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Bogotá D.C., 15 de junio de 2017. El delito de violencia intrafamiliar entre parejas se configura cuando el victimario y la víctima pertenecen a la misma unidad familiar, entendido dicho núcleo en el contexto de la convivencia bajo el mismo techo o espacio familiar.

Así lo precisó la Corte Suprema de Justicia, al indicar que este tipo penal está dirigido a proteger el bien jurídico de la armonía y unidad familiar, no aplicable, entonces, al maltrato de las exparejas que ya no conviven en la misma residencia.

El pronunciamiento lo hizo la Sala de Casación Penal al ratificar la condena de 72 meses a prisión contra un hombre que golpeó a su pareja en el inmueble que compartían en Bogotá, lo que le generó a la víctima una incapacidad médico legal definitiva de 8 días.

Según el proceso, la afectada estaba casada con el agresor desde hacía 11 años, procrearon un hijo y, no obstante sus constantes altercados, vivían en la misma residencia aunque no compartían habitación. Además, allí también residía una hija de la denunciante de una relación anterior.

De igual forma, se demostró que entre víctima y victimario había una unidad doméstica y familiar, no derivada de que tuvieran un hijo juntos, sino de la convivencia cotidiana y permanente que mantenían. Por tal motivo, la Corte desestimó los argumentos de la defensa del procesado que planteó que lo que ocurrió allí fue una riña de carácter pasional, que no configura el delito de violencia intrafamiliar sino el de lesiones personales.

“Tener un hijo en común, entonces, es insuficiente para acreditar la unidad familiar y para suponerla perpetuamente, pues de ser así se llegaría al absurdo de concluir que si una mujer o un hombre tienen varios hijos con diferentes parejas, poseen tantas unidades domésticas familiares como número de hijos con sus compañeros o compañeras transitorios” asegura la decisión.

Por otro lado, la Sala puntualiza que cuando el maltrato a la expareja es causado por quien ya no convive con ella no se materializa el delito de violencia intrafamiliar, sino el de lesiones personales dolosas.

SENTENCIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Bogotá D.C., 9 de junio de 2017. La Corte Suprema de Justicia publica a continuación la lista de aspirantes inscritos para conformar la terna de Auditor General de la República, de acuerdo a los términos de la Convocatoria Pública abierta el pasado 4 de junio:

InscritosConvocatoria

 

Bogotá, D.C., 8 de junio de 2016. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia designó hoy como presidente de la corporación al magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, quien hace parte de la Sala de Casación Laboral.

El  magistrado Echeverri Bueno, oriundo de Manizales, es egresado de la Universidad de Caldas con especialización de la misma Universidad en Derecho Comercial.

Se ha desempeñado en la Rama Judicial en los cargos de juez promiscuo municipal, juez civil del circuito, juez laboral del circuito, magistrado del Tribunal Superior de Manizales, abogado asistente y magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Hace parte de la corporación desde 2011 de la cual fue vicepresidente para el periodo 2016 – 2017 y presidente de la Sala de Casación Laboral (2014 – 2015).

 

Convocatoria Auditor 2017

Bogotá, D.C., 31 de mayo de 2017. Tras advertir que a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional que puso en marcha el Acuerdo Final de Paz no se pueden tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición, respecto a miembros de las FARC–EP por delitos cometidos en el marco o con ocasión del conflicto armado interno, la Corte Suprema de Justicia ordenó poner en libertad y trasladar a su Punto de Reagrupamiento Temporal al guerrillero Julio Enrique Lemos Moreno.

En el trámite del concepto de extradición sobre Lemos Moreno, la Sala de Casación Penal determinó que el nuevo ordenamiento jurídico colombiano –dispuesto por el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 y  el Decreto Ley 900 expedido el pasado 29 de mayo– prohíbe adoptar medidas de aseguramiento con ese fin y establece suspender “las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley concentrados en zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención de citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas…”.

Lemos Moreno había sido capturado en Medellín el 23 de febrero de 2017 en virtud de una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos, cuando se desplazó  desde su Punto de Preagrupamiento Temporal de Tierralta (Córdoba) a la capital antioqueña, para asistir a unas citas médicas, previa autorización del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Al analizar este contexto, la Corte señaló que tanto la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera como el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 disponen que “no se podrá conceder la extradición, ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables…”.

Así mismo, advirtió que la garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización por conductas cometidas con anterioridad a la vigencia del Acuerdo Final (1º de diciembre de 2016).

En relación con Lemos Moreno, los hechos que sustentaron las acusaciones en su contra datan del 18 diciembre de 2008 y del 19 de marzo de 2009, lo que permite observar que fueron ejecutados antes de la firma del Acuerdo Final para la Paz.

Eugenio Fernández Carlier

Presidente Sala de Casación Penal

Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2017. A 50 meses de prisión condenó la Corte Suprema de Justicia a  dos exfuncionarias de la Gobernación de Bolívar como responsables del delito de falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con el proceso, mediante el Decreto 690 de 13 de diciembre de 2007 se declaró la urgencia manifiesta con vigencia hasta el día 28 siguiente al amparo de la cual suscribieron, el 24 y 27 de diciembre de ese año, varios contratos para el suministro de mercados, medicamentos y elementos de aseo a los damnificados de la ola invernal.

Pero la administración entrante encontró que la entrega de los elementos adquiridos no se había cumplido a cabalidad por lo que se negó al pago de los mismos, así como a la entrega de los insumos. Incluso fue necesario incinerar algunos de ellos debido a su estado de descomposición.

Sin embargo, una de las exfuncionarias en su calidad de coordinadora del Programa de Urgencia, Emergencia y Desastres de la Gobernación e interventora de los contratos hizo constar que las mercancías habían sido recibidas el 27 de diciembre de 2007, mientras que la otra, como Jefe del Almacén, sostuvo que la recepción de los elementos se había cumplido el 30 y 31 de diciembre de 2007, situaciones que no correspondieron con la verdad.

Para la Sala de Casación Penal ambas exfuncionarias no se ciñeron a la verdad en relación con el ingreso físico de los elementos contratados por la Gobernación de Bolívar para atender a los damnificados que dejó la ola invernal.

“…la valoración objetiva, fidedigna individual y en conjunto de los medios probatorios configuraba la alteración de la verdad en las constancias expedidas el 27 de diciembre de 2007 por las funcionarias de la Gobernación de Bolívar (…)  y del 30 y 31 de diciembre (…) cuando en uno y otro caso dieron cuenta del recibo e ingreso de los elementos adquiridos por la administración”, señala la decisión.

Añade que tampoco estuvo acreditada la efectiva entrada de los elementos adquiridos al almacén de la Secretaría de Salud, aspecto que ratifica que los documentos suscritos por las servidoras públicas no se ajustaron a la verdad.