Categoría: Historia

Bogotá, D. C., domingo 10 de septiembre de 2023. En las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado realizaron este domingo las pruebas de conocimientos específicos y competencias generales a los aspirantes al cargo de Registrador Nacional del Estado Civil. 

Los resultados de las evaluaciones presentadas se darán a conocer en los términos previstos en la Convocatoria del concurso de méritos especial, establecidos mediante el Acuerdo 002 de 2023.

Como se advirtió el pasado 28 de agosto, el examen se practicó a los candidatos que acudieron, de manera oportuna y cumplida, a las pruebas programadas para ser realizadas el 26 de agosto.

Bogotá, D.C., jueves 31 de agosto de 2023. Como un símbolo que ha acompañado al poder judicial a lo largo del último siglo y que representa los valores que sostienen a la administración de justicia en Colombia, las cariátides -dos estatuas de mujer que hoy custodian el Palacio de Justicia de Bucaramanga-, fueron reconocidas por su valor como Patrimonio Cultural de Colombia, por parte del Ministerio de Cultura. 

Este reconocimiento se hizo este jueves en un acto solemne organizado por la Corte Suprema de Justicia en el marco del XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria ‘la Justicia en el Mundo Actual’. 

El reconocimiento fue entregado por el viceministro de Cultura, Jorge Zorro Sánchez, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena. 

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, también hizo un reconocimiento sobre estas dos obras, cuya historia se remonta a la década de los 30, cuando Félix María Otálora, un pintor y escultor oriundo de Chiquinquirá (Boyacá), elaboró las estatuas para que hicieran parte de la fachada del primer Palacio de Justicia de Bogotá, ubicado en la calle 11 con carrera 6.  

En el evento participaron todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Bucaramanga, invitados especiales y tuvo la participación de la destacada poeta santandereana, Natalia Londoño, quien declamó el poema ‘Nuestras Búcaras Cariátides’. 

En el Palacio de Justicia de Bucaramanga también se realizó este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en donde se hizo la imposición de escudos al magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, quien asumió funciones en la Sala de Casación Penal.

Bogotá, D.C., martes 29 de agosto de 2023. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Cesar Rodrigo Canoso Guerrero a una pena de 4 años y 6 meses, por el delito contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También fue condenado a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 66 meses, 21 días; y al pago de una multa de $46.076.288 pesos.

Los hechos por los cuales fue juzgado y condenado en primera instancia tienen que ver con actos ejecutados cuando se desempeñaba como gobernador del Cesar, en el periodo entre el 26 de julio del año 2007 y el 20 de diciembre de ese mismo año. De acuerdo con la sentencia condenatoria, en ese cargo tramitó y celebró los convenios 449 y 500 de 2007, con las fundaciones Funarkgo ONG y la Administradora Pública Grupo APC, respectivamente, violando los principios de transparencia y selección objetiva.

El primer convenio, el 449 de 2007, tenía como objeto dotar de material biográfico a los centros educativos del Cesar. Y con el convenio 500 de 2007 se buscaba equipar a las salas de informática de las sedes de educación básica primaria del sector oficial en el departamento. De acuerdo con la sentencia condenatoria, estos dos convenios se realizaron sin que se certificara la experiencia e idoneidad de las entidades contratistas.

“(…) A pesar de estar tramitando dos convenios que demandaban la destinación de cuantiosos recursos del departamento, dirigidos a la sensible misión de mejorar la calidad del servicio de educación de la población estudiantil Cesarense, no dispuso acto alguno de verificación para comprobar la idoneidad de las empresas contratantes, en especial si su objeto social guardaba relación con el cometido contractual, lo cual condujo a celebrarlos con ONG’S no idóneas para el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos”, señala la condena.

Con las pruebas aportadas en el proceso, la Sala Especial de Primera Instancia encontró demostrado que se desconocieron los requisitos legales al escoger el modelo y tipo de contratación. Como el objetivo de esos contratos era la compra de bienes, y no estaban dirigidos al cumplimiento del objeto social de cada entidad contratista, no podían ser celebrados bajo la modalidad de convenios de asociación -establecida en el artículo 355 de la Constitución y el decreto 777 de 1992-, los cuales facultan a los entes territoriales a celebrar contratos con fundaciones, ONG y entidades privadas sin ánimo de lucro.

La Sala determinó que esos contratos constituían una auténtica compraventa, de importante cuantía, y eran proyectos que correspondían a funciones propias de la entidad estatal, por lo cual debieron haber sido celebrados bajo las reglas del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.

La Sala Especial de Primera instancia encontró que, mediante la contratación irregular, se aludieron las modalidades contractuales que exigía la ley, y como consecuencia de ello, se violaron los principios de legalidad, selección objetiva, transparencia y responsabilidad de la contratación administrativa.

“(…) se produjo una efectiva y grave lesión al bien jurídico tutelado, pues el aforado en ejercicio de su función atentó contra el Estado que representaba y defraudación a la administración pública y en especial a la confianza de la comunidad del departamento del Cesar, en especial a los niños y adolescentes escolarizados, al suscribir dichos convenios que violaron principios de la administración”, enfatiza la sentencia condenatoria, contra la cual procede el recurso de apelación.

La decisión cuenta con una aclaración de voto conjunta de dos magistrados.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP111-2023:

Bogotá, D.C., lunes 14 de agosto de 2023. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a los exgobernadores de Magdalena Ómar Ricardo Diazgranados Velásquez y Francisco José Infante Vergara por irregularidades en contratos del departamento para la construcción de una piscina olímpica en Santa Marta, los cuales terminaron convertidos en obras inconclusas y abandonadas.

El exgobernador Diazgranados Velásquez fue condenado como autor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a las penas de 11 años, 8 meses y 21 días de prisión, y al pago de una multa de $266.370.846 más 59.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 142 meses y 9 días, y fue condenado a la inhabilitación intemporal del inciso quinto del artículo 122 de la Carta Política.

Y el exgobernador encargado Infante Vergara fue condenado como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a las penas de 4 años y 4 meses de prisión, al pago de una multa de 56.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 63.4 meses. De otro lado, el señor Infante Vergara fue absuelto por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en hechos relacionados con el contrato 359 de 2007.

De acuerdo con la sentencia condenatoria, en 2007, siendo gobernador encargado del Magdalena, Francisco José Infante Vergara tramitó el contrato 363 de 2007 con la empresa Unión Temporal Vala Ingeniería, con el fin de ejecutar obras para la adecuación y reparación de la piscina olímpica José Benito Vives de Andreis, de la ciudad de Santa Marta. Ese contrato fue suscrito sin que se cumplieran los requisitos legales, el 9 de noviembre de ese año, por un valor de $259.702.808.

Entre las irregularidades, se encontró que ese negocio jurídico se adelantó sin que se tuviera una licencia de construcción, sin contar con estudios, diseños y presupuesto, y con un fraccionamiento del contrato. También se realizó sin hacer una licitación, incurrió en inconsistencias en el manejo de los anticipos y las obras ejecutadas finalmente no sirvieron. Lo poco que se construyó de la piscina olímpica terminó deteriorado y tuvo que ser demolido.

La sentencia condenatoria también señala que cuando Ómar Ricardo Diazgranados fue elegido gobernador del departamento del Magdalena -cargo que ejerció desde enero de 2008 hasta diciembre de 2010-, pese a que estaba enterado de las irregularidades técnicas y administrativas de los contratos 359 y 363 de 2007 para la piscina olímpica, no solo cambió el objeto del contrato sino que autorizó el pago de actas parciales, que se girara el anticipo de la adición y se pagara el saldo final del contrato de obra número 363. Todo esto por un valor de $340.211.850, pese a que la obra no había sido culminada ni estaba prestando ningún servicio a la comunidad.

El entonces gobernador Diazgranados también ordenó irregularmente pagar el saldo del contrato de suministro 359, por $56.010.400, pagando en total $113.479.035.

“El resultado de todo esto fue, sin duda alguna, comprendido por el procesado, quien a pesar de ello no se detuvo y produjo el resultado cambiando el objeto de lo contratado y liquidando una contratación irregular, autorizando pagos por obras no realizadas, serias irregularidades que constan en los distintos informes de policía judicial y que se cumplieron en una secuencia tal que permite suponer fundadamente que todo fue perfectamente calculado para permitir que los particulares se apropiaran de los recursos destinados para el suministro de los equipos de la piscina y para la obra de reparación y adecuación de la misma”, señala la sentencia condenatoria de primera instancia.

La sentencia, contra la cual procede el recurso de apelación, tuvo dos salvamentos parciales de voto y una aclaración.

Consulte aquí el contenido completo de la sentencia SEP105-2023:

Bogotá, D.C., viernes 30 de junio de 2023. El exsenador y expresidente del Congreso de la República, Arturo Char Chaljub, compareció este viernes 30 de junio de 2023, de manera virtual, a rendir indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Antes de iniciar el respectivo interrogatorio, el procesado decidió renunciar a su derecho a responder las preguntas y se acogió a la garantía constitucional y legal de guardar silencio, aduciendo que tanto en su versión libre como en sus diversas intervenciones procesales ya había suministrado argumentos suficientes y similares a los que podría exponer durante la diligencia.

En tal contexto, el magistrado instructor de este caso le precisó al señor Char Chaljub que, tras acogerse en su indagatoria al derecho a guardar silencio, a partir la fecha se le considera formalmente vinculado al proceso penal. La Corte le formuló al exsenador la respectiva imputación personal, fáctica y jurídica provisional, por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado, con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58 numeral 9 de la ley 600 de 2000, en atención a la posición que Arturo Char ostentaba en la sociedad al momento de cometer presuntamente los delitos investigados, por su cargo, posición económica y condición de líder político.

En la imputación fáctica se le precisó a Arturo Char Chaljub que los medios de conocimiento incorporados hasta el momento a la actuación, muestran que supuestamente promovió una estructura ilegal de compra de votos en el marco de las elecciones al Congreso celebradas el 11 de marzo de 2018.

Tras cumplirse la diligencia de indagatoria, le corresponde ahora a la Sala Especial de Instrucción definir la situación jurídica del procesado.

Bogotá, D.C., jueves 22 de junio de 2023. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander, quien en su otrora condición de Secretario de Infraestructura del mismo ente territorial fue acusado por la Sala Especial de Instrucción por los posibles delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. 

Los hechos objeto de investigación y posterior juzgamiento tienen que ver con la suscripción que Carrillo Mendoza, como secretario de Infraestructura, hizo el 15 de octubre del 2008 del acta de liquidación del contrato de obra No. 109 de 2007, el cual tuvo como propósito mejorar 3.8 kilómetros de los 19 que componían la vía Lourdes-Gramalote.  

De acuerdo con la acusación, en esa acta el entonces secretario incumplió las obligaciones que le imponía el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto No. 091 de 2008, pues omitió incluir salvedades o dejar constancias sobre las observaciones que había hecho un ingeniero y geotécnico sobre el estado de la obra, relacionadas con el deterioro de la vía, hundimiento, agrietamiento y desbancada de la carpeta asfáltica.  

Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia encontró que Carrillo Mendoza no incumplió ningún deber al no consignar dichas salvedades ni faltó a la verdad en ese documento, pues el objeto del contrato era el mantenimiento del tramo de la vía contratado y no incluía obras de mayor envergadura.  

Es decir, en el proceso quedó demostrado que las fallas de la vía no eran imputables a la constructora, y las obras de estabilización que recomendaba el estudio geotécnico -realizado con posterioridad-, no guardaban relación con el objeto del contrato, sino que constituían obras a futuro de gran envergadura y costo, cuya ejecución no se le podía exigir a la constructora, precisamente por su naturaleza y magnitud. 

En tal medida, la sentencia absolutoria tuvo en cuenta que la liquidación contractual de carácter bilateral se debía limitar al objeto del contrato, que en este caso tenía como propósito mejorar la transitabilidad de la vía, y no contemplaba obras de estabilización definitivas o permanentes que no fueron pactadas.  

 “Si la liquidación contractual de carácter bilateral, se traduce en el acuerdo entre las partes para determinar el estado general de ejecución de las obligaciones a cargo y su resultado de cara a hacer los reconocimientos necesarios y dar por concluida la relación jurídica, resulta comprensible que en el acta de liquidación del contrato 109 de 2007, el Secretario de Infraestructura no consignara alguna salvedad, pues se insiste, se acotaba específicamente al objeto de lo que fue contratado”, señala la providencia, contra la cual procede el recurso de apelación.  

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP080-2023:

Bogotá, D.C., miércoles 21 de junio de 2023. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a los exgobernadores de Guainía, Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, quienes llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptaron su responsabilidad por haber conformado una organización ilícita con un grupo de personas para llevar a cabo un plan criminal para controlar, manipular y direccionar la contratación del departamento. 

Los exgobernadores aceptaron cargos en múltiples hechos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, peculado por apropiación, cohecho propio, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos y fraude procesal.

Al encontrar que se desvirtuó plenamente su presunción de inocencia, la Sala de Primera Instancia condenó a Óscar Armando Rodríguez Sánchez a 11 años y 3 meses de prisión; y a Javier Eliécer Zapata Parrado a 9 años y un mes de prisión.  La multa impuesta contra Rodríguez Sánchez es de 4.103 millones de pesos y 2.212 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras la multa contra Zapata Parrado es de 2.036 millones de pesos y 2.152 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

“La abundante evidencia allegada, da cuenta de las relaciones políticas, económicas y sociales existentes entre Javier Eliécer Zapata Parrado y Óscar Armando Rodríguez Sánchez, que les permitió con conocimiento y voluntad llevar a cabo multiplicidad de conductas contra la administración pública, a través de la manipulación de la actividad contractual con el fin de afectar patrimonialmente el departamento de Guainía en provecho propio y de terceros”, señala la sentencia condenatoria.  

En la providencia la Sala de Primera Instancia también determinó que los exgobernadores cumplieron su promesa de reintegrar al menos la mitad del incremento patrimonial percibido con sus delitos y asegurar el recaudo del resto, requisitos necesarios para poder recibir la rebaja de la mitad de la pena. 

En el caso del exgobernador Óscar Armando Rodríguez, transfirió a nombre del departamento de Guainía bajo la figura de dación en pago el derecho de dominio sobre el predio “El Paraíso”, ubicado en Cumaribo, por la suma de 6.219 millones de pesos. Y para reintegrar el pago del resto del dinero, emitió tres pagarés, cada uno por 1.553 millones de pesos. 

Por su parte, el exgobernador Javier Eliécer Zapata Parrado transfirió al departamento un inmueble rural ubicado en Puerto Carreño, Vichada, por la suma de 3.838 millones de pesos, el cual equivale al 71.05% de lo apropiado. Para garantizar el recaudo del remanente, suscribió tres pagarés, cada uno por 521 millones de pesos. 

Consulte aquí el contenido de la providencia SEP079-2023: