Autor: John Ervey Sánchez Velandia

La Sala de Casación Laboral, mediante sentencia SL2385-2018 precisa que la jurisdicción laboral y de la seguridad social es competente para conocer, no sólo de la solución de los conflictos relacionados con el cobro de honorarios causados, sino también de otras remuneraciones que tienen su fuente en el trabajo humano, llámense cláusulas penales, sanciones, multas, entre otros, pactadas bajo la forma de contratos de prestación de servicios, pues éstas integran la retribución de una gestión profesional realizada aún en los eventos en que se impida la prestación del servicio por alguna circunstancia.

Continuar leyendo «Competencia de la jurisdicción laboral para conocer conflictos relacionados con el cobro de otras remuneraciones -cláusulas penales, sanciones o multas-, establecidas o pactadas en los contratos de prestación de servicios profesionales, así se involucre el resarcimiento de perjuicios»

En sentencia SL2541-2018, la Sala de Casación Laboral estima que, «[…] si bien esta Corte consideró en (…) precedente que la educación es un derecho fundamental y a la vez un servicio público esencial, también, teniendo en cuenta que el legislador no ha definido como servicio público esencial al sector de la educación, dejó en claro que se ha de examinar cada caso en particular, aplicando un criterio material para establecer la esencialidad del servicio. Lo que indica que, a la postre, no estableció que, en todos los casos, la educación es un servicio público esencial.

Continuar leyendo «Mientras el legislador no determine los servicios públicos esenciales, los jueces en cada caso concreto, deben indagar específicamente por las circunstancias en que se desenvolvió el cese de actividades en la prestación de servicio de educación universitaria, porque puede ser que en determinados contextos el servicio público sea considerado como esencial y en otros no.»

En  sentencia SL3424-2018, la Sala de Casación Laboral encuentra que el artículo 64 del CST no contradice la regulación internacional contemplada en el Protocolo de San Salvador, en la medida en que ambos postulados jurídicos consagran la potestad de terminar el contrato de trabajo sin motivación alguna, junto con el pago de una indemnización a cargo del empleador.

Continuar leyendo «Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa contenida en artículo 64 del cst, no contradice la regulación internacional contemplada en el protocolo de san salvador, en la medida en que ambos postulados jurídicos consagran dicha potestad, junto con el pago de una indemnización a cargo del empleador»