Acuerdo No. 49 de 30 de agosto de 2017, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

 

ACUERDO NO. 49 DE 30 DE AGOSTO DE 2017

 

 Comunicado de Prensa

Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial

Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2017. Los miembros de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con la participación del señor Procurador General de la Nación, destacan y respaldan la respuesta institucional de los órganos competentes en las investigaciones que se están llevando a cabo con miras a la depuración legal y ética de la Rama Judicial y de las entidades del Sector Justicia y de los otros órganos del Estado.

Para el logro de este cometido, los exhorta a presentar a la ciudadanía en el corto y mediano plazo resultados concretos y categóricos, ofreciendo el respaldo y la información que sean necesarios, dentro del marco del debido proceso.

Los miembros de la Comisión, conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, definiremos en el curso de los próximos días una agenda de integridad del poder judicial que será presentada oportunamente ante el país, en la cual se revisarán entre otros temas, las medidas anticorrupción y las buenas prácticas a adoptarse en el sector justicia, una estrategia de control y autorregulación de la conducta de los funcionarios y empleados judiciales, al tiempo que se impulsará la gestión del programa de Misión Justicia en búsqueda de una reforma que ataque los problemas que afectan la Rama Jurisdiccional.

 

LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INFORMA:

Que en sesión de Sala Plena Penal llevada cabo el 23 de agosto de 2017, decidió que las solicitudes de información o de derechos de petición de los asuntos relacionados con los abogados LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA y LEONARDO PINILLA GÓMEZ y los procesos asociados con ellos, se resolverán por la Secretaría de la Sala, brindando la respuesta que la ley permite y que reposa en los registros que se llevan en dicha dependencia.

Bogotá, D.C., 24 de agosto de 2017

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Presidente

A CONTINUACIÓN LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PUBLICA LA RELACIÓN DE INVESTIGACIONES DE ÚNICA INSTANCIA QUE SE HAN ADELANTADO Y SE ADELANTAN EN LA ACTUALIDAD, RELACIONADAS CON LOS AFORADOS HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO, LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO Y MUSA BESAILE FAYAD.

 INVESTIGACIONES SENADORES ANDRADE, BESAILE, ELIAS Y RAMOS

PRECISIÓN SOBRE RADICADO 44164

 

Comunicado 22/17 Sala Penal

Medida de aseguramiento contra senador Bernardo Miguel Elías Vidal

Bogotá, D.C., 23 de agosto de 2017. En decisión adoptada por sala de instrucción, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el senador Bernardo Miguel Elías Vidal, como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado por el lavado de activos, lavado de activos, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

Para la Sala, existen las pruebas suficientes que demuestran la ocurrencia de estos delitos, las cuales vinculan al senador Elías Vidal como posible autor de los mismos, por lo cual se justifica la medida privativa de la libertad ante la gravedad de las conductas imputadas.

Entre otras consideraciones, la Corte encontró que el senador, con su conducta, no habría tenido reparos para traicionar la confianza de sus electores y poner al servicio de la multinacional Odebrecht su condición de congresista, sin medir las consecuencias del evidente daño que ello podría generar a la institucionalidad, a la moralidad pública y a la imagen internacional del país.

Además, el dirigente político pudo hacer parte de la red que logró la desviación y el ocultamiento de multimillonarias sumas de dinero destinadas a la corrupción de servidores públicos, lo que no solo afecta el desarrollo nacional, sino que también socava los pilares éticos de la sociedad. Factores determinantes del atraso, la pobreza y la inequidad que afectan gravemente a la población.

Al parecer, participó en las sofisticadas estrategias diseñadas por la multinacional Odebrecht en sus propósitos delictivos, a las que se sumaron las ideadas a nivel local, para ocultar el origen y destino de las cuantiosas sumas de dinero producto de sobornos.

De acuerdo con la investigación adelantada hasta el momento, la medida de aseguramiento es idónea para salvaguardar la actividad probatoria y evitar que el sindicado pueda incurrir en otros delitos mientras se adelanta el proceso, fundamentalmente en lo relacionado con el hallazgo de los dineros involucrados en estos complejos actos de corrupción, y la imperiosa necesidad de resguardar los intereses de la justicia y la protección de la comunidad.

Acuerdo No. 025 del 23 de agosto de 2017, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

 

ACUERDO NO. 025 DE 23 DE AGOSTO DE 2017

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia

Comunicado

Bogotá, D.C., 17 de agosto de 2017. Frente al episodio que involucra los nombres de tres exintegrantes de la corporación en presuntos actos de corrupción, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia expresa absoluta confianza en la labor que viene cumpliendo la Sala de Casación Penal y el sistema judicial en general en la lucha contra este flagelo y las múltiples formas de criminalidad que amenazan la coexistencia democrática en nuestro país.

El descubrimiento de estos posibles actos delictivos, y los expedientes ya abiertos para llegar al fondo de la verdad, prueban la solidez de las instituciones jurídicas colombianas. Recuerda que los magistrados de los altos tribunales están sometidos, como todos los ciudadanos, al imperio de la ley. Así lo muestran también, en los diversos ámbitos del poder público, los cientos de sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia contra altos funcionarios del Estado durante los últimos 25 años.

Las decisiones, acciones y actuaciones judiciales no cobijadas por reserva legal, referidas a los procesos adelantados contra las personas mencionadas en la señalada red de corrupción, están a disposición del escrutinio público en el portal web www.cortesuprema.gov.co. La Sala de Casación Penal adelanta en este momento la clasificación de los expedientes en que participó como abogado defensor el señor Luis Gustavo Moreno Rivera, para divulgar y dar a conocer en los próximos días a la opinión nacional el material público que haya en ellos.

Por tratarse de circunstancias excepcionales que ocasionan fuerte impacto en la credibilidad de la justicia, esta corporación solicita respetuosamente a las autoridades competentes – Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y Fiscalía General de la Nación– adelantar con celeridad los procesos pertinentes, de cara a la ciudadanía y en medio de la transparencia que permita la legislación vigente. Sin contemplaciones de ninguna índole, los implicados deben recibir las sanciones que amerita la gravedad de las conductas denunciadas, de llegar a comprobarse su responsabilidad.

En este delicado momento, la Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la ciudadanía, a los actores sociales y a los líderes de las instituciones públicas y privadas para que, en esfuerzo común, salvaguardemos la integridad institucional. Los poderes públicos, los organismos de control y la sociedad civil tenemos la gran responsabilidad histórica de defender lo construido en democracia y consolidar las conquistas del Estado social de derecho trazado por la Constitución Política de 1991.

La Corte deplora las sombras de duda que las recientes revelaciones provocan en el imaginario social, respecto a una justicia que por cerca de dos siglos ha trabajado en la construcción del Estado democrático colombiano, con integridad y hasta el sacrificio de la vida de sus propios jueces. Pero, en esta oportunidad, la acción institucional también debe seguir. La justicia, y la Corte Suprema en particular, ha desempeñado, ejerce y seguirá cumpliendo un rol protagónico en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en todas sus manifestaciones.

Comunicado 20/17 Sala Penal

 

Corte Suprema inicia trámite de investigaciones                                                    

Bogotá, D.C., 16 de agosto de 2017. En asignación realizada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa le correspondió adelantar la indagación respecto a los hechos que involucran la posible conducta delictiva de los tres congresistas mencionados en las conversaciones grabadas el pasado mes de junio, en desarrollo de la actividades investigativas coordinadas entre autoridades colombianas y norteamericanas.

Al magistrado Hernández Barbosa le corresponde evaluar enseguida los documentos recibidos de la Fiscalía General de la Nación y trazar la estrategia investigativa e impulsar el procedimiento a que haya lugar.

De otro lado, en desarrollo de la decisión adoptada ayer, en forma unánime por los nueve magistrados de la Sala de Casación Penal, por Secretaría se remitió la misma documentación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que se adelante la indagación pertinente respecto a los exmagistrados José Leonidas Bustos Martínez y Francisco Javier Ricaurte Gómez.

COMUNICADO DE PRENSA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

Comunica al país:

1. Que en la fecha, el señor Fiscal General de la Nación le ha entregado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia un documento en el cual aparece consignada la reproducción de unas conversaciones grabadas en Miami (Estados Unidos) en junio del presente año, las cuales se consiguieron como producto de una labor investigativa coordinada entre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 

2. Que en consideración a que las personas que intervienen en esas conversaciones le atribuyen conductas de corrupción a los ex Magistrados de la Corte Suprema de Justicia JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ y FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ, posiblemente cometidas durante el ejercicio de sus cargos y en relación con los mismos, la Sala de Casación Penal remitirá de inmediato dicho documento, para la investigación penal correspondiente, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

 

De la investigación penal en contra de los Congresistas vinculados a los actos de corrupción atribuidos a los ex Magistrados, que aparecen citados en la documentación recibida del despacho del señor Fiscal General de la Nación, se ocupará inmediatamente una Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal.

 

3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención a la gravedad que revisten esos hechos, le pide respetuosamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor.

Le hacemos saber a la Comisión de Acusaciones, igualmente, que estaremos prestos a colaborar en la investigación a su cargo con toda la información que estime necesaria.

 

Suscribimos este comunicado los miembros de la Sala de Casación Penal, hoy 15 de agosto de 2017.

 

 

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Presidente

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

EYDER PATIÑO CABRERA

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

 

Comunicado de prensa Sala Penal

 

 

Bogotá, D. C., 3 de agosto de 2017. Con los nombres de Nora Fernanda Martínez López, Antonio Emiliano Rivera Bravo y Carlos Hernán Rodríguez Becerra, la Corte Suprema de Justicia integró la terna de la cual el Consejo de Estado elegirá Auditor(a) General de la República en reemplazo de Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Nora Fernanda Martínez López es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista de la misma institución en Contratación Estatal y Ciencias Penales y Criminológicas. Durante sus veinte años de experiencia laboral ha desempeñado el ejercicio independiente de la profesión, combinado con la docencia universitaria en las cátedras de Derecho Administrativo, Metodología y Contrato de Consultoría.

Antonio Emiliano Rivera Bravo es abogado especialista en Derecho Público Financiero de la Universidad Libre de Colombia. Se ha desempeñado como secretario general de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, asesor jurídico de la Organización Ardila Lulle, asesor externo de la Organización de Estados Iberoamericanos y Supernumerario de Minerales de Colombia S.A. Desde el año 2013 ejerció el cargo de magistrado en el Consejo Nacional Electoral. Su experiencia en el sector privado y público la ha combinado con la docencia en las universidades Salamanca y Complutense, entre otras.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra es abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo. Durante sus más de veinte años de experiencia profesional ha desempeñado, entre otros, los cargos de concejal de Palmira, diputado de la Asamblea Departamental del Valle, miembro del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar del Valle, secretario de Planeación de la Gobernación del Valle, contralor departamental, defensor Regional y, actualmente, Director Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo. Cuenta con una vasta experiencia docente en las universidades Santiago de Cali y Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali.

Paipa, Boyacá, 28 de julio de 2017. Con los juristas Judith Bernal de Valdivieso, John Jairo Morales Alzate  y José Fernando Reyes Cuartas, en decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia integró la terna de la cual el Senado de la República elegirá el reemplazo del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio Palacio.

Judith Bernal de Valdivieso es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magister en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Público, Gestión Judicial y Derecho Penal de la UNAB. Juez de carrera con ejercicio profesional en Bucaramanga, Barrancabermeja, Piedecuesta, Floridablanca, San Vicente de Chucurí, Cepitá, Matanza, Málaga y Puerto Wilches. Se ha desempeñado como Juez Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de conocimiento, de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Penal del Circuito, Penal del Circuito Especializado, Penal Municipal, Civil Municipal, Promiscuo Municipal, Oficial Mayor y Secretaria del Circuito de Bucaramanga.

John Jairo Morales Alzate es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial y Derecho Administrativo de esa misma institución. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes y Legum Magister de la Universidad de Konstanz (Alemania). Ha sido conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Personero Delegado. Se ha desempeñado como docente de la Universidad Libre, Santo Tomás, Católica y de La Salle, entre otras. En los últimos años, asumió el cargo de Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Entre sus libros más recientes se encuentra la segunda edición de la publicación La Consulta previa: un derecho fundamental.

José Fernando Reyes Cuartas es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Estudios Penales de la misma institución. Realizó estudios de doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. Durante su trayectoria laboral,  ha sido Juez Penal Municipal en Anserma y Manizales, Juez Penal del Circuito en Aguadas y Riosucio, Procurador Judicial II para Asuntos Penales, Procurador Delegado para la Moralidad Pública y Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, desde el año 2004. Autor del libro Dos Estudios de Derecho Sancionador Estatal y de múltiples ensayos y monografías jurídicas, entre las que se cuentan “El papel de la Corte Constitucional en la protección de las garantías penales en Colombia” y “La autoría mediata con aparatos organizados de poder”. Docente de las universidades Externado, Santo Tomás, de Manizales y Caldas.