caso.

[…]

Así las cosas, conforme lo expuesto, la Sala deberá modificar la decisión apelada en el sentido de declarar que el disfrute de la pensión de invalidez queda condicionado al retiro del sistema pensional, la cual se pagará en suma equivalente a un (1) SLMLV y 13 mesadas al año, como lo determinó el a quo, sin que estos dos últimos aspectos hubiesen sido objeto de apelación.

En virtud de lo anterior, se revocará la condena por concepto de indexación, así como la declaración parcial de prescripción y la orden de pago de retroactivo pensional. En todo lo demás, la sentencia de primer grado será confirmada».

Descargue el documento en el siguiente enlace: SL1026-2023
[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/reiteraciones DL/SL1026-2023.pdf»]

SL355-2023

«[…] el sentenciador de alzada confirmó la decisión de conceder la pensión de sobrevivientes a la demandante, en calidad de madre de crianza del afiliado fallecido. A partir de lo adoctrinado en sentencia CSJ SL1939-2020, consideró que los lazos de consanguinidad entre la actora y el fallecido, no podían erigirse como generadores de un trato discriminatorio dentro del entorno familiar escogido.
La censura rebate la anterior conclusión. Considera que la actora no ostenta la calidad de madre de crianza, dado el vínculo de consanguinidad que la unía a su nieto fallecido. Asevera que la familia ampliada debe conformarse de hecho, que no por lazos parentales, de suerte que la abuela no se halla enlistada como beneficiaria de la prestación en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
Esta Sala de la Corte no tiene inconveniente para anticipar el fracaso de la tesis planteada por la impugnante, construida desde un entendimiento literal y plano del precepto legal recién mencionado.
Si bien, la jurisprudencia ha reconocido la calidad de padres de crianza a personas ajenas al núcleo familiar, a partir de la existencia de lazos de afecto forjados desde temprana edad, sobre la base de la dedicación a construir un entorno filial cimentado en el amor y el cuidado, no es menos cierto que también ha proclamado que dicho papel ha sido asumido por parientes cercanos, de su misma línea de consanguinidad, como tíos y abuelos. A estos, ha dicho la Sala, se les debe garantizar el acceso a las prestaciones sociales y de la seguridad social que causa el hijo o hija de crianza. En sentencia CSJ SL1939-2020, adoctrinó:
“La realidad es dinámica, y ahora no se puede negar que la familia está involucrada en esos cambios marcados por la forma como las personas se relacionan y se proyectan, precisamente, eso ha llevado a que se reconozcan diversas formas de conformación de esta institución esencial, todas caracterizadas por lazos de afecto que unen a sus miembros por encima de cualquier formalidad.
Así, tal como lo ha explicado la Corte Constitucional, son frecuentes las familias conformadas por tíos y sus sobrinos, abuelos a cargo de sus nietos, madres o padres cabeza de familia, que por alguna razón personal o económica, tienen que asumir el cuidado y protección de sus hijos, parejas que sus miembros pasan de un estado de soltería a un nuevo vínculo de comunidad de vida, aportando los hijos de anteriores relaciones, o simplemente, por situaciones aleatorias, personas que se encuentran en sus designios, y son marcados por sentimientos altruistas, generándose roles propios de una familia tradicional, que ante la sociedad se ven como tal, es decir, una serie de relaciones en las cuales sus integrantes encuentran armonía, desarrollo, protección y bienestar, que merecen el reconocimiento social, pero también del Estado.
Pero no sólo ello, pues este tipo de familia que se genera a partir de los lazos de solidaridad y afecto, normalmente –no exclusivamente- se gesta en los albores de la vida del ser humano, es decir, en la niñez, infancia o adolescencia, cuando apenas se establecen las bases para el desarrollo, y es ahí cuando más se necesita de la institución básica de la sociedad, independientemente del tipo de estructura que la conforme, para ayudar a constituir y consolidar esos pilares cognitivos, emocionales y sociales.
Por esa razón, la jurisprudencia constitucional, replicada igualmente por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, partiendo de la base de que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, y resaltando el derecho fundamental (art. 42, 44 y 45 C.P.) a pertenecer a esta célula esencial, y a no ser separados de ella –salvo casos excepcionales regulados en la Ley, en función del interés superior de aquél, y ante inminente riesgo de una vulneración a sus derechos-, recibir protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, explotación laboral o económica, maltrato y abuso sexual, lo mismo que el cuidado y el amor necesarios para lograr un desarrollo armónico y una formación íntegra, cometidos que debe garantizar el Estado, ha establecido que ello no sólo se logra con el exclusivo reconocimiento y protección a la familia biológica o por adopción, sino igualmente, la que se crea con la crianza, pues se repite, lo importante es que se genere el ambiente óptimo para que el niño, niña o adolescente –art. 2 del Código de Infancia y Adolescencia- pueda desenvolverse en las distintas fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y afectivo.
Entonces, si un niño, niña o adolescente no tiene su familia biológica, o no se cumple la formalidad de la adopción, pero ha sido acogido por otro miembro, consanguíneo o no, y con él o ellos ha sido protegido durante cierto tiempo, lo necesario para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre esos integrantes, y ha dispensado al Estado de asumir residualmente esa tarea ante dicho abandono inicial, sería una contradicción, que frente a ese compromiso y solidaridad de quien quiso asumir el rol paterno o materno, posteriormente, no pueda ser protegido con las prestaciones del régimen jurídico, a efectos de mantener esa relación familiar”.
Lo transliterado es suficiente para colegir que la decisión del Tribunal se ajustó a lo adoctrinado por esta Corporación sobre la materia, en la medida en que la pensión fue reconocida a la actora en calidad de madre de crianza, que no como abuela del afiliado, como pareció entenderlo el recurrente. De esta suerte, la demandante acreditó la calidad exigida por el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la prestación económica».

Descargue el documento en el siguiente enlace: SL355-2023

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/reiteraciones DL/SL355-2023.pdf»]

SL 646-2023

«[…] el problema jurídico que la Corte debe afrontar consiste en definir si el Tribunal se equivocó al juzgar que, a pesar de estar probada la prestación personal del servicio, esta no correspondía a un contrato de trabajo desarrollado bajo la ley colombiana, pues halló que el nexo originario entre las partes no quedó roto y que la subordinación provenía de la casa matriz de la demandada y de sus sucursales ubicadas en el exterior, lo que le permitió desestimar las pretensiones de la demanda inicial.

Desde otra perspectiva, el recurrente acusa como no valorados, tanto el certificado de existencia y representación legal de Welltec Latin America APS Sucursal Colombiana, anexo a la demanda inicial, así como otra versión aportada por la accionada con la contestación de la demanda. Ante ello, observa la Corte que la sala de instancia valoró la segunda copia de ese documento al referirse a la fecha en la que empezó a existir la sucursal local de la accionada, precisamente para decir que, antes de esa data (24 de marzo de 2011) no tenía sentido decir que esta empresa era la empleadora del recurrente, de modo que no puede aceptarse que haya dejado de ver su contenido.

A lo expuesto se suma que, probada la existencia de la nueva sucursal, independiente de otras que ya tenía la matriz, no puede deducirse nada útil para el trabajador, pues el ad quem concluyó, con acierto, que era imposible tener por empleadora a la agencia colombiana durante el tiempo anterior a su fecha de inicio de negocios, y que, tras esa data, no se demostró que las órdenes y remuneración provinieran de la entidad que señala el censor como su contratante, dado que él no pudo probar el finiquito del contrato que pactó en México, por el cual llegó a Colombia para montar la sede local de la compañía.

En cuanto a la copia de la escritura pública 00701 del 1 de abril de 2011, levantada en la Notaría 16 de Bogotá, que contiene el poder general otorgado por Thomas Bekkevold, representante de Welltec Latin America APS Sucursal Colombiana al recurrente, su existencia no significa que exista un contrato de trabajo nacido en Colombia, pues lo que surge de ese instrumento es que se autorizó al demandante inicial para representar a la sucursal de este país ante sus autoridades y en sus negocios, sin que ello denote un nexo laboral directo con la empresa, máxime cuando el otorgante no solo era el representante principal de la sucursal colombiana, sino que también era directivo de ella a nivel internacional, pues estaba radicado en Brasil y, salvo ese poder, sus mandatos los ejercía desde el extranjero. Por lo tanto, no se configuran los errores fácticos achacados al Tribunal, dado que de esa escritura no se derivan consecuencias como las que esgrime la censura.

Tampoco es viable casar la sentencia a partir del examen de las traducciones de la carta de aceptación de la renuncia presentada por Botero Porras el 27 de mayo de 2011, firmada por Thomas Bekkevold como representante legal de Welltec Latin America APS Sucursal Colombiana, y de la misiva de incremento del salario base, del 28 de febrero de «1994» —que en realidad es de 2011— firmada por Brian Schwanitz, vicepresidente de Welltec Latinoamérica.

En cuanto a la primera, el hecho de que no se mencione el contrato con la sucursal mexicana, del que partió el Tribunal, no significa que este no existiera. Es más, la confusión pudo causarla el mismo accionante, por haber presentado la renuncia ante el representante legal de la sucursal colombiana, al tiempo que envió copias de esa manifestación a otros directivos de la empresa, alrededor del mundo, como puede verse en el correo electrónico que contiene la carta de renuncia y como se señaló en el escrito de réplica, de modo que la aceptación de su renuncia, así no mencione explícitamente el contrato que encontró probado el Tribunal, tampoco valida la existencia del que pregona el actor. Por el contrario, quien acepta es un alto directivo de la empresa, el representante legal de la sucursal colombiana, pero no por ello está reconociendo que las labores ejecutadas hubieran sido reguladas por la ley del trabajo de este país.

En punto del segundo documento, fuera de que el recurrente no refutó la inferencia del Tribunal relativa a que esa carta es anterior a la existencia de la sucursal colombiana, sí indica que se llevaron a cabo labores en el territorio colombiano, pero ello no permite derivar que el único contrato posible hubiese mutado su domicilio a Colombia, pues con ese contenido no se destruye la conclusión de que, ante la ausencia de prueba de la terminación del contrato mexicano, otro hubiera operado durante el tiempo en que aún no existía una sede local. De esa suerte, el documento en cuestión no indica que las partes estaban atadas por un contrato distinto del que dedujo el juez de apelaciones. En todo caso, un aumento salarial por haber sido exitosa su gestión en nuestro país no implica que el contrato se haya debido ajustar a las leyes nacionales, máxime cuando el actor no probó la real terminación del convenio laboral pactado en México.

Conviene mencionar que, en general, el cargo apunta a que todas las pruebas permiten deducir que se desarrolló un contrato laboral en Colombia, hecho no discutido, pero que no implica que las funciones desempeñadas por el trabajador deban estar, necesariamente, atadas a un contrato de trabajo regulado por la ley colombiana. Dicha conclusión no solo fue producto de las deducciones probatorias del juez de la alzada, sino que también llegó a ese desenlace a partir de la interpretación jurisprudencial de esta Corte sobre la aplicación de la ley en nuestro territorio, pero como ese fundamento jurídico no fue objeto de debate, solo queda por decir que los hallazgos probatorios se ajustaron a ese entendimiento normativo, por lo cual, no fue debida y completamente atacada la sentencia confutada.

En cuanto al tercer error fáctico, cuya demostración se sirve de prueba similar a la analizada, debe decirse que el Tribunal no dedujo que la empleadora lo fuera la rama colombiana de Welltec desde el 24 de marzo de 2011; esa fue una hipótesis con la que ilustró que, en todo caso, si así se aceptara, el finiquito del contrato de origen mexicano, regido por leyes extranjeras, no se probó, de manera que no puede extraerse que se haya cometido un error de apreciación cuando la supuesta conclusión fue una mera conjetura usada para ejemplificar un desenlace similar al que se produjo con la sentencia que analizaba el ad quem.

Sobre el cuarto y último yerro denunciado, que se contrae a que el juez plural dedujo que no era aplicable la legislación colombiana al contrato que unió a los litigantes, baste decir que la comisión del supuesto dislate se funda en una fallida apreciación del certificado de existencia y representación de la sucursal colombiana de la demandada, cuando ese documento no da cuenta de un nexo laboral con el recurrente y, si le sirvió al Tribunal para proponer una hipótesis similar a la que se explicó en el tercer error, no lo fue para encontrar un nuevo contrato laboral con la accionada, de manera que no se puede aceptar que esa suposición haya basado la decisión final, que confirmó la absolución impuesta por el a quo.

No sobra recordar que el artículo 2.º del CST, que empleó el juez de segundo grado, consagra la aplicación de las disposiciones de dicho código para las relaciones laborales ejecutadas en Colombia. Sin embargo, en eventos excepcionales, si el juez encuentra que las actividades fueron contratadas y dispuestas en el exterior, al tiempo que se cumplieron bajo órdenes procedentes del extranjero, es plausible y viable que forme su convencimiento y defina que las de Colombia no son las disposiciones reguladoras de ese caso, como ocurrió en este proceso, máxime cuando halló un contrato regulado por una ley diferente de la colombiana, claro está, porque su negociación y suscripción no se dieron en este país. En la sentencia CSJ SL4759-2021, por ejemplo, la Sala decidió de manera similar, por tratarse de un contrato de trabajo pactado en el exterior y que quedaba explícitamente regulado por leyes extranjeras:

“[…] no habrá lugar a casar la sentencia, en la medida en que, escuchado el fallo del a quo y la apelación del demandante, se encuentra que la Sala estaría imposibilitada para conceder las prestaciones reclamadas. En la medida en que su reconocimiento se halla sometido a una legislación ajena ordenamiento nacional, cuyo contenido se desconoce”.

En esos términos, no se casará la sentencia de segunda instancia, ante el fracaso del ataque planteado».

Descargue el documento en el siguiente enlace: SL646-2023

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/reiteraciones DL/SL646-2023.pdf»]