Bogotá, D. C., 30 de octubre de 2018. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió hoy al jurista Marco Antonio Rueda Soto como integrante de la Sala Especial de Instrucción que, por mandato del Acto Legislativo 01 de 2018, investiga penalmente a los miembros del Congreso de la República.

El magistrado Rueda Soto es egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Cuenta con cuatro especializaciones realizadas en las universidades Autónoma de Colombia, el Bosque, Externado de Colombia y La Gran Colombia, en Derecho Público, Bioética, Derecho Penal y Casación Penal, respectivamente. Juez de carrera, que inició su vida laboral como juez promiscuo municipal y luego ha sido juez de Instrucción Criminal, juez de Orden Público, juez Regional, magistrado del desaparecido Tribunal Nacional, abogado auxiliar y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación, y magistrado por concurso de méritos de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Bogotá, D. C., 25 de octubre de 2018. A partir de este jueves 25 de octubre y durante 10 días, hasta el 8 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia suspende las actuaciones procesales y los términos judiciales en trámite a cargo de la Sala Especial de Instrucción.

Así lo dispone el Acuerdo 03 emitido por la Sala Especial de Instrucción, tras explicar que a la fecha ha recibido 384 expedientes para su respectivo trámite de instrucción.

La suspensión se adoptó debido al alto número y volumen de expedientes, puesto que “la Sala de Instrucción no cuenta con la totalidad de la logística, ni con el personal suficiente para revisar los procesos tramitados por la Ley 600 de 2000 asignados a esta Sala”.

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/10/acuerdo-03-del-24-de-octubre-de-2018.pdf»]acuerdo 03 del 24 de octubre de 2018

La secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte suprema de Justicia

 

 

INFORMA

 

Que a partir de la fecha, las denuncias y los procesos procedentes de las fiscalías y otras entidades seguidos contra aforados constitucionales y legales deberán entregarse en la Secretaría de las Salas Especiales de Instrucción y Primera instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra ubicada en la siguiente dirección:

 

 CALLE 12 NO. 9 – 23, SEDE VIRREY COSTADO NORTE

SECRETARÍA OFICINA 201

Bogotá, D. C., 11 de octubre de 2018. Tras la ceremonia oficial de imposición de escudos en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, asumieron funciones los magistrados de la Sala Especial de Instrucción Cristina Lombana Velásquez, Francisco Farfán Molina, Héctor Alarcón Granobles y César Augusto Reyes Medina, así como al magistrado de la Sala Especial de Primera Instancia, Jorge Emilio Caldas Vera.

El jurista Jorge Emilio Caldas Vera es Doctor en Derecho; magíster en Ciencias Penales y Criminología; Especialista en Derecho Público; Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y Abogado de la Universidad Externado de Colombia. También es Comunicador Social y Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con más de 24 años de ejercicio profesional en donde se ha desempeñado como Asesor Jurídico externo de LIME S.A., La Previsora, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional; y socio fundador y abogado litigante, en el área penal, de “Caldas Vera Asociados”. Magistrado Auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria en la Defensoría del Pueblo. Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal ante la Corte Suprema de Justicia; y Procurador Cuarto Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal ante la Corte Suprema de Justicia. Por veinte años fue Profesor Titular de la Facultad de Derecho en el área Penal (Sustancial, Especial y Procedimental) de la Universidad Externado de Colombia. Y, en la Universidad Católica de Colombia, profesor de Especialización en Derecho Penal.

La doctora Cristina Lombana Velásquez es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia; Administración Pública en Ecole National D’Administration –ENA- y candidata a Magister en Derecho Penal de la Universidad EAFIT. Se desempeñó como Secretaria Privada del Despacho del Fiscal General de la Nación en los años 1995 y 1996. Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de intéres Social y Reforma Urbana, Inurbe. Juez de Instrucción Penal Militar en Medellín ostentando el grado de Mayor.

El doctor César Augusto Reyes Medina es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, Especializado en Derecho Penal de la UN, Derechos Humanos de la ESAP y Docencia Universitaria de la USTA, estudiante regular del Doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires-Argentina, litigante durante 30 años, Profesor Universitario por 22 años, Defensor Público y Coordinador de Barras académicas durante 23 años, , con formación académica recibida en los Estados Unidos y Puerto Rico sobre Sistema Acusatorio, Juicio Oral y Metodología de Enseñanza del Derecho. Consultor en programas de Justicia, en Panamá, Perú, México, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Colombia. Fue Conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Autor de varios textos jurídicos. Capacitador de Sistema Penal Acusatorio y juicio Oral en los cursos de formación para Defensores Públicos, Jueces, Procuradores y Profesores Universitarios. Consultor de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el Programa de Fortalecimiento de la Justicia.

El jurista Héctor Javier Alarcón Granobles es egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y especialista en Derecho Penal, y Magíster en Educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo Oficial Mayor en la Rama Judicial. Ha sido Abogado Asesor en la Procuraduría General de la Nación, y Abogado Asistente y Magistrado Auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Como profesor universitario en las universidades, Santiago de Cali, Libre de Barranquilla y Militar Nueva Granada ha sido docente de las cátedras de Procedimiento Penal y Penal Especial. Entre sus textos publicados se encuentran, Garantías Constitucionales y la prueba ilícita, y, Garantismo penal en el proceso penal acusatorio colombiano.

El doctor Francisco Javier Farfán Molina es abogado egresado de la Universidad de Los Andes y cuenta con dos especializaciones, una en la Universidad Externado de Colombia en Ciencias Penales y Criminológicas, y la otra, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Su larga carrera laboral la ha ejercido, de manera mayoritaria, en el sector público, inicialmente como abogado visitador de la Procuraduría General de la Nación. Abogado Asesor en la Defensoría del Pueblo, en donde también fue Defensor Público de la OEA. Abogado Asistente de Magistrados. Director Nacional de Investigaciones Especiales y Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, de la Procuraduría General de la Nación. En la Contraloría General de la República fue abogado asesor externo y Conjuez en la Corte Suprema de Justicia. Ha sido profesor de Derecho Penal General y Penal Especial de las Universidades Los Andes y Autónoma de Colombia. Ha publicado cuatro libros: Eutanasia, derechos humanos y Ley penal; Eutanasia, derechos fundamentales y Ley penal; Tráfico de drogas humanos y Ley penal; y Jurisprudencia disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 2ª parte (compilador).

 Bogotá, D. C., 31 de agosto de 2018. Debido a la suspensión de la actuación procesal porque no se ha agotado el trámite de recusación a los integrantes de la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, el magistrado investigador de la Corte Suprema de Justicia aplazó las indagatorias a los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Estas diligencias estaban programadas para los próximos lunes 3 y martes 4 de septiembre, respectivamente.

Adicionalmente, tan pronto sean legal y judicialmente resueltos los cuestionamientos de la defensa del senador Uribe Vélez por parte de tres magistrados distintos a los recusados (los de la Sala de Instrucción 3), los magistrados en quienes recaiga la competencia para continuar la investigación deberán responder previamente dos solicitudes: una de nulidad del proceso formulada por el representante Prada Artunduaga y, otra, de reconocimiento como parte civil presentada por el senador Iván Cepeda Castro.

Así mismo, al recibir de la Fiscalía General de la Nación los registros de audio y los últimos informes de las interceptaciones telefónicas, la Sala de Casación Penal terminó esta semana la entrega de todo el material probatorio recaudado a los abogados de los dos congresistas, para que ejerzan debida e integralmente su derecho de defensa al rendir explicaciones en las indagatorias y lo que reste del proceso.

En estas circunstancias, la Corte mantendrá suspendidas las actuaciones dentro de la investigación penal abierta por los delitos de soborno y fraude procesal contra el senador Uribe Vélez y el representante Prada Artunduaga.

En su momento, corresponderá a los funcionarios competentes fijar nuevas fechas para indagatorias y práctica de pruebas.

Bogotá, D. C., 17 de agosto de 2018. La Corte Suprema de Justicia ratificó la improcedencia del hábeas corpus de Seuxis Paucias Hernández Solarte, desmovilizado de las FARC–EP conocido como “Jesús Santrich” y detenido con fines de extradición. Acción constitucional formulada en esta segunda oportunidad por un veedor ciudadano, alegando presuntas privación y prolongación ilegal de la libertad.

En esta ocasión, el magistrado de la Sala de Casación Laboral Rigoberto Echeverri Bueno confirmó que “Jesús Santrich” puede continuar a disposición del Fiscal General de la Nación, y descartó que  tenga fuero especial como congresista.

“Las solicitudes de libertad deben ser decididas por el propio Fiscal General de la Nación… hasta tanto la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz defina si el detenido es beneficiario de la garantía de no extradición, en función de la fecha de ocurrencia de los hechos indagados, o la Corte Suprema de Justicia, en la etapa judicial del trámite de extradición, decida lo pertinente.

…

“Adicionalmente, el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y, como consecuencia, no puede decirse que, para estos precisos fines, se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que es a quien resguarda efectivamente la norma con el fuero.

…

“Si en este caso no hubo una posesión efectiva de la función legislativa, no tiene sentido predicar un fuero constitucional que, como ya se dijo, no es en estricto sentido un privilegio personal, sino una garantía institucional a favor de la independencia del Congreso de la República. Tampoco puede admitirse que las conductas que originaron la captura hubieran tenido alguna relación con la labor legislativa, pues nunca la ha desempeñado”, consigna la providencia.

Como se recuerda, en una anterior oportunidad otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia había descartado la ilegalidad del procedimiento que adelantó la Fiscalía General de la Nación para capturar al integrante del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, pedido en extradición por autoridades de los Estados Unidos por narcotráfico.

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[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/08/AHL3514-2018.pdf»]AHL3514-2018

Bogotá, D. C., 02 de agosto de 2018. A partir de este jueves y durante 7 días más, la Corte Suprema de Justicia mantiene la suspensión de las actuaciones y términos en el trámite de los procesos contra altos funcionarios del Estado (aforados constitucionales) sin detenido, a cargo de la Sala Especial de Primera Instancia.

Así lo dispone el Acuerdo 06 emitido por la Sala Especial de Primera Instancia, tras explicar que a la fecha ha recibido 65 de los 133 expedientes que le serán remitidos por competencia.

La prórroga de la suspensión se adoptó debido a este alto número y volumen de expedientes, puesto que, como se indicó en el Acuerdo 01, la Sala todavía no cuenta “con la logística necesaria, ni con el personal suficiente para iniciar el desarrollo de los procesos, tanto de los tramitados por la Ley 600 de 2000 como los impulsados bajo el Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004)”.

Consultar Acuerdo 06 de 2018

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/08/ACUERDO-06-1.pdf»]

Descargar Acuerdo 06 de 1 de agosto de 2018 

Bogotá, D. C., 30 de julio de 2018. En estricto apego a las garantías de un proceso como es debido, para que los procesados dispongan del tiempo adecuado para conocer detalladamente la totalidad de las pruebas y ejercer integralmente su derecho de defensa, la Corte Suprema de Justicia fijó, con más de un mes de anticipación, las fechas para que los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga rindan indagatoria.

La diligencia judicial del senador Uribe Vélez fue ordenada para el lunes 3 de septiembre de 2018 a las 8:30 a.m., mientras la del representante a la Cámara Prada Artunduaga quedó dispuesta para el día siguiente, martes 4 de septiembre, también a primera hora de la mañana.

Entre tanto, en desarrollo de la misma investigación formal abierta por los delitos de soborno y fraude procesal contra los dos congresistas, la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal empezará el próximo 10 de agosto a recibir los más de 30 testimonios y ampliación de declaraciones ya decretados.

La práctica de todas estas pruebas se adelantará en presencia de los abogados de los involucrados y el agente designado por la Procuraduría General de la Nación.

Acuerdo 001 de 26 de Julio de 2018, «Por medio del cual se suspende las actuaciones y términos procesales»

 

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/not/penalesp18/Acuerdo 00126072018.pdf»]

Descargar Acuerdo 001 de 26 de julio de 2018