Año: 2021

Bogotá, D.C., viernes 25 de noviembre de 2021. La Corte suprema de Justicia hizo algunas precisiones sobre la cláusula de exclusión probatoria. Los hechos se conocieron porque una niña, por su curiosidad, miró a través del orificio de la pared de un cuarto de hotel y pudo ver al procesado abusando sexualmente de su hija. Inmediatamente, la menor de edad informó lo sucedido a su progenitora, quien tenía a cargo la administración del establecimiento y, ésta, a su vez,  dio oportuno aviso a las autoridades de policía.

Tras reconocer que los huéspedes del hotel vieron afectada su intimidad con la actuación de la menor de edad, la Sala de Casación Penal de la Corte concluyó que no era procedente la exclusión de las pruebas que se derivaron de la observación, porque una medida de esa naturaleza, a pesar de las graves consecuencias para el esclarecimiento y sanción de un delito grave cometido en contra de una niña, no resultaba útil para desarrollar ninguno de los fines constitucionales de la cláusula de exclusión prevista en los artículos 29 de la Constitución Política y 23 de la Ley 906 de 2004.

Al referirse a dichos fines, a partir de un estudio del derecho comparado y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria precisó que   la cláusula de exclusión cumple las siguientes funciones: (i) disuasiva, para evitar que en el futuro las autoridades estatales incurran en ese tipo de irregularidades; (ii) protectora, de la integridad del sistema judicial y de su repetición; (iii) de garantía del respeto de las reglas en un Estado de Derecho; y (v) reparadora de la arbitrariedad cometida en contra del procesado.

Para la Sala, resultó determinante que la afectación de la intimidad no fue producto de la actuación de agentes estatales, ni de particulares que, con plena consciencia, hubieran actuado con el propósito de obtener pruebas.

“Por el contrario –consigna la providencia–, excluir la información obtenida a raíz de la intervención desprevenida de un niño, totalmente ajeno a las actividades orientadas a la obtención de pruebas que puedan ser utilizadas en un proceso penal, puede afectar el entendimiento de la cláusula de exclusión como una herramienta determinante para proteger a la ciudadanía de la arbitrariedad estatal e, incluso, de las actuaciones de particulares que optan por violar el ordenamiento jurídico con ese propósito”.

Sumado a ello, la Corte resaltó que la actuación de la administradora del local comercial y de la policía estaba justificada, toda vez que el artículo 230 de la Ley 906 consagra la excepción a la orden judicial en casos de emergencia, entre ellos, cuando se tengan motivos fundados del abuso sexual de un niño, requisito que se suplió con creces ante la creíble información suministrada por la niña que, casualmente, presenció lo sucedido tras haber dado rienda suelta a su curiosidad.

Ver contenido completo de la sentencia SP4879-2021:

Bogotá D.C., jueves 25 de noviembre de 2021. La Corte Suprema de Justicia eligió a los juristas Martha Patricia Guzmán Álvarez, Myriam Ávila Roldán y Fernando Bolaños Palacios como nuevos magistrados de las salas de Casación Civil y Penal de la Corporación.

Martha Patricia Guzmán Álvarez, nueva magistrada de la Sala de Casación Civil, es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, en Derecho Comercial y de la Empresa de la Universidad del Rosario y en Derecho Procesal y Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Bogotá, además de magíster en Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza. En su amplia experiencia al servicio de la Rama Judicial ha trabajado como Juez de Circuito de Familia de Bogotá y magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Villavicencio y del Tribunal Superior de Bogotá. Ha sido docente de la Universidad del Rosario en donde ha enseñado cátedras sobre Derecho de Familia, Procesos Liquidatorios de la Sociedad Conyugal, Derecho Civil  Personas y Procesos de Familia y del Menor.

Myriam Ávila Roldán, elegida en la magistratura de la Sala de Casación Penal,  es abogada especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia profesional en la Rama Judicial y el Ministerio Público, en cargos como procuradora delegada para la investigación penal, magistrada auxiliar y encargada de la Corte Constitucional, defensora pública del Ministerio de Justicia, consultora de la Fiscalía General de la Nación y Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. Directora de especialización y docente de la Universidad Nacional, en las cátedras de Protección de Derechos Humanos, Derecho Penal Constitucional, Derecho Penal Internacional, Derecho Penal Especial y Tendencias Contemporáneas del Derecho Penal. Ha publicado libros y artículos académicos sobre la tutela, los crímenes de guerra en el Código Penal y la adecuación del derecho interno a los estatutos de la Corte Penal Internacional, entre otros temas.

Fernando Bolaños Palacios, designado magistrado de la Sala de Casación Penal, es abogado de la Universidad Javeriana, magíster y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia; especialista en Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y especialista en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia. Tiene una trayectoria profesional de más de 28 años de experiencia en la Rama Judicial. Se ha desempeñado como profesional universitario, fiscal seccional y fiscal coordinador en la Dirección Seccional de Fiscalía de Bogotá, magistrado auxiliar y encargado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Bogotá, D.C., miércoles 24 de noviembre de 2021. Tras emitir un concepto favorable sobre la solicitud de extradición de Luis Eduardo Carvajal Pérez, conocido como alias ‘Rambo’, exjefe de la columna Daniel Aldana de las extintas Farc, la Corte Suprema de Justicia difirió su envío a los Estados Unidos, país que lo requiere por delitos de narcotráfico y obstrucción a la justicia presuntamente cometidos después de la firma del acuerdo de paz.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Carvajal Pérez pero le hizo un condicionamiento especial, difiriendo su entrega al gobierno de los Estados Unidos hasta el momento en que la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Pez (JEP) verifique e informe al Gobierno Nacional sobre alguno de los dos siguientes escenarios: 1. Que Carvajal Pérez terminó en Colombia el cuestionario que le preparó esa sala en el macrocaso 02 en el que está actualmente ofreciendo verdad  y reparación para las víctimas, ó 2. Que dejó de cumplir con sus compromisos requeridos a partir de su sometimiento a esa jurisdicción.

Para ello, la Corte exhortó a la JEP para que le realice a Carvajal Pérez el cuestionario en un plazo razonable que no podrá superar los seis meses. Luego de que la JEP rinda el informe o se terminen los seis meses de plazo, el Gobierno Nacional podrá entregar al reclamado al Gobierno de los Estados Unidos para que sea juzgado por la Corte Distrital del Sur de La Florida.

Sin dejar de lado que Carvajal Pérez incumplió con los compromisos del Acuerdo de Paz con las Farc -pues la conducta por la que lo reclaman las autoridades norteamericanas es posterior a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto-, la Sala de Casación Penal ponderó los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia para investigar y juzgar los comportamientos lesivos de los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, frente al deber de cooperación internacional que tienen los Estados en la lucha contra la criminalidad. Así, determinó que los primeros deben prevalecer frente a la extradición inmediata del solicitado.

La Sala de Casación Penal estableció que con el fin de garantizar y hacer efectivos los propósitos del Acuerdo Final de Paz, al momento de decidir sobre la extradición de un individuo que ha suscrito compromisos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, es necesario que se evalúe qué incidencia tiene el procedimiento de cooperación internacional frente a la garantía de los derechos de las víctimas.

“El aval de la extradición, entonces, deberá armonizarse con la protección de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición que asisten a las víctimas del conflicto armado interno”, determinó la Corte en su providencia.

El alto tribunal también tuvo en cuenta la postura que la Corte Internacional de Justicia sostuvo sobre la naturaleza y el significado de la obligación de juzgar crímenes atroces, así como el Acuerdo de Cooperación del pasado 28 de octubre del 2021 entre el Gobierno de Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el cual se destacaron los logros de la justicia transicional en Colombia, y la demostrada capacidad y voluntad del país “para administrar genuinamente justicia relacionada con los crímenes de competente de la CPI”.

La Corte evaluó esta solicitud de extradición, luego de que el pasado 17 de junio del 2021 la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP emitió un pronunciamiento en el que señaló que a Carvajal Pérez no se le podía aplicar la garantía de no extradición debido a que los hechos por los que es requerido no tienen que ver con el conflicto armado colombiano y fueron posteriores a la firma del acuerdo de paz con las Farc.

Y el 24 de septiembre pasado, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y determinación de hechos y conductas de la JEP remitió a la Corte un auto en el cual le informó a la Sala de Casación Penal sobre la relevancia y necesidad de que Luis Eduardo Carvajal Pérez comparezca en el macrocaso 02 sobre la situación de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño). También le solicitó al alto tribunal que permita que Carvajal Pérez termine en Colombia el cuestionario que había sido preparado por esa Sala.

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