Bogotá D. C., jueves 26 de febrero de 2026. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Efraín Torrado García por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo, a las penas de 104 meses más un día de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 109 meses, 12 días y multa de $1.500 s.m.l.m.v.

Así mismo, fue condenado por concepto de indemnización de perjuicios al pago de la suma de $28.146.097.432 a favor del Distrito de Bogotá.

Se negó al sentenciado los mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria; sin embargo, se concedió la sustitución de la ejecución de la pena de conformidad con el artículo 471 de la Ley 600 de 2000 (tiene 77 años), para lo cual deberá prestar caución prendaria en cantidad equivalente a 1 s.m.l.m.v. y la suscripción de diligencia de compromiso en donde se comprometa a cumplir las exigencias del artículo 38-4 B de la Ley 599 de 2000 una vez adquiera ejecutoria la sentencia.

La investigación está relacionada con el denominado ‘carrusel de la contratación en Bogotá’, que involucra la suscripción irregular de contratos en la mayoría de las entidades de la capital, entre estas la Secretaría de Integración Social del Distrito (SDIS), durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas (2008-2011), en la cual se celebraron contratos y convenios con el “grupo empresarial Torrado”, controlado por el entonces senador Efraín Torrado García, a través de integrantes de su núcleo familiar o terceras personas, con el objeto de suministrar la canasta alimentaria  distrital de familias y personas en vulnerabilidad social.

Torrado García con el fin de lograr la adjudicación de los actos jurídicos en el primer semestre de 2009, acordó con el ingeniero Héctor Julio Gómez González, contratista del Distrito y patrocinador político-económico de Mercedes Del Carmen Ríos Hernández, Secretaria de la SDIS, el pago de una comisión equivalente al 6% del valor de los contratos que fueran asignados al grupo empresarial, suma que el congresista pagó a Gómez González a medida que se fueran suscribiendo, logrando la adjudicación de los convenios y contratos n°. 1982, 4119, 4120, 4121, 4122, 4356, 3664, 4054, 4515 de 2009, 3621, 3622, 1575 y 3437 de 2010, 1530 y 2273 de 2011.

“Dada su formación profesional como abogado, su experiencia en cargos directivos de entidades privadas y su condición de congresista, lo cual exige de excelsas cualidades de transparencia para su ejercicio pues en su cabeza estaba la misión de contribuir con el logro del interés general; sin duda tenía plena conciencia de la antijuridicidad de su conducta, como conocimiento de temas políticos y jurídicos, por lo que estaba en capacidad de comprender la ilicitud y de determinarse de acuerdo con ella”, se lee en la sentencia.

Ver la sentencia: SEP021-2026