Autor: John Ervey Sánchez Velandia

Bogotá, D.C., martes 26 de abril de 2016. La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, como posible autor de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

La providencia, proferida por la Sala de Instrucción No. 3 de la Sala de Casación Penal, hace referencia a los hechos que rodearon las millonarias contrataciones en obras de infraestructura del Distrito Capital durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas.

Como se recuerda, este proceso se suma al que ya adelantó la Corporación contra el exsenador Moreno Rojas y en el cual fue condenado a 14 años de prisión, luego de ser declarado responsable de los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

En esa oportunidad, la Sala de Juzgamiento que emitió el fallo remitió copia de la sentencia a la Sala de Instrucción n° 3 de esta Corporación, para que, de acuerdo con las pruebas del expediente, procediera a determinar la posible configuración del delito de concierto para delinquir en las otras investigaciones que ya adelantaba contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas. Indagaciones en las cuales se busca establecer, entre otros hechos, su presunto enriquecimiento ilícito como producto del dinero que habría recibido de los contratistas.

Bogotá, D.C., 26 de abril de 2016. Con motivo del Día de la Secretaria, la Corte Suprema de Justicia rindió homenaje a los auxiliares judiciales que trabajan al servicio de la Corporación.

La presidenta del alto tribunal, magistrada Margarita Cabello Blanco, reunió a las auxiliares y servidores que cumplen estas labores, les agradeció su compromiso y destacó el cumplimiento de sus funciones con las siguientes palabras:

“Reunirse lejos de los expedientes y asuntos que a diario nos abruman constituye motivo de gran alegría para la Corte Suprema de Justicia. Y lo es ante todo por tratarse de hacerlo para reconocer la labor de quienes se convierten en las personas más cercanas y de mayor confianza para nosotros: ustedes, las mujeres y hombres auxiliares de la justicia. Por ello, consideramos que este es el momento más oportuno para expresarles nuestra profunda gratitud por su trabajo, aportes y ayuda.

Sus niveles de compromiso, lealtad, simpatía y consagración merecen éste y todos los reconocimientos que se les pueda ofrecer. A diario, desde muy temprano en la mañana hasta cuando asoma la noche, somos testigos de su presencia continua. Observamos cómo sus tareas rebasan lo que se espera de ustedes, más allá de los límites del horario asignado, sacrificando incontables veces tiempo con sus familias para dedicarlo a cumplir con las actividades que demanda la inagotable actividad judicial.

Por ello, en este espacio cargado de sentimiento queremos destacar su empeño, dedicación, inteligencia y amistad. Por eso y por más, les decimos ¡gracias!

Gracias por su eficiencia y su paciencia. Por convertir lo cotidiano en tarea agradable y dinámica; por callar cuando las palabras sobran, pero también por saber hablar en los instantes en que las circunstancias lo demandan. Ante las dificultades propias del trabajo diario, conciben soluciones y alternativas que permiten culminar positivamente tareas encomendadas, cuyos resultados reflejan los deseos por aportar en la construcción de país y fortalecimiento de la institucionalidad.

Esta ocasión es el pretexto perfecto que tenemos para subrayar la importancia de su silencioso trabajo, su entrega y su constante crecimiento personal e intelectual. El concepto de secretaría ligado únicamente al de contestar llamadas o recibir dictados hace parte ya de la historia. Hoy día estamos ante verdaderos profesionales en distintas áreas, hombres y mujeres que ofrecen sus conocimientos al servicio de la Corporación permitiendo versatilidad y puntos de vista diferentes que se traducen en éxito asegurado.

Los invitamos a seguir creciendo, a seguir creyendo en el país y sobre todo en la administración de justicia. Una justicia protagonista para la democracia, frente a la que todos tenemos un compromiso ineludible de exaltar y honrar.

¡Felicitaciones y muchas gracias!”.

Bogotá D.C., viernes 22 de abril de 2016. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Margarita Cabello Blanco, envió una carta a su homólogo de Ecuador, magistrado Carlos Miguel Ramírez Romero, expresándole su solidaridad ante el reciente desastre natural que afectó a ese país. Ante la magnitud de lo ocurrido la presidenta del máximo tribunal de la justicia ordinaria sostuvo que convocó a los servidores judiciales colombianos para que efectúen sus donaciones y contribuyan con las ayudas específicas definidas por la Embajada de la República de Ecuador. A continuación el texto completo de la misiva.

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2016/04/Carta.pdf»]Carta

Bogotá, D.C., viernes 22 de abril de 2016. La Fiscalía debe tomar las medidas necesarias para lograr el mejor registro posible de las declaraciones anteriores al juicio oral en casos de delitos sexuales contra menores de edad, pues se sabe que pueden ser usadas como pruebas de referencia. Además, es preciso que adicione otros medios idóneos para corroborar los hechos sin afectar las garantías del acusado y el principio de contradicción, o revictimizar a los niños y niñas agredidos.

Así lo advirtió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la condena a 16 años de prisión contra un procesado responsable del delito de acceso carnal abusivo contra un menor de 3 años de edad que estaba bajo su cuidado.

En su defensa el condenado señaló que los falladores incurrieron en el error de tomar como una entrevista, el informe suscrito por el investigador del caso quien tenía la obligación de documentarla suficientemente, para que las partes pudieran conocer exactamente lo que el testigo dijo, “sin opiniones ni valoraciones del entrevistador” e indicar cómo se realizó el acto de investigación. Agregó que la otra prueba aducida durante el juicio oral fue claramente insuficiente para desvirtuar su presunción de inocencia por lo que no había lugar a la condena.

Aunque la Corte Suprema sostuvo que se acreditó por otros medios la comisión del delito (declaraciones de las expertas que estuvieron presentes durante el interrogatorio; declaración del médico legista y la versión de la madre de la víctima) por lo que la condena no estuvo basada únicamente en una prueba de referencia, señaló que el adecuado registro de las entrevistas de menores puede generar efectos favorables para la prontitud y eficacia de la justicia.

“Entre otras cosas  porque (…) pueden disminuirse los debates sobre la existencia y contenido de la declaración anterior, que es el tema central de la demanda de casación que se analiza, (…) la defensa tendrá mejores oportunidades para ejercer los derechos del acusado, no obstante los límites que para la confrontación implica la admisión de prueba de referencia, y (…) el juez tendrá mejores elementos de juicio para valorar la declaración anterior al juicio oral, presentada a título de prueba de referencia”, sostiene la sentencia.

Además, la Sala recordó que la Fiscalía tiene la posibilidad de optar, cuando lo considere procedente, por la figura de la prueba anticipada, que generalmente le permite al procesado el ejercicio del derecho a la confrontación y, en consecuencia, evita que la declaración anterior del menor sea considerada prueba de referencia aunque tomando las previsiones consagradas en la ley, para evitar que el niño sea objeto de una nueva victimización.

“…la práctica de prueba anticipada no sólo resulta útil para evitar la limitación excesiva del derecho del acusado a interrogar o contrainterrogar a los testigos de cargo. También puede favorecer los intereses de la víctima en la medida en que el medio de conocimiento no estará sujeto a la restricción de que trata el artículo 381 atrás citado, a lo que debe sumarse que el juez de conocimiento contará con mejores elementos de juicio para valorar la declaración…” concluye la decisión.

Bogotá D.C., 18 de abril de 2016. Mientras legaliza los trámites para la permanencia en Colombia o la nacionalidad por adopción, la Corte Suprema de Justicia ordenó la atención integral en salud para una ciudadana venezolana, esposa de un colombiano damnificado por el éxodo producido durante la crisis fronteriza del año pasado.

Al confirmar el amparo de tutela concedido en primera instancia por el Tribunal Superior de Bucaramanga, la Sala de Casación Laboral de la Corporación tuvo en cuenta el estado de embarazo en que se encuentra la ciudadana extranjera y la urgencia de la necesidad de atención, por cuenta de la Secretaría de Salud de Santander.

La Corte dispuso, en consecuencia, la atención en salud para la mujer y su hijo por nacer en calidad de vinculados no afiliados, pero fue clara al afirmar que para recibir permisos especiales temporales “se debe cumplir con unos requisitos específicos que se exigen para su expedición [y], bajo tal entendido, recae en cabeza del accionante tramitarlos y aportar toda la documentación que se requiera en aras de ser inscrito”, pues no se pueden obviar los procedimientos administrativos para tales efectos.

Bogotá, D.C., jueves 14 de abril de 2016. Por anteponer al interés general las pretensiones en contratación pública del grupo guerrillero que patrocinó su candidatura al cargo, la Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años de prisión al exgobernador de Arauca, José Vicente Lozano Fernández.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia ordinaria determinó que Lozano Fernández cometió delitos de interés indebido en la celebración de contratos, al comprobar que el exmandatario regional acató directrices del autodenominado ELN en la adjudicación de tres millonarios convenios de obra pública.

Los contratos tuvieron por objeto la construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario del barrio El Estero, en el municipio de Cravo Norte (Arauca), la construcción del terraplén de la vía Puerto Rondón – Cravo Norte y la pavimentación, en concreto rígido, de varias vías en el municipio de Fortúl.

Aunque el exgobernador no firmó los convenios directamente sino que delegó esa responsabilidad en sus secretarios, en el proceso quedó demostrado que se cometieron irregularidades en la suscripción de los seguros, la emisión de los certificados de disponibilidad presupuestal y la evaluación de las propuestas.

Según la sentencia, hechos como que las propuestas se conocieran antes del presupuesto para la obra  indican un patrón de conducta en el que los proponentes no actuaban independientes entre sí, sino con conocimiento coordinado de todo el proceso contractual.

A juicio de la Corte, el exfuncionario “comprometió su administración al servicio de intereses del grupo subversivo que lo apoyó para lograr su cargo, amarrando así la contratación pública de forma consciente y voluntaria, en tanto que, como se vio, era la forma en que el E.L.N. operaba en la zona, para cobrar su patrocinio político y robustecerse económicamente”.

La providencia advierte que la satisfactoria realización de las obras contratadas no desdice de la comisión de un delito, en tanto el interés indebido en la celebración de contratos se puede adecuar inclusive en convenios legales de satisfactoria ejecución, pero de intereses desviados a los que gobiernan la contratación pública, como en este caso aconteció, donde las pretensiones del grupo guerrillero se antepusieron al interés general.

En este caso, los hechos hacen referencia a contratos de 1997 en los que se hallaron elementos indicadores de un amañado proceso de selección del contratista, con miras a favorecer al grupo guerrillero ELN, tales como identidad de formatos de presentación, consecutivos números de pólizas de cumplimiento entre diferentes candidatos, intercambio o ausencia de firmas en los documentos que componían cada oferta y contradicción de fechas.

Bogotá, D.C., lunes 11 de abril de 2016. Ante el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, se posesionaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Francisco Acuña Vizcaya, Gerardo Botero Zuluaga, Fernando Castillo Cadena, Luis Antonio Hernández Barbosa, Jorge Luis Quiroz Alemán, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Luis Alonso Rico Puerta.

El jurista José Francisco Acuña Vizcaya, magistrado de la Sala de Casación Penal, es egresado de la Universidad Nacional, doctor en Derecho por la Universidad de la Sapienza (Roma), magister en Historia y especialista en Derecho Penal. Cuenta con una extensa experiencia académica nacional e internacional como docente, investigador, consultor, conferencista, director de equipos de competencia internacional, director de diversas publicaciones y director de diplomados, foros y otros eventos académicos. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, en donde también dirige el área de Derecho Penal y el Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Dentro de sus obras más recientes se destacan Análisis de la doctrina italiana y el Código penal colombiano; La medida pedagógica como sanción en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes; Derecho penal y guerra: Reconstrucción del sistema penal colombiano y Derecho penal y guerra: estudio dogmático de la pena en Colombia 1890-1936.

El doctor Gerardo Botero Zuluaga, magistrado de la Sala de Casación Laboral, es abogado de la Universidad de Manizales, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana. Cuenta con una vasta trayectoria profesional en la Rama Judicial como oficial mayor de juzgado del circuito, juez civil municipal de Samaná, Salamina y Pácora (Caldas), juez promiscuo municipal de Marmato (Caldas), juez laboral del circuito de Manizales, magistrado de los tribunales superiores de Manizales y Bogotá, y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Catedrático de las universidades del Rosario, Nacional, Católica, Cooperativa, de Manizales y Autónoma de Colombia, así como de la Maestría de Derecho Procesal Laboral de la Universidad ICESI de Cali. Autor de los libros “Guía Teórica y Práctica del Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social” y “El Impacto del Código General del Proceso en el Estatuto Procesal del Trabajo y la Seguridad Social”.

El doctor Fernando Castillo Cadena, magistrado de la Sala de Casación Laboral, es abogado de la Universidad Santo Tomás, doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y magister en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como abogado consultor y docente; asesor jurídico del Banco de la República, BBVA Horizonte, Citicolfondos y el Ministerio de Hacienda, integrante de la junta directiva de la Financiera Juriscoop S.A., coordinador y profesional del Ministerio de Hacienda, director académico de la Maestría en Derecho de la UPB de Bolivia y director de la Maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Catedrático de las universidades los Andes, Javeriana, Santo Tomás y Central. Investigador en distintas áreas de su especialidad y autor de tres obras sobre los problemas actuales de la Seguridad Social en bonos pensionales y pensión de vejez.

El doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, magistrado de la Sala de Casación Penal, es egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal de la Coruniversitaria de Ibagué. Tiene una amplia experiencia como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Director Seccional de Fiscalías y juez de Instrucción Criminal. Ha tenido a su cargo cátedras como las de Procedimiento Penal y Jurisprudencia en las Universidades Santo Tomás, Libre y de Medellín. Fue condecorado con la Medalla de Plata al Mérito Enrique Low Murtra por sus destacados servicios en la Fiscalía General de la Nación.

El doctor Jorge Luis Quiroz Alemán, magistrado de la Sala de Casación Laboral, es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana y en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Tiene una amplia experiencia profesional dedicada al ejercicio del derecho como Jefe de la Oficina Jurídica, profesional y asesor del Ministerio de Trabajo, juez laboral del circuito, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ha compartido sus conocimientos en la academia como docente de la Universidad del Sinú, Javeriana, del Rosario, Autónoma de Colombia y Politécnico Grancolombiano. Autor de la obra “Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

El doctor Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Civil, es egresado de la Universidad Autónoma de Colombia y Especializado en Derecho de Instituciones Jurídicas Familiares de la Universidad Nacional de Colombia; Magíster en Derecho de la Universidad Nacional; con 25 años de experiencia en los campos: del Litigio, el Académico y Gerencia Administrativa; Investigador con énfasis en Derecho Privado, Derechos Humanos de la infancia y la adolescencia, y Género. Fundador de la Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia en el año 2005, liderada en la actualidad por la Procuraduría General de la Nación, Unicef y la Federación Nacional de Departamentos. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia-Bogotá 2001-2003. Fundador y miembro honorífico de la Asociación de Facultades de Derecho “AFOCADE”. Miembro investigador de COLCIENCIAS. Ex conjuez de la Sala Civil, Familia y Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Tratadista en Derecho Civil y Derechos Fundamentales de la Infancia y la Adolescencia y Género. Ha publicado cinco libros sobre temas como Civil General y Sujeto de Derecho, Manual Civil bienes, Manual Civil Familia y Manual de Derecho de Infancia y Adolescencia. Ex Catedrático de pregrado y postgrado de la Facultad de Derecho de las Universidades, Autónoma, Católica, Libre, Rosario, Sergio Arboleda y Santo Tomás-Colombia. Correlator e impulsador del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia igualmente Correlator de la nueva Ley de los derechos de las personas con discapacidad mental y régimen de representación legal de incapaces emancipados. Conferencista nacional e internacional en temas de Infancia y Familia; Ex procurador Delegado para la Defensa de la infancia, adolescencia y la Familia (2003-2008); exaltado en el 2010 con la máxima distinción que otorga la Procuraduría General de la Nación con la medalla Carlos Mauro Hoyos por los trabajos de infancia; exaltado en el 2008 por UNICEF-Colombia como fundador de la estrategia hechos y derechos.  Ex director del Postgrado de Familia de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (2007-2010). Actualmente profesor de las Universidad Santo Tomás; de la Universidad del Sinú sede Bogotá, de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, de los Andes y Libre.

El doctor Luis Alonso Rico Puerta, designado como magistrado de la Sala de Casación Civil, es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, magister en Derecho Procesal y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, Máster en Relaciones internacionales iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Ha sido Director de la Maestría en derecho procesal de la Universidad de Medellín, Director de la Maestría en contratación de la Universidad de Medellín y Director de la  especialización en contratación de la Universidad de Medellín. Catedrático en las Universidades de Medellín, Autónoma Latinoamericana de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín y Montería, Universidad de Manizales y Universidad San Buenaventura de Cali, entre otras, en áreas como Derecho Civil, Bienes, Obligaciones, Teoría General del Proceso, Procedimiento Civil General y Especial y en Contratación Estatal. Autor de libros acerca del derecho de propiedad de los particulares, el derecho de propiedad estatal, Teoría General del Proceso, Teoría General y Práctica de la Contratación Estatal. Coautor de libros sobre Bienes, posesión y prescripción adquisitiva, Filosofía del derecho y Teoría general del derecho, además de publicación de artículos en revistas especializadas.

Bogotá, D.C., lunes 11 de abril de 2016. Con independencia del parámetro legal sobre dosis mínima de narcóticos, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se aplica incluso a los adictos cuando son sorprendidos portando o almacenando dichas sustancias con fines de venta, tráfico, comercio o distribución.

La precisión fue hecha por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al confirmar una condena de 64 meses de prisión efectiva contra un expendedor de estupefacientes a quien las autoridades hallaron en su vivienda de Sincelejo 31.7 gramos de cannabis, 11.7 gramos por encima de la dosis personal mínima permitida por la ley.

“En el proceso penal se debe establecer si se está ante un enfermo o un criminal, pero no se trata de condenar o absolver a un enfermo con argumentos caprichosos. De la conducta del primero se deben ocupar las autoridades de salud, pero para ello no solamente se debe demostrar que es un consumidor, también ha de probarse que la sustancia es para el consumo personal y en una cantidad compatible con ese propósito y su necesidad, pues si no se dan estrictamente estos supuestos, su proceder, a pesar de ser un enfermo, adicto o consumidor, infringirá la ley penal y deberá ser juzgado por los jueces de la República, como cuando la droga portada (en su totalidad o parte de ella) la destina a la venta, distribución, comercio o tráfico, o también cuando la almacena en cantidades no requeridas”, subrayó la Corte.

Aunque la defensa del sentenciado demostró que era consumidor habitual de estupefacientes, la Sala advirtió que las circunstancias particulares del caso, como el conocimiento que tenía la Policía de que en la casa donde ocurrió la detención vendían estupefacientes, el hallazgo de bolsas pequeñas transparentes y dinero en efectivo en billetes de varias denominaciones, característicos del menudeo, y que, una vez se percató de la presencia de los uniformados, el procesado huyó y lanzó un paquete hacia el exterior, que no  fue ubicado, permitieron mediante prueba circunstancial edificar su compromiso penal.

“En asuntos como éste, en el que pueden coexistir las dos calidades tanto la de adicto como de distribuidor o comerciante de la droga, la Corte y la justicia no pueden cohonestar que precisamente la enfermedad se utilice como mampara o pretexto para delinquir, esto es, que bajo el supuesto de portar dosis compatibles con el propósito o necesidad de consumo, también queden amparadas cantidades destinadas con fines de comercialización…”, sostiene el pronunciamiento.

La Sala advierte cómo si, por ejemplo, “un alcohólico es un enfermo, a nadie se le ocurriría judicializarlo como delincuente por esa conducta, pero, cuando en ese estado de salud adultera licor y comercia con el producto, habrá traspasado con su obrar las prohibiciones del Código Penal y se le deberá procesar por alterar bebidas alcohólicas”.