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Bogotá, D.C., jueves 14 de septiembre de 2023. Se informa al público que la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cuenta con los siguientes correos electrónicos para la radicación de las acciones de tutela que sean de competencia de esta Sala: 

• recepcionprocesospenal@corteprema.gov.co 
• secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co 

Adicional a los canales digitales propios que se encuentran totalmente operativos, las instalaciones de la Secretaría de la Sala se encuentran abiertas en el horario habitual para la atención al público, recepción de memoriales, correspondencia y demandas de tutelas. 

Así mismo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cuenta con el portal “Ecosistema Digital Acciones Virtuales (ESAV)”, en el que se registran todas las actuaciones de cada expediente, el cual está prestando su normal funcionamiento, y por lo tanto, pueden consultar sus procesos a través del portal web de la Corte Suprema de Justicia:

• https://cortesuprema.gov.co/corte/indez.php/consulta-de-procesos/

También se pueden hacer consultas en la dirección habilitada por el Consejo Superior de la Judicatura.

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=arwcqu%2f0dA%2bjYt%2fIngjhe4X8%2bwA%3d

Bogotá, D.C., miércoles 13 de septiembre de 2023. Frente a la persistencia del asedio terrorista contra jueces y fiscales del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), la Corte Suprema de Justicia demanda una respuesta interinstitucional urgente de las autoridades competentes y los organismos de seguridad y protección del Estado.

La solución idónea y oportuna a esta grave situación, observada en atentados como el perpetrado la noche del 12 de septiembre contra la sede de los juzgados penales de Tuluá, debe comprender la garantía de la vida e integridad de los servidores judiciales amenazados, el ejercicio autónomo e independiente de la función judicial en todo el país y la salvaguarda de las sedes de la justicia.

La Corte reitera el llamado público formulado hace dos semanas, para que se atiendan con prontitud las medidas de protección solicitadas por los servidores judiciales ante los actos violentos de intimidación, así como la priorización de las investigaciones y judicialización de los integrantes de las bandas criminales responsables.

La Rama Judicial confía en la acción conjunta y coordinada de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional, para enfrentar con decisión las amenazas violentas contra la independencia judicial y el Estado de Derecho.

Bogotá, D. C., 11 de septiembre de 2023. Mediante el Acuerdo 008 de 2023, los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado anunciaron este lunes los resultados de las pruebas de conocimientos específicos y competencias generales presentadas ayer por los aspirantes al cargo de Registrador Nacional del Estado Civil.

Tras excluir a los participantes que no superaron la evaluación de conocimientos, según las reglas de la Convocatoria del concurso de méritos especial, en el Acuerdo 008 proceden a publicar las calificaciones de las pruebas de competencias de los concursantes que continúan en el proceso de escogencia del alto cargo.

Sumados los resultados de las dos pruebas y en orden estrictamente descendente, los siguientes son los aspirantes a Registrador Nacional del Estado Civil cuyos puntajes logrados los mantienen en el concurso especial de méritos:

1. VIRGILIO ALMANZA OCAMPO
2. JOAQUÍN JOSÉ VIVES PÉREZ
3. CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
4. JAIME HERNANDO SUÁREZ BAYONA
5. ARMANDO NOVOA GARCÍA
6. ORLANDO MUÑOZ NEIRA
7. JOSÉ DARÍO CASTRO URIBE
8. HERNÁN PENAGOS GIRALDO
9. WILLIAM MAURICIO OCHOA CARREÑO
10. NERIO JOSÉ ALVIS BARRANCO

Consulte el texto completo del ACUERDO 008 DE 2023 en Convocatoria del concurso de méritos especial

Bogotá, D. C., domingo 10 de septiembre de 2023. En las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado realizaron este domingo las pruebas de conocimientos específicos y competencias generales a los aspirantes al cargo de Registrador Nacional del Estado Civil. 

Los resultados de las evaluaciones presentadas se darán a conocer en los términos previstos en la Convocatoria del concurso de méritos especial, establecidos mediante el Acuerdo 002 de 2023.

Como se advirtió el pasado 28 de agosto, el examen se practicó a los candidatos que acudieron, de manera oportuna y cumplida, a las pruebas programadas para ser realizadas el 26 de agosto.

Bogotá, D.C., jueves 31 de agosto de 2023. Como un símbolo que ha acompañado al poder judicial a lo largo del último siglo y que representa los valores que sostienen a la administración de justicia en Colombia, las cariátides -dos estatuas de mujer que hoy custodian el Palacio de Justicia de Bucaramanga-, fueron reconocidas por su valor como Patrimonio Cultural de Colombia, por parte del Ministerio de Cultura. 

Este reconocimiento se hizo este jueves en un acto solemne organizado por la Corte Suprema de Justicia en el marco del XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria ‘la Justicia en el Mundo Actual’. 

El reconocimiento fue entregado por el viceministro de Cultura, Jorge Zorro Sánchez, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena. 

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, también hizo un reconocimiento sobre estas dos obras, cuya historia se remonta a la década de los 30, cuando Félix María Otálora, un pintor y escultor oriundo de Chiquinquirá (Boyacá), elaboró las estatuas para que hicieran parte de la fachada del primer Palacio de Justicia de Bogotá, ubicado en la calle 11 con carrera 6.  

En el evento participaron todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Bucaramanga, invitados especiales y tuvo la participación de la destacada poeta santandereana, Natalia Londoño, quien declamó el poema ‘Nuestras Búcaras Cariátides’. 

En el Palacio de Justicia de Bucaramanga también se realizó este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en donde se hizo la imposición de escudos al magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, quien asumió funciones en la Sala de Casación Penal.

Bogotá, D.C., martes 29 de agosto de 2023. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Cesar Rodrigo Canoso Guerrero a una pena de 4 años y 6 meses, por el delito contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También fue condenado a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 66 meses, 21 días; y al pago de una multa de $46.076.288 pesos.

Los hechos por los cuales fue juzgado y condenado en primera instancia tienen que ver con actos ejecutados cuando se desempeñaba como gobernador del Cesar, en el periodo entre el 26 de julio del año 2007 y el 20 de diciembre de ese mismo año. De acuerdo con la sentencia condenatoria, en ese cargo tramitó y celebró los convenios 449 y 500 de 2007, con las fundaciones Funarkgo ONG y la Administradora Pública Grupo APC, respectivamente, violando los principios de transparencia y selección objetiva.

El primer convenio, el 449 de 2007, tenía como objeto dotar de material biográfico a los centros educativos del Cesar. Y con el convenio 500 de 2007 se buscaba equipar a las salas de informática de las sedes de educación básica primaria del sector oficial en el departamento. De acuerdo con la sentencia condenatoria, estos dos convenios se realizaron sin que se certificara la experiencia e idoneidad de las entidades contratistas.

“(…) A pesar de estar tramitando dos convenios que demandaban la destinación de cuantiosos recursos del departamento, dirigidos a la sensible misión de mejorar la calidad del servicio de educación de la población estudiantil Cesarense, no dispuso acto alguno de verificación para comprobar la idoneidad de las empresas contratantes, en especial si su objeto social guardaba relación con el cometido contractual, lo cual condujo a celebrarlos con ONG’S no idóneas para el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos”, señala la condena.

Con las pruebas aportadas en el proceso, la Sala Especial de Primera Instancia encontró demostrado que se desconocieron los requisitos legales al escoger el modelo y tipo de contratación. Como el objetivo de esos contratos era la compra de bienes, y no estaban dirigidos al cumplimiento del objeto social de cada entidad contratista, no podían ser celebrados bajo la modalidad de convenios de asociación -establecida en el artículo 355 de la Constitución y el decreto 777 de 1992-, los cuales facultan a los entes territoriales a celebrar contratos con fundaciones, ONG y entidades privadas sin ánimo de lucro.

La Sala determinó que esos contratos constituían una auténtica compraventa, de importante cuantía, y eran proyectos que correspondían a funciones propias de la entidad estatal, por lo cual debieron haber sido celebrados bajo las reglas del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.

La Sala Especial de Primera instancia encontró que, mediante la contratación irregular, se aludieron las modalidades contractuales que exigía la ley, y como consecuencia de ello, se violaron los principios de legalidad, selección objetiva, transparencia y responsabilidad de la contratación administrativa.

“(…) se produjo una efectiva y grave lesión al bien jurídico tutelado, pues el aforado en ejercicio de su función atentó contra el Estado que representaba y defraudación a la administración pública y en especial a la confianza de la comunidad del departamento del Cesar, en especial a los niños y adolescentes escolarizados, al suscribir dichos convenios que violaron principios de la administración”, enfatiza la sentencia condenatoria, contra la cual procede el recurso de apelación.

La decisión cuenta con una aclaración de voto conjunta de dos magistrados.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP111-2023: