Autor: Camila Navarro

Bogotá, D.C., viernes 3 de junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia condenó a las sociedades Cementos Diamante de Ibagué S.A. y Cementos Diamante del Tolima S.A., ahora Cemex Colombia S.A., a pagar de forma solidaria a varias empresas que se dedicaban al cultivo de arroz una suma cercana a los $19.000 millones de pesos por la contaminación generada en sus tierras desde 1960 hasta 1998. Esta es una de las condenas más altas que ha proferido la corporación.

La Sala de Casación Civil tomó esta decisión al resolver una demanda de varias sociedades arroceras afectadas por la contaminación causada por dos fábricas de cemento en Ibagué, debido a que no implementaron sistemas adecuados para controlar que sus chimeneas no expulsaran residuos sólidos que terminaron llegando a los cultivos de arroz

Debido a esta contaminación con carbonato de calcio, las plantaciones perdieron su capacidad productiva por lo que se hizo necesario comprar mayores cantidades de fertilizantes, lo que llevó a disminuir su competitividad y a migrar hacia otros productos distintos al arroz.

Aunque en segunda instancia un tribunal negó las peticiones de las arroceras considerando que el daño que reclamaban no había quedado demostrado en su contabilidad, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó que la afectación sí fue probada y que no era acertado limitar la demostración del daño a la contabilidad de las demandantes, pues la ley no exige en estos casos una prueba única sobre el perjuicio.

La corporación señaló que las cementeras omitieron instalar filtros e implementar mecanismos para evitar la emisión de carbonato de calcio, sustancias contaminantes que salieron de sus hornos de procesamiento y cayeron sobre los predios colindantes, lo cual evidencia un comportamiento contrario a la diligencia que se espera de una empresa conocedora de la actividad de procesamiento de minerales.

La Sala de Casación Civil encontró que en todos los testimonios técnicos se concluyó que las partículas contaminantes provenían de las factorías cementeras, contaminación que afectó las tierras para la siembra de arroz, generando mayores costos de producción para las empresas que se dedicaban a esos cultivos, y una menor productividad y rentabilidad.

En la sentencia la Corte destaca que “la protección del medio ambiente es una preocupación creciente en las sociedades contemporáneas, amén de las consecuencias indeseables que, sobre los ecosistemas y sus individuos, provocan la degradación y contaminación de aquél. Y es que, si bien por muchos años se puso el énfasis en el progreso y desarrollo tecnológico, sin importar los costos asociados, lo cierto es que con el tiempo se hicieron patentes las consecuencias indeseables de la industrialización irresponsable y del consumismo, por medio de daños irremediables sobre la biosfera, el subsuelo y la capa de ozono”.

Para tomar esta decisión, el máximo tribunal de la justicia ordinaria también recordó el principio del derecho ambiental según el cual ‘el que contamina, paga’. “El principio ‘el que contamina, paga’, tiene como objetivo promover medidas eficaces para evitar la afectación al medio ambiente, entendido como bien común, y muestra el compromiso estatal por evitar que el contaminador pueda salir indemne frente a los daños irrogados. (…) Sobre este principio se afirma que tiene como fundamento que, en la medida que los contaminadores se vean obligados a asumir los costos de las externalidades que provocan, se verán indirectamente incitados a reducir los efectos contaminantes de sus actividades, recurriendo, por ejemplo, al empleo de materias primas o a la utilización de tecnologías menos deteriorantes del ambiente”, destaca el fallo de la Sala Civil.

Así las cosas, la Corte condenó a las dos cementeras a pagar a las demandantes $5.345’305.417 por el mayor valor de producción que tuvieron que asumir, y por la menor utilidad. También una cifra de $13.645’169.004 por no poder aprovechar los terrenos con los cultivos de arroz.

Pueden escuchar el Capítulo 11 del pódcast ‘Las Voces de la Corte Suprema’ sobre esta decisión.

Consulten aquí el contenido de la sentencia SC1256-2022:

Bogotá, D.C., viernes 3 de junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia condenó a Modesto Serna Córdoba a las penas de 7 años y 6 meses de prisión como autor de un delito de peculado por apropiación en favor de terceros, 5 de prevaricato por acción y uno de fraude procesal. También fue condenado a pagar una multa de $3.486.681.447, a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 8 años, y a pagar a favor de Chocó la suma de $10.903.060.486 por los daños y perjuicios que le ocasionó.

Los hechos por los que fue juzgado y condenado por la Sala Especial de Primera Instancia sucedieron entre el 30 de julio y el 1° de agosto de 2007, cuando Serna Córdoba, quien era Secretario de Gobierno de Chocó, se desempeñó como gobernador encargado del departamento. En esos tres días expidió varios documentos -tres constancias, una certificación y una transacción extraprocesal-, a través de los cuales, de forma ilegal, reconoció el pago de cesantías, prima de navidad y sanciones moratorias a personas a quienes no se les debían esas acreencias.

Esos reconocimientos se hicieron sin verificar la considerable cantidad de personas a las que se les reconocerían las prestaciones y la sanción por mora en el pago, y sin revisar si tenían vínculos con el departamento, contrato laboral o de prestación de servicios, si había lugar a las prestaciones sociales, desde qué fecha, si se habían pagado o no y, por ende, si el departamento debía pagar el castigo por mora.

“El acusado actuó de manera en extremo apresurada, pues en un solo día (o máximo al siguiente), según sus palabras, realizó múltiples y complejas gestiones: recibió las peticiones, verificó aquellos aspectos, realizó los cálculos, redactó y firmó las constancias e, incluso, fue a la oficina judicial a hacerles presentación personal. Tal procedimiento es indicativo del afán de evadir la ley de manera manifiesta, asistiéndole razón a la Fiscalía, en tanto, contando con los lapsos señalados, la revisión de temas tan complejos se imponía la dejara al titular de la gobernación, dado que el escaso periodo de 3 días en que estuvo a cargo de la institución le impedía realizar esa labor de manera idónea, sin que existiera premura, precisamente porque la ley le confería espacios prudenciales”, señala la sentencia de primera instancia.

Además, la Sala determinó que el entonces gobernador encargado obligó al departamento a pagar unos dineros que eran objeto de cobro judicial y frente a los cuales el ente territorial había formulado excepciones de fondo que atacaban la validez del pago de ese título ejecutivo.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP066-2022:

Bogotá, D.C., martes 10 de mayo de 2022. La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del departamento del Chocó, Julio Ibargüen Mosquera, a 8 años y 3 meses de prisión y multa de 80,7 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

La sentencia, dictada por la Sala Especial de Primera Instancia, se refiere a la resolución No. 1867 del 22 de octubre de 2007 mediante la cual el exmandatario ordenó el giro de $35’000.000 en favor de Roger Pastor Mosquera Lozano, quien se desempeñaba como Secretario de Hacienda Departamental, supuestamente con el fin de atender gastos relacionados con un debate electoral que se celebraría el 28 de octubre de ese año, específicamente sobre pago de almuerzos, refrigerios y cena para el personal de la delegación del departamento.

Sin embargo, la Sala determinó que Mosquera Lozano se apropió de esos dineros a pesar de que trató de legalizar ese gasto con facturas que no guardan relación con el objetivo del presupuesto solicitado.

“(…) Se observa que el Gobernador del Chocó, además de autorizar la entrega de $35’000.000 de propiedad del departamento a Roger Pastor Mosquera Lozano para gastos no autorizados por la ley, suscribió la resolución por medio de la cual legalizó el avance con facturas de fechas posteriores a las referenciadas en la solicitud de los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en cantidades de almuerzos y refrigerios muy superiores”, señala la sentencia de primera instancia.

En el mismo pronunciamiento la Corte absolvió al exgobernador Ibargüen Mosquera como autor de peculado por apropiación respecto de las resoluciones 2273 del 11 de diciembre de 2007, 2276 y 2277 del 12 de diciembre de 2007, dado que la Sala Especial evidenció que la Fiscalía no ofreció pruebas que dieran cuenta de la materialidad de la conducta ni de la responsabilidad del acusado, ni logró desvirtuar su presunción de inocencia, debiendo así resolver la duda en su favor.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP00053-2022:

Bogotá, D.C., martes 3 de mayo de 2022. Entendiendo la importancia que la comunicación tiene para la justicia, y con el fin de seguir construyendo nuevas formas de difusión que permitan acercar nuestra labor a la ciudadanía, la Corte Suprema de Justicia inaugura a partir de este martes un nuevo espacio auditivo en el cual se darán a conocer decisiones de alto interés público y sensibilidad social.

‘Las Voces de la Corte Suprema’ es el pódcast que esta corporación pone desde hoy a disposición de sus distintas audiencias, el cual podrá ser escuchado y descargado en Spotify, Google Pódcast y en el micrositio en donde estarán alojados todos los clips de audio.

Este formato tendrá un lenguaje fresco, sencillo y claro. En cada capítulo la comunidad académica, jurídica, los líderes de opinión, los medios de comunicación, y sobre todo, la ciudadanía en general, podrán escuchar las historias de personas reales, de carne y hueso, de organizaciones, empresas y usuarios de la justicia que llegaron a esta corporación buscando una respuesta frente a distintos conflictos en materia penal, laboral, civil y de familia.

A través de estos relatos -en los que además participarán los magistrados y magistradas que toman las decisiones, al igual que sus protagonistas-, la ciudadanía también tendrá acceso a los argumentos y las razones que tiene en cuenta la Corte para emitir sentencias novedosas y de interés común.

La Corte Suprema de Justicia invita a todos sus usuarios para que se conecten con este nuevo pódcast que también será difundido en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y Youtube.

Bogotá, D.C., martes 03 de mayo de 2022. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reconoció que una mujer que perdió la pensión de sobreviviente porque en 1989 volvió a casarse, tiene derecho a que se reanude el pago de esta prestación.

La Corte evaluó la aplicación del artículo 62 de la Ley 90 de 1946. Esa norma establecía que contraer “nuevas nupcias” era una causal para perder lo que entonces se conocía como pensión de viudedad. Aunque en dos sentencias (una de 1996 y otra del 2016) la Corte Constitucional declaró inexequible esa expresión por considerarla discriminatoria, los efectos de esas decisiones que permitían recuperar la prestación solo se estaban aplicando para los casos de personas que se hubieran vuelto a casar después de la Constitución de 1991, y no cuando estaba vigente la de 1886 porque se regían por unas reglas y normas distintas.

Aunque ese había sido el criterio que se había mantenido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral reconsideró esa añeja postura y decidió rectificarla con el fin de proteger la equidad y la justicia social.

La Corte señaló que esa restricción de la Ley 90 de 1946 se dio en un contexto en el que había una marcada influencia conservadora y religiosa en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluso en la Constitución, y por eso se consideraba que volver a casarse era una afrenta para la memoria del familiar de quien se recibía la pensión, por lo que se perdía este derecho como una especie de castigo por tomar esa decisión de vida.  Es decir, se basaba en un criterio moral que imponía un sacrificio de la autonomía, del libre desarrollo de la personalidad, de la decisión de conformar un nuevo núcleo familiar y reanudar la vida, para no perder una prestación económica.

El máximo tribunal de la justicia ordinaria evaluó las normas de derecho internacional y su aplicación nacional en las que se defienden los derechos a la igualdad entre mujeres y hombres, así como a conformar una familia libremente, sin discriminaciones ni restricciones, una situación que ha afectado en mayor medida a las mujeres por la negación histórica de sus derechos.

Con todo este marco internacional y los cambios que trajo la Constitución del 91, la Corte señaló que es inadmisible seguir permitiendo con un criterio normativista la restricción pensional que traía esta ley de 1946 para quienes se casaron por segunda vez antes de la Carta del 91, es decir, solo porque la pensión estaba regida por el anterior régimen constitucional.

La corporación precisa que no son válidas las razones que fundamenten un trato segregacionista entre quienes a la luz de esa normativa contrajeron nuevas nupcias antes de la entrada en vigor de la Constitución Política del 91, y aquellas que lo hicieron con posterioridad a esa fecha. Por esto elimina el límite temporal que jurisprudencialmente se había creado frente a aquellas personas que se casaron de nuevo antes del 7 de julio de 1991, por considerar que se caía en una distinción odiosa que, aunque no sea intencionada, produce un efecto discriminatorio funesto.

Así, con esta nueva línea de pensamiento, quienes gozaban de su pensión de sobreviviente y contrajeron nuevas nupcias antes de entrar a regir la Carta Política del 91, también tienen derecho a disfrutar de esta prestación.

La Sala de Casación Laboral señala que mantener el criterio que hacía una diferenciación entre quienes volvieron a casarse antes y después de la Constitución, implicaría retroceder en el origen y razón de ser de la pensión de sobreviviente que busca brindar un soporte y ayuda a los miembros del grupo familiar, pero que encontraban en esa posición un “mandato machista y patriarcal que, principalmente, le imponía a la mujer negar su posibilidad de restablecer su vida afectiva y sentimental a cambio de un beneficio económico”.

Además, mantener sin ninguna crítica el antiguo criterio llevaría a negar la trascendencia de esta pensión: “En el mismo sentido que ocurre con esta pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993, en la cual, el miembro de la pareja que sobrevive tiene derecho a recibirla si cumple los requisitos legales como forma de recibir una protección económica, también  es  un  reconocimiento  a  la  labor  que  cumplió  al ayudar a construir la prestación, bien porque se encargó de las labores domésticas o cuidado de los hijos, ora porque dio apoyo  afectivo,  o acompañamiento económico  en  algún momento,  entre  otras  situaciones  que  permitieron  sumar semanas o tiempo de servicio en el afiliado, es decir, que en la   pensión siempre   hay   una   mirada   conjunta   y   no únicamente el propio esfuerzo”, señala la sentencia.

También analizó el hecho de que en la práctica existan dos grupos poblaciones frente a la misma pensión de sobreviviente: uno que tuvo que renunciar a ese derecho por tomar una decisión de vida; y otro que también decidió casarse de nuevo y a quien se le privó su derecho a la pensión, pero que por la azarosa fecha de la expedición de la Constitución del 91, pudo restablecer esa prestación.

“La jurisprudencia no puede mantener o privilegiar en desmedro de los primeros, como si por el hecho de haber exteriorizado un proyecto de vida y concretarlo fuera una forma de castigo, persistiendo sus efectos en el tiempo, siendo que es deber del Estado, a través de todas sus autoridades, con mayor razón la que está en cabeza del operador judicial, eliminar toda clase de discriminación para lograr la igualdad jurídica entre los sujetos de derecho”, destaca la providencia.

La Corte también insiste en que no está justificada la restricción para la pensión de sobreviviente por las nuevas nupcias porque incluso en vigencia de la Constitución de 1886, ante el panorama internacional, por ejemplo, con la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, incorporada en la legislación colombiana en 1981, se podía replantear el trato discriminatorio y lesivo de los derechos fundamentales de aquel grupo poblacional que se estaba viendo afectado en su prestación, particularmente femenino.

Además, subrayó el pronunciamiento, la Corte Constitucional ha establecido en sus sentencias que a quienes se casaron por segunda vez antes de la Constitución del 91 y perdieron su pensión de sobreviviente, se les “continuarían vulnerando sus derechos” y para esas personas persistiría un vacío que la Sala de Casación Laboral ahora puede llenar rectificando su criterio en los diferentes casos que lleguen a la jurisdicción ordinaria laboral, reconociendo en procesos como este el derecho que tienen estas personas de que se reactive su pensión de sobreviviente.

Por todas estas razones, la Sala de Casación Laboral casó la sentencia de segunda instancia que le había impedido a la mujer reactivar el pago de su prestación solo por el hecho de haber contraído nuevas nupcias antes de la Constitución del 91. Así, confirmó la decisión del primer juez que determinó que la administradora de pensiones debía volver a pagarle la pensión de sobreviviente.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SL413-2022: