Hace un mes, tras varias sesiones en las que no se llegaba a un acuerdo, la Corte Suprema de Justicia eligió a su nuevo presidente Álvaro Fernando García. En diálogo con EL TIEMPO, el magistrado de la Sala Civil habla sobre decisiones que han causado controversia como la liberación de Jesús Santrich, la aceptación de la renuncia del Fiscal General, y la situación del magistrado de la Sala Penal, Eyder Patiño, a quien la Comisión de Acusación pidió investigar por el ‘Cartel de la Toga’
Algunos sectores han criticado la decisión del alto tribunal de liberar a Santrich y decir que por su fuero debe ser juzgado por la Corte Suprema ¿Cómo lo argumentan?
El país puede hacer sus valoraciones, y aprobar o criticar estas decisiones. Esto es lógico en una democracia donde hay libertad de expresión. Pero los jueces debemos preservar la institucionalidad y debemos respetar estas decisiones más que cualquier otra autoridad pública. Nos toca acoger lo que ya ha dicho la Corte Suprema. La Corte simplemente resolvió una impugnación a la competencia, que se presentó después de que la JEP actuó, y la Fiscalía empezó una investigación. La Corte resolvió que el señor Santrich sí era aforado y que por lo tanto le correspondía a la misma Corte Suprema de Justicia juzgarlo. Creo que esto es una garantía para la democracia, que a las personas que tienen que ser juzgadas por un ente especial se les den esas garantías. Es una garantía para el proceso de paz y para Colombia saber que el máximo tribunal de la justicia ordinaria en lo penal está tomando decisiones sin miedo, con tranquilidad, decisiones bien motivadas, y que no conducen sino a que todos los colombianos sigamos creyendo en las instituciones.
¿Cómo explicarle a quien no entiende su libertad?
La Corte tomó como fundamento el fallo del Consejo de Estado que reconoce la calidad de aforado de Santrich como congresista, algo que viene de una garantía pactada en los acuerdos de La Habana, y que fue respetada por la Corte. Esto es prueba de que las instituciones están funcionando.
¿Qué sigue ahora?
El caso, que ya llegó a la Corte, fue repartido a la Sala de Instrucción y ya hay un magistrado ponente. Ahora les corresponde a ellos investigar el caso de narcotráfico como delito común no protegido por la JEP. Si ellos así lo deciden, tomarán las pruebas que se puedan presentar, se analizarán y tomarán las decisiones que correspondan, y el caso tendría una doble instancia. Este proceso tendrá todas las garantías, lo que es una prueba para todos de que quien se somete a la jurisdicción y soberanía de la Patria, es juzgado con equidad. Esto en lugar de hacernos sentirnos mal, nos debería hacer sentir orgullosos de la justicia que tenemos.
¿La decisión de la Sala Penal contradice una providencia del 2018 del magistrado Rigobero Echeverri, quien dijo que Santrich no tenía fuero?
Aunque son recursos formulados por la misma persona, se trata de distintos jueces y dos problemas jurídicos que no admiten comparación. La impugnación de competencia de esta semana es la primera decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte, máxima autoridad en esa materia, donde se resuelve a partir de qué momento un congresista adquiere el fuero, y concluyó que es desde el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral. Las consideraciones marginales del magistrado de la Sala de Casación Laboral Rigoberto Echeverri sobre el fuero, se registraron al negar una acción de hábeas corpus. Entonces, no hay contradicción. La jurisprudencia es la que emite la autoridad competente.
Este proceso tendrá todas las garantías, lo que es una prueba para todos de que quien se somete a la jurisdicción y soberanía de la Patria, es juzgado con equidad
¿No teme la Corte que la libertad de Santrich sea una decisión impopular?
Como alguien decía hace poco, un juez puede aspirar a cualquier cosa, menos a ser popular. Muchas veces la justicia tiene el difícil papel de tomar las determinaciones y decir las verdades que nadie quiere oír. Aunque nadie lo reconozca, en esos momentos es que los jueces son más importantes para las sociedades y la preservación de sus valores institucionales. La popularidad y la conveniencia no aplican en el ejercicio de la función judicial. Nuestro soporte es el imperio de la ley y este caso no es la excepción.
¿Les preocupa que vuelva a la clandestinidad?
El Estado y la sociedad colombiana confiaron en la palabra de las Farc al constitucionalizar el Acuerdo de Paz de La Habana. Como el país lo vio esta semana, las instituciones judiciales, empezando por las altas cortes, están honrando ese mandato constitucional. Ahora le corresponde al señor Seuxis Hernández (Santrich) y a todos los demás desmovilizados de la guerrilla cumplir sus compromisos de comparecer ante la justicia ordinaria y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En la controversia por posibles ‘chuzadas’ a la Corte Constitucional –que luego fueron descartadas por la Fiscalía– y el retiro de visas, la Corte Suprema dijo que había un ataque sistemático al poder judicial ¿Todavía lo siente?
Siempre fui muy claro en que yo personalmente no me sentía con ningún ataque. Lo que considerábamos grave era que esas cosas que se estaban presentando pudieran tener un origen en algunas decisiones judiciales, lo que sería muy grave para la justicia y la democracia. Nosotros nos pronunciamos para que, si es que eso estaba ocurriendo, se tomaran las medidas pertinentes. Parece que se hicieron investigaciones, que algunas de las visas fueron devueltas, y al día de hoy podemos decir que no sentimos que esos hechos tengan relación con las decisiones judiciales, y ojalá que así sea.
Un juez puede aspirar a cualquier cosa, menos a ser popular. Muchas veces la justicia tiene el difícil papel de tomar las determinaciones y decir las verdades que nadie quiere oír
¿Qué pasó con la visa del magistrado Eyder Patiño?
La Corte ya explicó que en ese momento no se tenía todo el conocimiento, y había dudas o temor de que le hubieran quitado la visa por algunas de sus últimas decisiones. Luego él explicó que eso había ocurrido hace 17 meses. En los últimos días no he tenido manifestaciones de algún magistrado que se sienta atacado o amenazado. Es una fortuna que la justicia pueda hacer su trabajo tranquilamente.
¿Qué piensa la Corte de la compulsa de copias de la Comisión de Acusación contra Eyder Patiño, por supuestos hechos del denominado ‘Cartel de la Toga’?
Estamos acostumbrados a que se presenten denuncias contra muchos magistrados y jueces. Muchas de esas denuncias concluyen con una absolución, y demostrando la inocencia. Ya sea que se demuestre la culpabilidad o la inocencia, creemos que lo importante es que la justicia actúe. El que se denuncie es bueno para la democracia. No nos oponemos a ninguna investigación, y nos alegramos que todo salga a la luz pública. Esto fortalece a la justicia. No sentimos que la compulsa de copias al doctor Patiño sea un ataque. Lo sentimos como una forma de fortalecernos.
No sentimos que la compulsa de copias al doctor Patiño sea un ataque. Lo sentimos como una forma de fortalecernos
La Sala Penal decidió no pedirle a la Sala Plena que se separe del cargo a Patiño –como si ocurrió en el pasado con Gustavo Malo–, porque no considera que en su contra haya señalamientos directos y graves ¿La Sala Plena comparte esa posición?
Cuando la Sala Penal tomó la decisión de no pedir la suspensión de funciones del doctor Patiño, no hubo ninguna oposición. Estuvimos todos de acuerdo en que no había todavía ningún mérito para que actuáramos como hicimos con Gustavo Malo. Esta posibilidad fue adicionada a nuestro reglamento para que la misma Corte pudiera protegerse de una manera rápida, ser efectiva, separando del cargo a la persona de la que tuviéramos alguna duda. Pero eso no es automático, no es que todo al que denuncien inmediatamente será suspendido como magistrado. Las denuncias pueden darse, y eso genera una investigación. Sólo cuando hay unos indicios muy graves, una duda seria de la credibilidad de la responsabilidad de alguno de los magistrados, se aplica ese artículo del reglamento para proteger a la Corte y a la sociedad.
La misma Corte dice que muchos de los testimonios por los que se compulsan copias ya eran conocidos por el mismo alto tribunal…
No nos corresponde a nosotros decir cómo irá la investigación, porque no la conocemos. Está todavía en etapas preliminares, pero por lo menos hasta nosotros no ha llegado el resultado de una investigación que sea nueva, que aporte elementos para uno creer que deba separarse del cargo al magistrado Patiño.
Tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía, usted dijo que las coyunturas difíciles no se afrontan con decisiones apresuradas ¿El Fiscal no actuó bien al renunciar?
Como juez tengo que ser más prudente que cualquiera de los otros funcionarios. Hay funcionarios que tienen origen político, por ejemplo, y pueden opinar políticamente. Hay funcionarios que tienen una actividad que puede dar lugar a una mayor fogosidad en las decisiones, y pueden reaccionar. De pronto el Fiscal tenía el compromiso con una verdad que él estaba trabajando, y esa verdad, reconocida o no, pudo dar lugar a una decisión personal suya. Pero, esa es su decisión y yo no puedo calificarla, yo soy juez. Nosotros somos sus nominadores, por eso no podríamos decir si actuó bien o mal. Simplemente tomamos la decisión que nos correspondía serenamente: aceptar su renuncia porque fue irrevocable, y proceder a designar a su sucesor cuando el Presidente nos envíe la terna.
¿Cree que haya una crisis en la justicia, como han dicho algunos por decisiones que no son de su agrado?
La democracia es deliberativa. Si en una democracia nos asustamos porque piensen distintos unos u otros, estaríamos negando la democracia. Mientras las instituciones más se muevan, más alegría debería darnos. Si esa democracia y las diferencias de opiniones no nos llevan a la violencia –como debe ser– es una alegría que haya diferentes puntos de vista y posiciones, que triunfen al final unas verdades o certezas que logren demostrarse, y que las pruebas lleven a la toma de decisiones. Nos debe hacer sentir a todos los colombianos muy felices tener a instituciones deliberantes, y que tomen medidas sin intencionalidad, preferencias, expuestos a sentir que la opinión a veces no nos comprenda, pero que al final se van a dar cuenta que tienen jueces. A veces tomamos decisiones que pueden ser impopulares, pero un observador a la larga puede ver que con esto se sacan buenas conclusiones. Al país le va mejor cuando se toman las medidas no para alegrar a nadie, sino porque es lo mejor.
Si en una democracia nos asustamos porque piensen distintos unos u otros, estaríamos negando la democracia
Este año no ha sido fácil para la Corte llegar a consensos en elecciones y ya hay dudas sobre cuánto se demorará eligiendo Fiscal…
La ciudadanía tiene que saber que las decisiones entre varias personas, las que son democráticas y plurales, tienen que madurarse. No se pueden sacar a la carrera, no son decisiones momentáneas como cuando uno actúa solo. Nosotros tenemos que hablar, conocer, escuchar a los ternados, analizar. A veces una decisión muy rápida puede llevar a que no sea la mejor. Mientras nos demoremos un poquito, no mucho, pero un poquito, puede haber tiempo para que la misma ciudadanía aporte. Esto se pone en la página de la Rama Judicial y aceptamos insinuaciones, acusaciones, aseveraciones sobre los comportamientos de los candidatos, lo que sirve para orientar la decisión. En la elección del Fiscal nos vamos a tomar el tiempo necesario que conlleve la dinámica de una elección por muchas personas. La Corte quiere cumplirle al país, y nombrar también a los magistrados que faltan. Todos estamos interesados en que esto llegue rápido, y así como las demás elecciones que tenemos que hacer.
¿Se necesita llenar sus cinco vacantes para poder elegir al Fiscal?
No sería obligatorio. Desde que haya 16 para nombrar, podemos hacerlo. Lógico que en cada oportunidad tratamos de nombrar primero los magistrados, y luego hacer las demás elecciones, porque si estamos todos, puede ser en la práctica más fácil, y por otro lado, más legítimo porque estamos todos a los que nos toca votar. Pero no es obligatorio. Si logramos ponernos de acuerdo sobre el nombre de un Fiscal, y aún no hemos hecho las otras elecciones, no es que nos deslegitime, es una forma de cumplir nuestro deber.
¿Cómo van esas elecciones?
Ya sea han hecho dos intentos de votación, y ya van perfilándose algunos candidatos que han sacado más votos. A la elección se lleva toda la lista, se escogen los dos de mayor votación, y luego se vota por ellos juntos y luego individualmente por cada uno. Hay personas que han llegado a tener hasta 10 votos, entonces vamos acercándonos a tener la Sala Plena completa.
En el caso de Gustavo Malo, que está suspendido, ¿su vacante es por ocho años o por cuánto tiempo?
Ya hay otro caso en donde se tuvo más o menos lo mismo, y fue el caso del doctor Jorge Pretelt, para quien se acabó el periodo y se nombró en propiedad. Por el momento tenemos agendado nombrarle un reemplazo en provisionalidad por lo que falte del periodo. Cuando termine su periodo, se acaba la provisionalidad y se procederá a pedir lista y nombrar un magistrado en propiedad por el periodo de 8 años.
Reforma a la justicia y doble instancia para aforados
Álvaro Fernando García es magistrado de la Sala Civil y presidente del alto tribunal desde hace un mes.
Foto:
Carlos Ortega / EL TIEMPO
¿Cómo ve la Corte una futura reforma a la justicia?
Desde hace varios años se viene intentando reformar la justicia y ha sido difícil llegar a una reforma que sea útil y que convenza, tanto a la comunidad jurídica, como a toda la sociedad en general. Creo que el problema se viene presentando por el punto de partida mismo. Casi siempre se parte de un descrédito a las Corte para reformarlas. Creo que ese no es el punto de partida. En esta última oportunidad se trató de una manera diferente, se trató de acercar y hacer un destino común entre la parte política y las Cortes, y creo que ese es el camino. El problema es que se hizo con muy poco tiempo, entonces las cosas se presentaron muy rápido y por eso se hundieron. No se hundió por otra cosa sino por falta de tiempo. Pero también hay que ver que en todas las reformas que se han presentado no se han tomado decisiones frente a la justicia que afecta directamente a los ciudadanos. Se toman reformas políticas disimuladas, quién nombra a quién, cómo le quitamos a la Corte el nombramiento de Contralor, Procurador, Registrador.
¿Se oponen a que les quiten esos nombramientos?
No tenemos problema con que a la Corte le quiten algunas designaciones y nombramientos, o facultades de esas que son inherentes a la democracia, pero que no son esenciales de la justicia. Nosotros sabemos que nuestro oficio es el de jueces, decidir. Pero queremos participar -y no rechazamos la participación en el equilibrio de poderes del Estado-, en los pesos y contrapesos, porque sabemos que le hacemos un favor a la democracia, no a nosotros. Incluso, para nosotros esto se nos puede volver hasta contaminante por inhabilidades, incompatibilidades, es hasta difícil. Pero a la democracia sí se le hace un favor porque no están siempre los mismos poderes públicos con todas las designaciones de funcionarios del Estado.
Esa es la pregunta que hemos hecho en los últimos tiempos. Sí, entregamos estos nombramientos, ¿pero a quién? Si se entrega a un ente que lo haga mejor, estaríamos felices por la democracia, pero si nos lo quitan a toda velocidad para dárselo a alguien que no lo va a hacer mejor, no funciona. Una prueba que muestra que quitarnos los nombramientos no ha sido mejor es la elección del Contralor. La última vez la elección ya se hizo con la reforma y se nombró de una manera que dejó muchas críticas, más que las que se nos hacían a nosotros cuando nosotros designábamos el Contralor. No queremos una reforma para quitarle todo a la Rama Judicial, y que después quede en manos que no son las mejores. Estamos dispuestos a que eso se reforme, a que nos quiten unas facultades, pero pensemos y ayudemos a pensar, a quién le queda mejor esa designación, y quién puede cumplir esa función mejor que nosotros. Si no lo hay, estamos dispuestos a continuar con esa carga.
Una prueba que muestra que quitarnos los nombramientos no ha sido mejor es la elección del contralor. La última vez la elección se hizo con la reforma y se nombró de una manera que dejó críticas
¿Qué implicaría una reforma de la justicia que piense en el ciudadano?
Hay que trabajar en todos los frentes, y que no se descuide la justicia para la ciudadanía. Hay que pensar en una mejor forma de juzgar, en mayor cantidad de jueces, en la capacidad financiera de la Rama Judicial. No se puede pensar en descongestiones aisladas, sino que el país tenga los jueces que según el número de habitantes debería tener. También tenemos una necesidad que es la reforma del Código General del Proceso, que es la justicia de la gente. Vemos que la oralidad, por lo menos en segundas instancias, en lugar de estar siendo más rápida está siendo más demorada. Hemos hecho varios análisis y en la Sala Civil de la Corte tenemos un proyecto de reforma de ese Código.
La Corte Constitucional le ordenó al Congreso crear un procedimiento para garantizar la doble conformidad en condenas de segunda instancia, y dejó abierta la puerta para apelar los primeros fallos condenatorios ¿Qué piensa la Corte de que el Congreso cree una norma que reabra fallos que ya estaban cerrados por el alto tribunal?
El país entró en unos convenios internacionales aceptando la doble conformidad condenatoria, y luego la Constitución del 91 la incluyó, pero se les olvidó a los que dirigían que esto lo tenían que hacer jueces, y no crearon los jueces para tomar esas decisiones. Por eso vino la dificultad de las tutelas, y que unas salas se metieran en las otras. Sería muy sano que el Congreso legislara al respecto, no sólo para aforados, sino para todos los ciudadanos, porque el artículo 29 de la Constitución establece la doble conformidad condenatoria para todos. Además hay un proyecto, según he conocido por medios, que propone aplicarla retroactivamente a los que ya fueron juzgados y condenados en única instancia.
Esto tiene que ser elaborado cuidadosamente porque a veces, cuando sacan una ley sin mucho cuidado, se genera más problemas que soluciones. Pero si le ponen un límite, como el de prescripción de los delitos, u otro que se ingenien los legisladores, me parece muy útil. Algunos han criticado porque dicen que en esta ley se estaría legislando para ciertas personas, pero yo creo que la ley no podría salir así. La ley tiene que salir de manera general, y hay mucha gente que puede haber quedado descontenta con las decisiones. Un proceso de única instancia siempre genera tutela porque el ciudadano no queda contento, en cambio en los que tienen dos instancias, el ciudadano queda más tranquilo. Si dos personas fallaron en un sentido, se evita el riesgo de le equivocación. Son decisiones humanas y podemos equivocarnos, y para esos son las instancias: que unos corrijan los posibles yerros que tengan los otros.
Algunos le han puesto título propio y dicen que esto sería para beneficiar a personas cercanas del uribismo que han sido condenadas…
Hay personas que le ponen a todo su misterio, y su duda. Si el Congreso lo saca para todo el mundo, es para todo el mundo, y creo que es útil. Uno conoce muchas personas, muy desconocidas y alejadas de todos los poderes, que consideran que con dos instancias habrían quedado más tranquilos. Entonces, esto es para todos los ciudadanos. Si eso cobija a algunos de un poder político, pues de contera les tocará, pero es que eso no les garantiza sino que los van a volver a juzgar, no que los van a absolver. Hay que tener en cuenta esto para que el ciudadano entienda, que no quiere decir que es una ley para favorecerlo en el sentido de regalarle nada a nadie, sino para que se revise su sentencia y sus pruebas, y si tiene culpa sigue condenado, y si no la tiene, logrará ser absuelto.
En un país donde los recursos de presupuesto y los recursos humanos para la justicia son limitados, ¿reabrir casos del pasado no congestionaría más a la justicia?
Eso podría ocurrir, se podría congestionar un poco. Pero es bueno que un inocente que esté condenado logre demostrar su inocencia. Hasta la misma Biblia dice que es mejor que haya muchos condenados afuera, y no un solo inocente condenado. Buscando justicia hay que hacer todos los esfuerzos. Vale la pena esa posible congestión que se haga si algunos cuantos logran una buena justicia.
La magistrada Cristina Lombana presentó una tutela por la decisión en la que sus compañeros la apartaron del caso contra Álvaro Uribe por su condición de militar activa. ¿Cuál es la situación actual de la magistrada Lombana? ¿Tendría que apartarse de todos los casos?
Independientemente de la circunstancia personal muy particular de la magistrada, por la recusación que aceptó contra ella la Sala Especial de Instrucción, lo importante es que las funciones de investigación contra aforados no han sufrido ninguna parálisis, porque existen mecanismos procesales para reemplazarla. Sin embargo, la Corte está muy atenta por si esa situación se agrava y amenaza el normal cumplimiento de las funciones en esa sala.
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