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Bogotá, D.C., viernes 16 de junio de 2023. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Mario Alberto Castaño Pérez a una pena de 15 años y 11 meses de prisión, al analizar los 19 delitos en los cuales aceptó cargos, tras acogerse a sentencia anticipada por hechos de corrupción en contratación.

La Corte lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, estafa agravada como determinador, peculado por apropiación consumado, -en algunos eventos como coautor interviniente y en otros como determinador-, peculado por apropiación en grado de tentativa como determinador y concusión en calidad de autor.

En la sentencia de primera instancia, la Sala también lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena, le impuso una multa de 11.968,54 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, más el pago de $1.060 millones de pesos, negándosele la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que la prueba recaudada en este proceso soportó la aceptación de cargos realizada por el senador Mario Castaño, y condujo a la certeza sobre su responsabilidad penal en las conductas punibles que se le endilgaron.

Respecto al delito de concierto para delinquir agravado, la Sala encontró acreditada su responsabilidad penal señalando en la sentencia que, valiéndose de su cargo como senador de la República, Castaño Pérez lideró entre los años 2020 a 2022 una organización delictiva a través de la cual, en asocio con otras personas, acordó cometer diversos delitos, varios de ellos contra la administración pública.

La Corte consideró que su posición política le permitió tener contacto con diversos actores del sector público (alcaldes y funcionarios) y, a través de un entramado burocrático, interferir en diferentes procedimientos administrativos y de contratación que le facilitaron a la organización alcanzar su cometido delictivo y obtener provecho ilícito en detrimento del patrimonio del Estado.

Y frente al delito de estafa agravada, la Sala evidenció que el senador Castaño determinó a los particulares  Nova Lorena Cañón Reyes y James Peña Garzón a realizar artificios y engaños que llevaron a funcionarios del Ministerio de Cultura a creer equivocadamente que los dineros del proyecto de la Escuela Taller Salamina serían destinados de manera íntegra a ese propósito, cuando en realidad parte de esos recursos fueron desviados al patrimonio de Castaño Pérez y al de quienes intervinieron en el hecho, obteniendo así un provecho ilícito.

También quedó demostrado que, en el contrato de obra de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el consorcio San Miguel, el senador instigó a integrantes de la organización delictiva, entre ellos Santiago Castaño Morales y Juan Carlos Martínez para que se apropiaran de 1.560 millones de pesos, en beneficio propio y de otras personas. Todo esto, en detrimento del erario, lo cual llevó a la Sala de Primera Instancia a condenar a Castaño por el delito de peculado por apropiación en calidad de determinador.

En la sentencia condenatoria, contra la cual procede el recurso de apelación, la Corte también dio por acreditado que consiguió que los contratistas Juan Carlos Martínez Rodríguez y Daniela Ospina Loaiza, vinculados al Senado de la República, se apropiaran de recursos públicos por 40 millones de pesos. La condena destaca que con su posición de senador y usando sus poderes burocráticos no sólo logró que entraran a esa corporación, sino que también consiguió que se le diera trámite al pago de distintas cuentas de cobro pese a que había discordancias entre los informes presentados por ellos y el del supervisor del contrato.

Igualmente, la Sala también encontró demostrada la participación de Castaño Pérez como determinador de peculado por apropiación en grado de tentativa, relacionado con contratos de obra para la construcción de canchas sintéticas en los municipios de Piendamó y Balboa. Todo esto, al haber instigado a Santiago Castaño Morales, Juan Carlos Martínez Rodríguez y, directa o indirectamente, a varios funcionarios del nivel municipal para que se cometiera este delito.

También  fue condenado por el delito de concusión al exigir dinero -mediante Juan Carlos Martínez Rodríguez y Alejandro Noreña Castro-, a Carlos Andrés Serna Idárraga, Jorge Armando Ospina Bedoya, Luisa Daniela Pulgarín Acevedo y Luz Zoraida Albarracín Guzmán, a cambio de ubicarlos laboralmente a ellos o a sus familiares en el SENA o en la Contraloría General de la República. Se encontró que Castaño podía acceder a estos cargos aprovechando su condición de congresista.

Nulidad parcial

De otra parte, la Sala Especial de Primera Instancia decretó la nulidad parcial de la aceptación de cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en relación con los estudios de diseño para la presentación de proyectos de canchas sintéticas de los municipios de Piendamó, Suárez y San Diego (Samaná), así como los contratos de obras derivados de los convenios interadministrativos respecto de Piendamó y Balboa, pues si bien el procesado aceptó su responsabilidad por esos hechos como “coautor interviniente”, de las pruebas en el proceso no se desprende que haya participado en esos delitos bajo esa calidad, sino como determinador.

Como una emisión de sentencia condenatoria en su contra como determinador de esos hechos implicaría agravar su situación imponiéndole una mayor pena, la Sala decretó la nulidad parcial de la aceptación de cargos por estos hechos con el fin de proteger el debido proceso y el derecho de defensa de Castaño Pérez.

La Sala también anuló la aceptación de cargos en lo relacionado con los delitos de peculado por apropiación en modalidad de tentativa, por hechos que tienen que ver con los proyectos de canchas sintéticas en los municipios de Suárez y San Diego, Samaná, así como lo relativo a los proyectos de “Sacúdete al Parque” en los municipios de Armero Guayabal, Tolima y Villamaría, Caldas. Frente a estos hechos, la Corte no encontró soporte probatorio que sustentara que fue determinador de esas conductas.

Sobre estos hechos, la Sala determinó que la aceptación de cargos que hizo el congresista no tiene una correspondencia con las pruebas que hacen parte del proceso. Debido a esto, se decretó la nulidad de su aceptación por estos cargos, con el fin de que se mantenga la investigación en aras de establecer cabalmente la tentativa de ese delito.

La decisión tuvo dos salvamentos de voto, pero en relación con temas distintos.

Consulte aquí el texto de la sentencia SEP077-2023 

[spiderpowa-pdf src=»https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/prensa/SEP00077-2023.pdf»]

Bogotá, D.C., martes 23 de mayo de 2023. La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia recordó que la huelga es un derecho constitucional, reconocido también por pactos internacionales incorporados en el sistema jurídico en Colombia. Sin embargo, cuando hay un abuso de este derecho y se ejerce por fuera de los límites demarcados por la ley, los sindicatos podrían ser condenados civilmente a reparar a su empleador o a terceros que demuestren daños y perjuicios.  

La Sala hizo este pronunciamiento al mantener una decisión que negó la solicitud que hizo una empresa en la que pedía condenar a un sindicato y a distintos empleados a indemnizar a esa compañía, dedicada a vender y reparar maquinaria para el sector minero.  

El sindicato y los empleados demandados, que hacían parte de dos compañías que esa entidad había subcontratado, entraron en huelga entre el 14 de marzo y el 3 de abril del 2013, por lo cual bloquearon el acceso a cinco proyectos mineros en Cesar donde la empresa prestaba sus servicios, y en las instalaciones de la demandante en Soledad (Atlántico).  

De acuerdo con la demanda civil, los ceses de actividades promovidos por el sindicato y los trabajadores afiliados -huelgas que posteriormente fueron declaradas ilegales por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia-, le ocasionaron daños y perjuicios económicos, debido a los gastos que tuvo que sufragar y las ventas que dejó de realizar. Por ello, pidió una indemnización.  

En primera instancia el sindicato y los trabajadores fueron condenados solidariamente por el juez a pagar más de 37.000 millones de pesos, pero en segunda instancia el Tribunal revocó esa decisión.  

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión que negó las pretensiones de la empresa señalando que, aunque es cierto que en los casos en los que se compruebe el abuso del derecho los sindicatos podrían ser llamados a responder civilmente, en este caso particular la empresa demandante no acreditó los perjuicios, lo cual no se solventaba con tasarlos en la demanda con complejas operaciones y análisis contables.   

La Sala encontró que el dictámen pericial que cuantificó el daño emergente y el lucro cesante de la empresa “carece de solidez” y los “perjuicios demandados no tienen el carácter de ser ciertos”, pues no se demostró su existencia, un elemento esencial para poder considerar la responsabilidad civil extracontractual.  

La posibilidad de que los sindicatos respondan por el daño  

En términos generales, en la sentencia la Corte analizó cómo se configura la responsabilidad civil extracontractual por parte de los sindicatos y la necesidad de demostrar el daño en este tipo de procesos.  

En primer lugar, la Sala de Casación Civil y Agraria recordó que, por su naturaleza, es lógico que el paro pueda afectar al empleador de los trabajadores y a terceros, y generar menoscabos patrimoniales, lo cual es socialmente tolerado.  

Pero eso no significa que el derecho a la huelga sea ilimitado. Dado a que busca conseguir reivindicaciones de tipo laboral, debe atenerse a los límites que establece la ley lo cual significa que si se sobrepasan esas fronteras y hay un abuso del derecho, los sindicatos y empleados podrían ser condenados civilmente. 

“En ese orden, los sindicatos y los mismos empleados que aquellas organizaciones gremiales congregan no son ajenos al respeto del principio de «alterum non laedere» y podrían ser llamados a responder patrimonialmente por los perjuicios que ocasionen, no sólo cuando la huelga se sirve de la violencia o de agresiones al empleador, a la empresa o a terceros, pues ésta es tan solo una de las hipótesis en que el ejercicio de este mecanismo percutor de una negociación colectiva entrañaría abuso del derecho”, precisa la Corte en la sentencia.  

Esto significa que la responsabilidad civil de las organizaciones sindicales podría darse no solo cuando incurren en conductas violentas, pues también “puede generarse en eventos diferentes, en los cuales, de acuerdo con las condiciones particulares del caso, el ejercicio de ese derecho sindical merezca la calificación de abusivo”, dice la providencia.   

La Sala de Casación Civil y Agraria aclaró que, en todo caso, la obligación de responder por los daños no se da porque la huelga genere una afectación -que es congénita al ejercicio de la huelga-, sino cuando se demuestra la ilegitimidad del acto de los trabajadores.  

En cuanto al daño, la Corte recordó que para que haya una condena civil este debe estar demostrado, debe ser inequívoco, real y directo, no eventual o hipotético. “Su respaldo requiere pruebas concluyentes que acrediten la verdadera entidad del daño y su extensión cuantitativa”, precisa la Sala.     

Consultar aquí el contenido de la sentencia SC040-2023

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2023/05/SC040-2023.pdf»]SC040-2023

Bogotá, D.C., jueves 18 de mayo de 2023. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al ingeniero Francisco José Infante Vergara, gobernador encargado del Magdalena entre el 26 de junio y el 31 de diciembre de 2007 y quien había sido acusado por la Fiscalía General de la Nación como posible autor del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

Los hechos objeto de investigación y posterior juzgamiento tienen que ver con el estudio que la Fiscalía hizo sobre su patrimonio, para el lapso de 2006 a 2008, ante el supuesto desconocimiento sobre cuál era el origen de los recursos que le permitieron adquirir un bien inmueble en la ciudad de Santa Marta, así como la procedencia de $ 98.250.000 depositados en sus cuentas bancarias.

La Sala determinó que no se acreditó una relación entre el incremento patrimonial y el cargo público desempeñado por el procesado. Por el contrario, se evidenciaron circunstancias que relacionan la adquisición del inmueble y las transacciones bancarias con la actividad comercial en el sector de la construcción a la que Infante Vergara se dedicaba antes de ser gobernador encargado, la cual es lícita y estaba plenamente justificada.

Sobre el origen de los recursos, la providencia señala: “(…) se establece que provienen de la profesión que ejerció Infante Vergara a través de la lícita actividad comercial dada su condición de ingeniero civil, adelantando por varios años a través de las compañías Constructora Infante Vives e Inversiones Costa Brava proyectos de construcción en la ciudad de Santa Marta, antes y después de haber fungido como gobernador encargado del 26 de junio al 31 de diciembre de 2007”.

Según la sentencia de primera instancia, quedó demostrado que Infante Vergara no tuvo una evolución económica presurosa o insospechada, tampoco un crecimiento de sus activos representado en una inusitada adquisición de bienes muebles, inmuebles o inversiones durante los seis meses en que se desempeñó como gobernador del departamento del Magdalena. Tampoco se encontró ese incremento patrimonial injustificado en los dos años posteriores a su separación del cargo, por lo cual no se cumplió el presupuesto del delito por el que fue acusado por parte de la Fiscalía.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP066-2023:

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2023/05/SEP-066-2023-00320-1.pdf»]SEP 066-2023 (00320)

Bogotá, D.C., miércoles 17 de mayo de 2023. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió una solicitud de la defensa del exsenador Alberto Rafael Santofimio Botero con la que buscaba que se revisara la condena de 24 años de prisión en su contra, como coautor del homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989.

En su petición, el apoderado de Santofimio alegaba que había dos supuestas pruebas nuevas que no habían sido conocidas ni debatidas durante el juicio y justificaban modificar parcial o totalmente su sentencia condenatoria.

Al estudiar sus argumentos, la Sala de Casación Penal advirtió que el exsenador “no presentó prueba nueva alguna, sino un denso escrito de opiniones, en su mayoría expresadas en medios de comunicación con posterioridad al proceso, y actuaciones realizadas en otros expedientes que no ofrecen trascendencia alguna para derruir las presunciones de legalidad y acierto de la sentencia condenatoria dictada por la Corte contra Alberto Rafael Santofimio Botero”.

Según la providencia, la defensa pretendía revivir el debate probatorio que ya fue agotado en las instancias y en el recurso extraordinario de casación, cuestionando el mérito que se le otorgó a las pruebas aportadas al proceso, un “objetivo para el que no fue diseñada la acción de revisión”.

Uno de los argumentos del apoderado sostenía que John Jairo Velásquez Vásquez, jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, supuestamente mintió al incriminar al exsenador en el asesinato del candidato presidencial y se retractó en una declaración ante la Comisión de la Verdad.

La Corte recordó que una retractación no constituye una prueba nueva y no sirve para promover una acción de revisión, “pues la presunción de acierto y legalidad de la sentencia no puede ser desconocida con simples suposiciones o cambios de criterio de algunos de los testigos”. Aclaró que la retractación solo puede ser usada para pedir una acción de revisión cuando hay una sentencia en firme que determine que el testigo incurrió en falso testimonio, y en este caso no hay ninguna decisión judicial que establezca que Velásquez Vásquez mintió.

De otro lado, la providencia se refirió a los cuestionamientos de Santofimio sobre el supuesto trastorno de personalidad de Velásquez Vásquez, señalando que las afirmaciones que en ese sentido hizo una psicóloga solicitada por el demandante, no es un peritaje judicial sino una opinión fundada en artículos de prensa y en videos de youtube.

Por lo tanto, ni esa opinión ni otras que la defensa de Santofimio Botero formuló son idóneas para “demeritar lo concluido por los jueces, esto es, que el testigo tenía la habilidad para declarar, no era mitómano como lo calificó la defensa técnica, y conoció y escuchó en forma directa lo que puso en conocimiento de la Justicia”.

La Corte también desvirtuó otro argumento del apoderado, según el cual la imputación que se hizo en Justicia y Paz al bloque Henry Gonzalo Pérez de las Autodefensas del Magdalena Medio, así como la declaración del magnicidio como crimen de lesa humanidad por parte del Consejo de Estado, demostrarían que “otros fueron los autores” y que el exsenador no tuvo relación con el crimen.

La Sala de Casación Penal concluyó que estas actuaciones judiciales no son una prueba nueva, porque lo que demuestran es que “se están adelantando los procesos correspondientes para establecer la responsabilidad de las demás personas que participaron en el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, de los que se tuvo conocimiento dentro del proceso, pero no fueron individualizados”.

A juicio de la Corte, de ninguna de estas actuaciones de la justicia se puede inferir, como lo pretende la defensa del exsenador, “la demostración de que Santofimio Botero no determinó a Pablo Escobar Gaviria para matar a Luis Carlos Galán Sarmiento”.

Consulte aquí el contenido completo de la providencia AP1261-2023: 

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2023/05/AP1261-2023-61070-REVISIÓN-INADMITE-DR.-HERNÁNDEZ.pdf»]AP1261-2023 – 61070 – REVISIÓN (INADMITE) – DR. HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., martes 16 de mayo de 2023. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado de tribunal de carrera Jorge Enrique Vallejo Jaramillo como nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en reemplazo del exmagistrado Max Alejandro Flórez.

El magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, oriundo de la ciudad de Manizales y egresado de la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín y en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia, con múltiples estudios en Técnicas del Juicio Oral en el Sistema Acusatorio (OPDAT–Fiscalía General de la Nación) y en estudio sistemático integral del nuevo Código de Procedimiento Penal (Universidad CES).

Con más de 30 años de experiencia profesional, se venía desempeñando como magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por concurso de méritos, luego de haber litigado y ejercido cargos como los de profesor universitario y fiscal Seccional y fiscal delegado ante Juzgados Penales del Circuito de Medellín (Antioquia). Formador de fiscales en el Sistema Penal Acusatorio y autor del libro “Responsabilidad Penal por denegación institucional de servicios médicos” y diversos artículos publicados en revistas especializadas.

 

Bogotá, D.C., miércoles 10 de mayo de 2023. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador del departamento de Guaviare, José Octaviano Rivera Moncada, acusado por la Fiscalía General de la Nación como autor de los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y prevaricato por acción. 

Los hechos se relacionan con la resolución 648 de 2012, expedida por el entonces gobernador, con la cual modificó el perfil que tenía el cargo de Asesor del Despacho. Con ese ajuste el cargo pasó de tener un perfil administrativo para permitir que también pudiera ser ocupado por profesionales del área de la salud, y además se amplió la experiencia establecida en el Manual de Funciones de la entidad.  

Según la acusación, el gobernador hizo ese ajuste para nombrar como asesora del despacho a una enfermera, quien al mismo tiempo adelantaba estudios en la facultad de derecho de la Universidad la Gran Colombia, en la modalidad Transparencia de Profesionales.  

Al hacer una interpretación sobre las disposiciones de la función pública, la Sala Especial de Instrucción encontró que, al modificar el perfil del cargo de asesor de su despacho y designar a quien colmaba los requisitos bajo esa nueva reglamentación, el gobernador Octaviano Rivera no actuó de forma arbitraria e inconsulta. Por el contrario, se asesoró del equipo de trabajo de la Gobernación y se valió de precedentes administrativos semejantes para tomar esa decisión.  

La Corte señaló que esa modificación del perfil no estuvo guiada por una decisión pueril o intransigente, sino “por el fundado convencimiento que tuvo acerca de que ello se adaptaba al marco de su competencia y discrecionalidad”.  

“Y es que la mentada discrecionalidad inherente a la formulación de los perfiles de los cargos de libre nombramiento y remoción, así como el acto mismo de designación, responde a escenarios que, en la dirección propia de una tarea política y administrativa, como la que ejercen los gobernadores, demanda protección y no resiste un cuestionamiento etéreo como el expuesto por la Fiscalía en la acusación”, señaló la Sala en la providencia.  

La Corte concluyó, además, que era indispensable que la Fiscalía acreditara que medió un acuerdo entre el gobernador y la servidora pública designada, quien estudiaba en Bogotá, para afectar el erario público, tarea que no cumplió ante los vacíos probatorios. Por el contrario, se evidenció gestión en el rol público a cargo de la enfermera.  

Así las cosas, al no encontrar acreditada le existencia de las conductas delictivas que le fueron endilgadas al entonces gobernador, la Sala Especial de Primera Instancia lo absolvió.  

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP057-2023: 

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2023/05/SEP057-2023.pdf»]SEP057-2023