HOLOCAUSTO PALACIO
DE JUSTICIA

Miércoles 6 de noviembre de 1985

Por el sótano del Palacio de Justicia ingresó el comando de guerrilleros del M-19, que hacia las 11:35 a. m. del miércoles 6 de noviembre de 1985, consumó la operación Antonio Nariño. A pesar de que dieciocho días antes, se conocía de los planes de esa toma, en el momento de su realización no había un miembro de las Fuerzas Armadas para defender la edificación donde laboraban los funcionarios más amenazados de la época: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Foto cortesía: https://www.eltiempo.com/politica/quien-fue-la-chiqui-en-la-toma-de-la-embajada-de-republica-dominicana-466650

Toma de la Embajada de República Dominicana

Hacia el mediodía del 27 de febrero de 1980, el grupo subversivo M-19 se tomó por asalto la sede de la Embajada de República Dominicana en Bogotá y secuestró a cerca de 57 personas, entre ellas a 16 diplomáticos, cuando se iniciaba una reunión para conmemorar el día de la independencia de ese país y mientras a Colombia la gobernaba el presidente Julio César Turbay Ayala.

A cargo de un grupo armado y compuesto por seis mujeres y diez hombres, la toma se prolongó por 61 días y noches en las inmediaciones de la carrera 30 con calle 48, y después de varias negociaciones con el gobierno del presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, los insurgentes y algunos rehenes fueron llevados el 25 de abril en dos autobuses hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, desde donde partieron en un avión con destino a La Habana, Cuba.

Foto cortesía: https://lachachara.org/el-rincon-del-buho-ya-no-es-posible-reducir-la-corrupcion-a-sus-justas-proporciones/

Sentencia del Consejo de Estado

El 3 de agosto de 1985, el Consejo de Estado compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar las torturas ejecutadas por miembros de las Fuerzas Militares durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala.

En una responsabilidad extracontractual, por falla del servicio por torturas de las fuerzas militares, el 27 de junio de 1985 (radicación 3507), la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado señalaba: Resulta inadmisible, contrario a derecho, es que para mantener la democracia y el estado de derecho, el Ejecutivo utilice métodos irracionales, inhumanos, sancionados por la ley, rechazados por la justicia y proscritos mundialmente por todas las convenciones de derechos humanos y que ninguna concepción civilizada del ejercicio del poder podrían autorizar, o legitimar. Eso es justamente la negación de los principios e ideales que se pretenden defender y que son la razón misma que justifica la existencia de una sociedad jurídicamente organizada.

Foto cortesía: Portada de la revista Cambio, Bogotá del 18 al 24 de octubre de 1985.

Atentado contra el general Samudio Molina.

Hacia las 7: 30 de la mañana del 23 de octubre de 1985, el general Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército Nacional, resultó ileso de un atentado contra su vida en las inmediaciones de la calle 80 con carrera 37 en Bogotá, después de salir de la sede de la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdoba”.

Por cerca de tres minutos, hubo un intercambio de disparos entre los miembros de la escolta del general y los agresores, que se desplazaban en una ambulancia robada una hora antes en el barrio Los Alcázares y que se atribuyeron el atentado con llamadas a las cadenas radiales Caracol y RCN diciendo que eran miembros del grupo subversivo M-19.

Foto cortesía: El Tiempo

Noticias previas sobre presunta toma del Palacio de Justicia.

  • El mismo día del atentado contra el general Samudio Molina, el grupo guerrillero autor del atentado y posterior asaltante del Palacio de Justicia hizo llegar a una cadena radial una cinta magnetofónica con un mensaje que anunciaba la realización de “algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría sorprendido”.

 

  • El 20 de octubre de 1985, en una página editorial del diario El Tiempo de Bogotá, el columnista D´artagnan (seudónimo) tituló: “La Corte amenazada ¡de muerte!”. Allí denunció las amenazas que habían recibido los magistrados de la Sala Constitucional y algunos de la Sala Penal por parte de grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, que pretendían derogar el Tratado de Extradición firmado con los Estados Unidos.
Foto cortesía: El Tiempo
Audio cortesía: Terror en el Palacio de Justicia – Caracol Pódcast

¡Urgente! Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia

El miércoles 6 de noviembre de 1985, sobre las 11:40 de la mañana, quienes trabajaban, visitaban o se encontraban en las inmediaciones del Palacio de Justicia, ubicado en el extremo norte de la Plaza de Bolívar, en el corazón de la capital política, legislativa y judicial del país, escucharon disparos provenientes del interior del edificio. Los rumores sobre una posible toma por parte del M-19 se hacían realidad, en un día en el que la seguridad había sido retirada. La prensa nacional lo habían advertido: la Corte Suprema estaba amenazada de muerte.

Los extras y boletines especiales en las emisoras de radio confirmaban la noticia al país y al mundo: ¡Urgente! Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada.

Vecinos del Palacio de Justicia describían por la radio como desde adentro disparaban contra los miembros de la policía que se acercaban al lugar para tratar de controlar lo que allí estaba ocurriendo.

ENTREVISTA PRESIDENTE DE LA CORTE

Foto cortesía: El Tiempo
Audio cortesía: Terror en el Palacio de Justicia – Caracol Pódcast

“¡No disparen, por favor, somos rehenes, soy el presidente de la Corte!”

Los magistrados y funcionarios relataban por la radio lo que estaban viviendo en esos momentos. Al fondo se escuchaba una lluvia de disparos.

A la Plaza de Bolívar llegaron tanques blindados, algunos ingresaron por el sótano y otros por el frente del Palacio. Además de los disparos, los gases lacrimógenos obligaban a los rehenes a permanecer tendidos en el piso y a buscar un lugar seguro para protegerse.

El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, clamaba que cesara el fuego.

“¡No disparen, por favor, somos rehenes, soy el presidente de la Corte!”

“Yo soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 en el cuarto piso, en varios de nuestros despachos judiciales, ellos están dispuestos a dialogar, traen una demanda concreta, pero si no cesa inmediatamente el fuego morimos todos. Estamos en este momento siendo apuntados por las armas de unidades del M-19”.

Toma y retoma del Palacio de Justicia

Foto cortesía: El Tiempo
Audio cortesía: Terror en el Palacio de Justicia – Caracol Pódcast

Las primeras víctimas de la toma fueron los vigilantes Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, quienes intentaron frenar la acción guerrillera. Para hacerles frente las fuerzas militares emplearon tanquetas, fusiles lanza granadas, ametralladoras, rockets y explosivos.

Se presentaron tres incendios. Uno en el sótano y otro en el auditorio del primer piso. El tercero habría comenzado sobre las 6 de la tarde en el cuarto piso del Palacio y prácticamente destruyó la edificación. Los baños sirvieron de refugio a quienes permanecían con vida dentro del Palacio.

Uno de los disparos de las tanquetas cayó a milímetros de la frase del general Francisco de Paula Santander esculpida sobre la puerta de entrada del Palacio de Justicia: “Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. Por allí durante horas salieron gruesas columnas de humo negro.

Quienes salían con vida del Palacio de Justicia eran llevados a la Casa del Florero, donde después de ser identificados por las autoridades eran llevados a hospitales, trasladados a instalaciones militares o entregados a sus familias.

Foto cortesía: El Tiempo
Audio cortesía: Terror en el Palacio de Justicia – Caracol Pódcast

94 muertos y 11 personas desaparecidas

Pasada la 1:00 p.m. del jueves 7 de noviembre, el entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo González, confirma la muerte del presidente de la Corte Suprema de Justicia y otros 10 magistrados.

Fueron más de 26 horas de una toma anunciada y de una operación de recuperación que cobraron la vida de 94 personas y la desaparición de otras 11.

Esa noche el presidente Belisario Betancur en una alocución al país asegura:

“La inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que, para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente la decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República”.

Foto cortesía: El Tiempo 

El tercer Palacio de Justicia: Un Testigo de la Historia y la Defensa de los Derechos

El tercer Palacio de Justicia, que ha tenido Colombia en su historia y que es la sede de las altas cortes, fue inaugurado en 1.991, seis años después de la violenta toma protagonizada por el M-19 en noviembre de 1985. En la Plaza de Bolívar permanece desde entonces como símbolo de la justicia del país una edificación de dos cuerpos y una plazoleta central que se erigen en rechazo de cualquier acto de violencia y condensa la unidad nacional en torno a la administración de justicia.
 
La Rama Judicial y sus jueces no han sido ajenos al historial de violencia que ha marcado la historia del país. El primer Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, fue incendiado el 9 de abril de 1948, durante los disturbios del Bogotazo, en los que también resultó afectada gran parte de la ciudad. Décadas más tarde, en 1985, el segundo Palacio fue destruido durante la violenta toma y posterior retoma de la edificación por parte del grupo M-19.
 
A pesar de estos episodios dolorosos, la justicia colombiana no se ha detenido ni ha dejado de cumplir su misión. Hoy, desde el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, continúa avanzando con firmeza en la defensa de los derechos y garantías de todos los colombianos.
Foto cortesía: El Tiempo 

Cuatro Años de Investigación: El Informe sobre la Toma del Palacio de Justicia

En un extenso informe de 489 páginas, los exmagistrados Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla resumieron los resultados de una investigación que duró cuatro años, con el propósito de esclarecer los hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia.
 
Presentado en diciembre de 2009, el informe intentaba dar respuesta a las grandes interrogantes que surgieron tras la violenta ocupación del edificio y atender el clamor de los familiares de las víctimas del holocausto. Como lo advirtió la misma Comisión, existía una “verdad incompleta”, marcada por la impunidad y por un pacto de silencio, expreso o tácito, sobre lo sucedido.
 
El Informe final de la Comisión de la Verdad no solo buscó esclarecer los hechos, sino que también se presentó con el mandato de derivar responsabilidades de carácter ético, histórico y académico, excluyendo las de índole penal.
Foto cortesía: El Tiempo 

Desaparición Forzada y la Retoma del Palacio de Justicia:
El Fallo sobre Arias Cabrales

El 23 de septiembre de 2019, la Sala Penal hizo un cambio fundamental al resolver en recurso extraordinario de casación uno de los procesos por el holocausto del Palacio de Justicia. Se trata del fallo en el que fue ratificada la condena impuesta al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales. La Corte consideró que el oficial que para la época de los hechos era el comandante de la Brigada XIII, incurrió en el delito de desaparición forzada como coautor y no por omisión en el marco de sus funciones. Arias Cabrales, de acuerdo con la sentencia SP3956 de 2019, tuvo el control de todo el operativo de retoma, incluyendo lo ocurrido con las personas que salían de la edificación.
“Con esa clara visión doctrinal de aniquilar al enemigo, sin treguas, con persistencia, utilizando todos los medios armados al alcance, y contando con la temerosa actitud del Presidente de la República de no intervenir, la operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos, y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”.
“Esta secuencia muestra el manejo que se le dio a una situación que demandaba el mayor cuidado para la vida de los rehenes, y permite inferir que poco o nada importaba la de los asaltantes. Había que fumigarlos, según la expresión utilizada en las conversaciones, designio del cual el general Jesús Armando Arias Cabrales participaba, pues no en vano era quien impartía las órdenes y las controlaba con el don de su jerarquía marcial, como se deduce del conjunto de conversaciones indicadas”.
“El acto de aprehensión y posterior desaparecimiento de los “sospechosos”, como lo pone en evidencia la secuencia histórica indicada, estaba prevista desde el comienzo de la operación. En otras palabras, la desaparición forzada de personas, según se infiere de la prueba bosquejada, no fue una idea de momento, ni la ocurrencia de unos pocos, sino el resultado de la acción de retoma, ya de por si crítica por la muerte de altos dignatarios que no fueron escuchados en sus sensatas súplicas”.
“Todo ello explica que el general Jesús Armando Arias Cabrales, al participar de toda esa compleja operación militar ejecutada por él y por sus subalternos, no omitió su deber, sino que actuó como coautor, pues concurren en su caso dos elementos esenciales de este tipo de imputación: un elemento objetivo expresado en el aporte a la comisión de la conducta con dominio funcional del hecho en la fase ejecutiva y subjetiva que se refleja en la exteriorización de la voluntad con base en el acuerdo o en la decisión común, como se probó (artículos 23 del Decreto 100 de 1980 y 29 de la Ley 599 de 2000)”.