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Bogotá, D.C., miércoles 15 junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador del departamento del Putumayo, Iván Gerardo Guerrero Guevara, acusado por la Fiscalía como autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, por supuestas irregularidades en un contrato del 24 de diciembre del 2003.

La Sala Especial de Instrucción determinó frente al primero de estos delitos, que el ente acusador no ofreció pruebas que dieran cuenta de la materialidad de la conducta ni de la responsabilidad del acusado, ni tampoco logró desvirtuar su presunción de inocencia. “En conclusión, no se probó que el gobernador hubiera intervenido direccionando la etapa previa del contrato, ni que hubiese sido advertido de la existencia de alguna irregularidad. Por el contrario, le fue entregado el documento que debía suscribir, previo tránsito del trámite por cada uno de los miembros del Comité Evaluador, y como la prueba no transmite la certeza sobre la concurrencia del tipo penal de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales (…), ha de absolvérsele de tal ilícito”, señala la providencia.

En cuanto al peculado por apropiación en favor de terceros, la Corte concluyó que la conducta del exgobernador es atípica, es decir, no constituyó un delito, ya que no se demostró que con la celebración del contrato se hubiese incurrido en un sobrecosto, el cual es un elemento necesario para que se configure la apropiación.

“La tipicidad, como categoría jurídico penal, emana del principio de estricta legalidad y exige la exacta coincidencia entre una situación fáctica y una norma penal, lo que en este caso no ocurre, pues al no haberse acreditado que la administración hubiese pagado un mayor valor por la compra de los elementos de dotación contratados, la apropiación como elemento objetivo del tipo penal corre igual suerte, por lo que el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía, deviene en atípico”, destaca la sentencia de primera instancia contra la cual procede el recurso de apelación.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP00069-2022:

Bogotá, D.C., miércoles 15 de junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia absolvió a Paulina Canosa Suárez, magistrada de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá —hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial—, de la acusación que la Fiscalía General de la Nación hizo en su contra como posible autora del ilícito de calumnia.

Tras culminar el juicio oral, el cual se tramitó de forma abreviada por la naturaleza del delito, la Sala Especial de Primera Instancia anunció el sentido de fallo absolutorio, señalando que la Fiscalía no logró probar, más allá de toda duda razonable, que Canosa Suárez hubiera endilgado el 22 de abril del 2019 un comportamiento delictivo a una funcionaria que para la época de los hechos trabajaba como escribiente en su despacho.

Según la acusación de la Fiscalía, la magistrada supuestamente había acusado a su funcionaria de delitos por la supuesta pérdida de un expediente disciplinario que estaba en su despacho, relacionado con el denominado caso Hyundai.

La Sala de Primera Instancia no encontró que se reunieran los requisitos para estructurar el delito de calumnia pues, con las pruebas recopiladas en el juicio oral “no se logra determinar que la enjuiciada haya endilgado específicamente un comportamiento delictivo a su escribiente”.

La Corte determinó que, aunque el incidente está acreditado, así como el reclamo que la magistrada le hizo a su funcionaria, las pruebas testimoniales difieren en cuanto al contenido de lo dicho, pues mientras la escribiente que presentó la querella aseguró que la magistrada le dijo que ella se lo había robado, otros testigos señalaron que le hizo preguntas airadas -no afirmaciones- para establecer la ubicación del proceso.

En la decisión el máximo tribunal de la justicia ordinaria no hizo ninguna referencia frente al ambiente laboral que había en el despacho de la magistrada Canosa Suárez, pues estos son aspectos que le competen al ámbito administrativo con eventuales repercusiones disciplinarias.

“En efecto, el eventual actuar déspota o autoritario de la Magistrada respecto de sus colaboradores no tiene alguna incidencia para dibujar una conducta delictiva de cara a la afectación del bien jurídico privado del honor y buen nombre de la querellante, por demás, no puede pasarse por alto que la presencia del derecho penal es el último peldaño de control social y de protección de bienes jurídicos, de ahí su carácter de última ratio o ubicación sucedánea o subsidiaria”, señala la providencia contra la que procede el recurso de apelación.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP00067-2022:

Bogotá, D.C., lunes 13 de junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del departamento del Guainía Efrén de Jesús Ramírez Sabana a una pena de 5 años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo. También lo condenó a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 71 meses y 18 días, y al pago de una multa de 63,6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Sala Especial de Primera Instancia profirió esta sentencia condenatoria por hechos que sucedieron entre los años 2004 y 2005, cuando, ejerciendo como gobernador del Guainía, Ramírez Sabana suscribió 9 contratos sin tener en cuenta los principios que regulan la función pública y la contratación estatal, desconociendo la planeación, transparencia, economía y selección objetiva.

Uno de ellos fue un contrato de prestación de servicios de diciembre de 2004 en el que no hubo estudios de conveniencia y oportunidad, ni selección objetiva. También un contrato de diciembre de 2005 para el suministro de alimentos para el personal y los pacientes del Hospital Barrancominas, en el que no se contó con estudios de referencia que tuvieran especificaciones técnicas, objetivas y estructurales de cómo se iba a ejecutar el convenio.

La Corte también determinó que es responsable por las irregularidades en varias órdenes de compra del 2005 para adquirir refrigerios en las que se desconocieron los principios de transparencia y selección objetiva. Al igual que en una orden de prestación de servicios de junio de 2005 para elaborar un aplicativo que se adaptara a un software en la que no existió correspondencia entre los términos de referencia y el objeto contractual.

Otro hecho por el que fue condenado tiene que ver con un contrato de prestación de servicios de octubre de 2005 que buscaba apoyo para la coordinación de salud pública, el cual fue asignado a una persona que no cumplía las exigencias para desarrollar esa función.

Asimismo, la Sala de Primera Instancia también lo condenó por otro contrato de prestación de servicios de noviembre de 2005 para el mantenimiento de equipos de cómputo, pues se celebró sin demostrar que dentro del personal de planta no hubiera alguien que pudiera desarrollar ese trabajo.

“Así pues, de lo señalado en líneas precedentes advierte la Sala que en los convenios contractuales por los que se convocó a juicio a Efrén de Jesús Ramírez Sabana salta a la luz un interés particular, que condujo al desconocimiento de los principios de planeación, transparencia, economía, selección objetiva lo cual se extendió a las fases de celebración y liquidación”, señala la providencia de primera instancia.

En la misma decisión, la Sala de Primera Instancia lo absolvió respecto a otros 7 actos jurídicos por los que también fue convocado a juicio, determinando que en esos casos no incurrió en contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ni peculado por apropiación.

En la sentencia condenatoria contra la cual procede el recurso de apelación, la Sala de Primera Instancia le sustituyó al condenado la pena privativa de la libertad por la prisión domiciliaria en su lugar de residencia.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP071-2022:

Bogotá, D.C., sábado, 4 de junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia aclaró que cuando en el ámbito laboral se da la figura de sustitución de empleadores -por la cual un empleador transmite su organización productiva a otro- los empresarios entrantes siempre asumen las deudas que los anteriores tenían con sus empleados, sin importar cuántas veces la empresa haya cambiado de titular o de dueño.

Al precisar la jurisprudencia sentada en distintas sentencias, la Sala de Casación Laboral también dejó claro que la sustitución de empleadores no depende de la vigencia del contrato de trabajo, sino de que se mantenga la relación laboral, es decir, de que continúe la prestación del servicio del trabajador para el negocio.

El máximo tribunal de la justicia ordinaria hizo esta aclaración al evaluar el caso de un empleado en una finca de cultivo de plátano y banano. Aunque siempre ha trabajado para ese mismo establecimiento, desde 1995 hasta la fecha, el negocio ha cambiado tres veces de empleadores.

El primero de ellos le quedó debiendo las cotizaciones para su pensión desde 1995 hasta el 2002, año en el que el negocio pasó a manos del segundo empresario. En ese cambio el trabajador firmó una conciliación en la que daba por terminado el contrato de trabajo y siguió con el segundo empleador que adquirió la propiedad. Y en 2009 la empresa pasó a manos de un tercer empleador al que se le transfirió el negocio, y el cual actualmente es el empleador del trabajador.

La Sala de Casación Laboral mantuvo la decisión de segunda instancia que condenó al tercer y actual empleador a pagar los aportes a seguridad social que se le deben. Esto porque, aunque es cierto que en 2002 se dio por terminado el contrato de trabajo y firmó uno nuevo con el segundo empresario que asumió la dirección del negocio, esa situación no implica que su vínculo laboral se haya roto ni impide que se reconozca la sustitución patronal. El trabajador continuó prestando sus servicios para el mismo establecimiento que mantuvo la identidad de negocio -aunque con un nuevo dueño-, lo cual es un elemento necesario para que haya sustitución patronal.

También porque, al haber sustitución de empleadores, el nuevo empresario, el nuevo titular del negocio, “no solo asume los mismos derechos y obligaciones contractuales que el anterior titular, sino también las deudas que el último tenía con sus trabajadores”, señala la providencia.

La Sala de Casación Laboral recordó cuáles son los elementos que se requieren para que exista una sustitución de empresarios, la cual está en el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo. Para que se configure se requiere:

1. Un cambio en la titularidad de la organización productiva en el que un empresario le entrega a otro la posesión de la empresa, por cualquier causa. Esta puede ser por una compraventa, arrendamiento, traspaso del negocio, reorganización empresarial, fusiones, adquisiciones, absorciones, liquidaciones con traspaso de bienes, etc.
2. La subsistencia de la identidad del negocio, es decir, se deben mantener los medios que hacen parte de la empresa como el personal, el patrimonio, los medios técnicos para llevar a cabo una actividad económica.
3. La continuidad de la relación laboral o de la prestación del servicio, la cual no equivale a la continuidad del contrato de trabajo.

Sobre este último punto, la Corte señaló que la continuidad de la relación laboral no depende de la continuidad del contrato de trabajo, pues de lo contrario se podrían eludir los efectos de la sustitución de empresarios que busca proteger al trabajador. “De esta forma, el nuevo empleador quedaría totalmente liberado de las obligaciones laborales y prestacionales del antiguo empleador, y más aún, los trabajadores perderían su antigüedad laboral y las garantías laborales adquiridas con anterioridad, que es precisamente lo que quiere proteger la institución laboral de la transmisión de empresa”, señala la sentencia.

La Corte también señaló que la operatividad de la figura de sustitución de empleadores no depende de la voluntad de las partes (empleador y trabajador), sino de la comprobación de los tres elementos empíricos de la realidad que fueron anteriormente mencionados.

“En el contexto de la globalización económica y de un mercado incierto, fragmentado y altamente competitivo, las empresas son sometidas a constantes transacciones y procesos de reorganización empresarial que implican un cambio en su titularidad. La figura de la sustitución de empleadores pretende que esas operaciones de mutación en la posición empresaria, sin importar cuantas veces ocurran, no afecten la continuidad y las condiciones de las relaciones de trabajo, ni sean usadas para eludir las deudas laborales de los antiguos empresarios”, destaca la sentencia.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SL1399-22022:

Bogotá, D.C., viernes 3 de junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia condenó a las sociedades Cementos Diamante de Ibagué S.A. y Cementos Diamante del Tolima S.A., ahora Cemex Colombia S.A., a pagar de forma solidaria a varias empresas que se dedicaban al cultivo de arroz una suma cercana a los $19.000 millones de pesos por la contaminación generada en sus tierras desde 1960 hasta 1998. Esta es una de las condenas más altas que ha proferido la corporación.

La Sala de Casación Civil tomó esta decisión al resolver una demanda de varias sociedades arroceras afectadas por la contaminación causada por dos fábricas de cemento en Ibagué, debido a que no implementaron sistemas adecuados para controlar que sus chimeneas no expulsaran residuos sólidos que terminaron llegando a los cultivos de arroz

Debido a esta contaminación con carbonato de calcio, las plantaciones perdieron su capacidad productiva por lo que se hizo necesario comprar mayores cantidades de fertilizantes, lo que llevó a disminuir su competitividad y a migrar hacia otros productos distintos al arroz.

Aunque en segunda instancia un tribunal negó las peticiones de las arroceras considerando que el daño que reclamaban no había quedado demostrado en su contabilidad, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó que la afectación sí fue probada y que no era acertado limitar la demostración del daño a la contabilidad de las demandantes, pues la ley no exige en estos casos una prueba única sobre el perjuicio.

La corporación señaló que las cementeras omitieron instalar filtros e implementar mecanismos para evitar la emisión de carbonato de calcio, sustancias contaminantes que salieron de sus hornos de procesamiento y cayeron sobre los predios colindantes, lo cual evidencia un comportamiento contrario a la diligencia que se espera de una empresa conocedora de la actividad de procesamiento de minerales.

La Sala de Casación Civil encontró que en todos los testimonios técnicos se concluyó que las partículas contaminantes provenían de las factorías cementeras, contaminación que afectó las tierras para la siembra de arroz, generando mayores costos de producción para las empresas que se dedicaban a esos cultivos, y una menor productividad y rentabilidad.

En la sentencia la Corte destaca que “la protección del medio ambiente es una preocupación creciente en las sociedades contemporáneas, amén de las consecuencias indeseables que, sobre los ecosistemas y sus individuos, provocan la degradación y contaminación de aquél. Y es que, si bien por muchos años se puso el énfasis en el progreso y desarrollo tecnológico, sin importar los costos asociados, lo cierto es que con el tiempo se hicieron patentes las consecuencias indeseables de la industrialización irresponsable y del consumismo, por medio de daños irremediables sobre la biosfera, el subsuelo y la capa de ozono”.

Para tomar esta decisión, el máximo tribunal de la justicia ordinaria también recordó el principio del derecho ambiental según el cual ‘el que contamina, paga’. “El principio ‘el que contamina, paga’, tiene como objetivo promover medidas eficaces para evitar la afectación al medio ambiente, entendido como bien común, y muestra el compromiso estatal por evitar que el contaminador pueda salir indemne frente a los daños irrogados. (…) Sobre este principio se afirma que tiene como fundamento que, en la medida que los contaminadores se vean obligados a asumir los costos de las externalidades que provocan, se verán indirectamente incitados a reducir los efectos contaminantes de sus actividades, recurriendo, por ejemplo, al empleo de materias primas o a la utilización de tecnologías menos deteriorantes del ambiente”, destaca el fallo de la Sala Civil.

Así las cosas, la Corte condenó a las dos cementeras a pagar a las demandantes $5.345’305.417 por el mayor valor de producción que tuvieron que asumir, y por la menor utilidad. También una cifra de $13.645’169.004 por no poder aprovechar los terrenos con los cultivos de arroz.

Pueden escuchar el Capítulo 11 del pódcast ‘Las Voces de la Corte Suprema’ sobre esta decisión.

Consulten aquí el contenido de la sentencia SC1256-2022:

Bogotá, D.C., viernes 3 de junio de 2022. La Corte Suprema de Justicia condenó a Modesto Serna Córdoba a las penas de 7 años y 6 meses de prisión como autor de un delito de peculado por apropiación en favor de terceros, 5 de prevaricato por acción y uno de fraude procesal. También fue condenado a pagar una multa de $3.486.681.447, a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 8 años, y a pagar a favor de Chocó la suma de $10.903.060.486 por los daños y perjuicios que le ocasionó.

Los hechos por los que fue juzgado y condenado por la Sala Especial de Primera Instancia sucedieron entre el 30 de julio y el 1° de agosto de 2007, cuando Serna Córdoba, quien era Secretario de Gobierno de Chocó, se desempeñó como gobernador encargado del departamento. En esos tres días expidió varios documentos -tres constancias, una certificación y una transacción extraprocesal-, a través de los cuales, de forma ilegal, reconoció el pago de cesantías, prima de navidad y sanciones moratorias a personas a quienes no se les debían esas acreencias.

Esos reconocimientos se hicieron sin verificar la considerable cantidad de personas a las que se les reconocerían las prestaciones y la sanción por mora en el pago, y sin revisar si tenían vínculos con el departamento, contrato laboral o de prestación de servicios, si había lugar a las prestaciones sociales, desde qué fecha, si se habían pagado o no y, por ende, si el departamento debía pagar el castigo por mora.

“El acusado actuó de manera en extremo apresurada, pues en un solo día (o máximo al siguiente), según sus palabras, realizó múltiples y complejas gestiones: recibió las peticiones, verificó aquellos aspectos, realizó los cálculos, redactó y firmó las constancias e, incluso, fue a la oficina judicial a hacerles presentación personal. Tal procedimiento es indicativo del afán de evadir la ley de manera manifiesta, asistiéndole razón a la Fiscalía, en tanto, contando con los lapsos señalados, la revisión de temas tan complejos se imponía la dejara al titular de la gobernación, dado que el escaso periodo de 3 días en que estuvo a cargo de la institución le impedía realizar esa labor de manera idónea, sin que existiera premura, precisamente porque la ley le confería espacios prudenciales”, señala la sentencia de primera instancia.

Además, la Sala determinó que el entonces gobernador encargado obligó al departamento a pagar unos dineros que eran objeto de cobro judicial y frente a los cuales el ente territorial había formulado excepciones de fondo que atacaban la validez del pago de ese título ejecutivo.

Consulte aquí el contenido de la sentencia SEP066-2022: