- Se configura, cuando su estructura se afecta por la ambigüedad de las estipulaciones probatorias y la falta de control del juez. [SP5336-2019(50696)]
Año: 2020
Francisco Barbosa, nuevo fiscal general de la Nación
Bogotá, D.C., jueves 30 de enero de 2020. La Corte Suprema de Justicia eligió al jurista Francisco Roberto Barbosa Delgado como fiscal general de la Nación.
El nuevo jefe del ente acusador es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, doctor (PH. D) en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), magister en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magister en Historia de la Universidad Javeriana y especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
En su trayectoria profesional, ha sido alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, asesor legal externo de la Personería de Bogotá, asesor legal del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito, asesor jurídico del Banco Mundial para la misión Panamá (Derecho de Telecomunicaciones y Derecho de Transporte), asesor jurídico del viceministerio de Transporte, asesor jurídico externo de la firma Consucol S.A.S, asesor jurídico del Ministerio de Comunicaciones, fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, director jurídico del Programa Fosit del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Hacienda, coordinador de gestión de la Corporación Excelencia en la Justicia y asesor jurídico de unidad de trabajo legislativo del Senado de la República.
Cuenta con una amplia experiencia académica y docente como profesor e investigador universitario de reconocidos establecimientos educativos nacionales y extranjeros, conferencista nacional e internacional y jurado de tesis doctorales internacionales. Autor de más de una decena de obras y libros sobre sus especialidades y múltiples artículos y reseñas en publicaciones nacionales y extranjeras. Es miembro de las academias colombianas de Historia, Jurisprudencia y Derecho Internacional.
Vea aquí el Acuerdo 1383 de 2020, Por el cual se hace el nombramiento del Fiscal General de la Nación
Proceso de alimentos: razonabilidad de la decisión
DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Proceso de alimentos: razonabilidad de la decisión del juez de familia que asigna la totalidad de la cuota alimentaria al padre de la menor, en razón de su capacidad económica y la intención de evadir su responsabilidad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Proceso de alimentos: razonabilidad de la decisión que fija la totalidad de la cuota alimentaria a cargo del progenitor, aplicando la perspectiva de género, por cuanto la madre está dedicada exclusivamente al cuidado de la menor (STC15175-2019)
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Dignatarios de la Corte Suprema de Justicia
Bogotá, D. C., 19 de marzo de 2020. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia designó como presidente al magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, al tiempo que las salas de Casación Civil, Laboral y Penal designaron como presidentes a los magistrados Luis Armando Tolosa Villabona, Luis Benedicto Herrera Díaz y Patricia Salazar Cuéllar, mientras las salas especiales de Instrucción y Primera Instancia eligieron a los magistrados Héctor Javier Alarcón Granobles y Ariel Augusto Torres Rojas como sus presidentes.
Durante la sesión del día, la Sala Plena deliberó y realizó sucesivas votaciones en busca de elegir fiscal general de la Nación y llenar las vacantes de magistrados de la Corporación. En este importante ejercicio democrático se presentaron y debatieron los perfiles y hojas de vida de las candidatas y candidatos postulados a los cargos en la magistratura y la jefatura de la Fiscalía General de la Nación. Aunque se registraron aproximaciones, ningún aspirante logró la votación calificada y secreta que exige el reglamento interno para alcanzar la elección, razón por la cual la Corte volverá a sesionar con este propósito en Sala Plena extraordinaria el próximo jueves 30 de enero.
El magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana y en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Tiene una amplia experiencia profesional dedicada al ejercicio del derecho como jefe de la Oficina Jurídica, profesional y asesor del Ministerio de Trabajo, juez laboral del circuito, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado auxiliar y magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de la cual ha sido presidente. Ha compartido sus conocimientos en la academia como docente de la Universidad del Sinú, Javeriana, del Rosario, Autónoma de Colombia y Politécnico Grancolombiano. Autor de la obra “Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
El magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, quien ocupa por segunda vez la presidencia de la Sala de Casación Civil, es abogado de la Universidad Libre de Bogotá y Licenciado en Educación, Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás; especialista en Derecho Comercial, Derecho Económico Privado, Derecho Público, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Penal y Criminología e Instituciones Jurídico Familiares. Magister en Modelos de Enseñanza y en Derecho Procesal. Fue abogado litigante por veinte años, defensor público y magistrado de la Sala Civil de los tribunales superiores de Riohacha (Guajira) y Tunja (Boyacá), por concurso de méritos. Como catedrático ha estado vinculado a las universidades San Buenaventura, Libre, Gran Colombia, Incca, Uniagraria, Colegio Mayor de Cundinamarca, Republicana, Santo Tomás y del Rosario. En concurso público de méritos fue designado notario de carrera para el Círculo de Bogotá, cargo del cual declinó su nombramiento en el 2010. Entre otras obras, ha publicado los títulos “Problemas actuales de la casación y retos en el Estado Social de Derecho”, “Casación, tutela, vías de hecho y derechos fundamentales”, “Teoría y Técnica de la Casación” y “Charta, nuestra tierra”.
Luis Benedicto Herrera Díaz es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Los Andes. Tiene una trayectoria profesional de más de 28 años en la rama judicial, como juez Promiscuo Municipal y Civil del Circuito, abogado asistente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Catedrático de Laboral, Seguridad Social, Procesal y Comercial en la Universidad Nacional de Colombia; Laboral y Seguridad Social en la Universidad del Rosario, Servidores Públicos en el Externado de Colombia, Jurisprudencia en la Sergio Arboleda, Seguridad Social en la del Norte, Teoría General el Proceso, Procesal Civil y Laboral Individual en la Autónoma de Colombia y Teoría General de las Contenciones y el Proceso en la Universidad Surcolombiana.
La magistrada Patricia Salazar Cuéllar, nueva presidente de la Sala de Casación Penal, es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia. Inició su carrera profesional como Juez Penal Municipal en la capital del país, para luego desarrollarse laboralmente como Secretaria, Relatora y Magistrada Auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La doctora Salazar Cuéllar es especialista en Casación Penal y Derechos Humanos de la Universidad La Gran Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Ha sido distinguida con la Orden José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial.
El magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, quien fue reelegido como presidente de la Sala Especial de Instrucción, es egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y especialista en Derecho Penal, y magíster en Educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo Oficial Mayor en la Rama Judicial. Ha sido Abogado Asesor en la Procuraduría General de la Nación, y Abogado Asistente y Magistrado Auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Como profesor universitario en las universidades, Santiago de Cali, Libre de Barranquilla y Militar Nueva Granada ha ejercido la docencia en las cátedras de Procedimiento Penal y Penal Especial. Entre sus textos publicados se encuentran, Garantías Constitucionales y la prueba ilícita, y Garantismo penal en el proceso penal acusatorio colombiano.
El magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, nuevo presidente de la Sala Especial de Primera Instancia, es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal y Criminología y magister en Derecho Penal. Inició su carrera profesional como Juez Promiscuo Municipal en el año de 1990; posteriormente, ejerció como Juez Penal Municipal y, años después, como Juez de Instrucción Criminal; se desempeñó como fiscal seccional y fiscal ante Tribunal Superior en la Fiscalía General de la Nación. Durante más de 20 años prestó sus servicios profesionales en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como abogado asistente y magistrado auxiliar. Autor del libro Análisis del tratamiento jurídico penal a las víctimas y perjudicados con el delito en Colombia.
Como vicepresidentes de las salas de Casación Civil, Laboral y Penal fueron designados los magistrados Octavio Augusto Tejeiro Duque, Omar Ángel Mejía Amador y Jaime Humberto Moreno Acero.
Como vicepresidentes de las salas especiales de Instrucción y Primera Instancia ejercerán los magistrados César Augusto Reyes Medina y Jorge Emilio Caldas Vera.
Unión institucional para enfrentar nueva amenaza contra la democracia: Corte Suprema de Justicia
Bogotá, D.C., lunes 13 de enero de 2020. Ante la indiscutible gravedad de las denuncias sobre seguimientos e interceptaciones ilegales contra periodistas, dirigentes políticos, altos oficiales y magistrados registradas por la revista Semana, la Corte Suprema de Justicia convoca al uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente, contundente y definitiva a esta amenaza contra el Estado de derecho del país.
Las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque contra la democracia colombiana.
La Corte rechaza categóricamente estos hechos que, de comprobarse, constituyen un nuevo atentado contra la independencia judicial, se solidariza con los periodistas, oficiales y funcionarios objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales, pide protección para ellos y ratifica que ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo.
De otro lado, la aclaración sobre el alcance del hallazgo del artefacto en el despacho de uno de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción fue dejada en manos de la Fiscalía General de la Nación, organismo competente para investigar el caso.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
PRESIDENTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA