Corte Suprema de Justicia
DERECHO AL DEBIDO PROCESO
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PROCESO EJECUTIVO – Ejecución de las obligaciones emanadas de las relaciones de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad: competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil (variación de criterio)
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Bogotá, D.C., 18 de mayo de 2017. Con la participación de jueces de la Corte Interamericana, de altas cortes nacionales de África, América Latina y Europa, miembros del sistema de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, del Grupo de Integridad Judicial y de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial se llevó a cabo la conferencia Ética Judicial y la Lucha contra la Corrupción, Responsabilidad Judicial y el Rol de las Organizaciones Especializadas bajo el objetivo 16 de la Agenda 2030.
En el encuentro efectuado en San José de Costa Rica, participó en representación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia el magistrado de la Sala de Casación Penal, Fernando Alberto Castro Caballero.
El congreso se convirtió en un espacio para poner en relieve los desafíos y las oportunidades existentes para promover la integridad y responsabilidad en los respectivos sistemas judiciales de los participantes e impulsar mecanismos para luchar contra la corrupción en el sector judicial.
De igual forma, se ratificó el consenso que el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho no se establecen sin integridad judicial, que contribuye a la estabilidad política, la seguridad jurídica para los ciudadanos, la inversión privada y el progreso económico en general.
Sin embargo, se hizo énfasis en que la independencia e imparcialidad de los jueces son precondiciones para un acceso a la justicia bajo condiciones de igualdad, permitiendo proteger los derechos humanos de manera efectiva.
Así mismo los participantes, reconocieron el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como espacio de diálogo y sus esfuerzos para reunir a jueces de tribunales nacionales y expertos internacionales para discutir asuntos relevantes relacionados con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia.
Bogotá, D.C., 17 de mayo de 2017. Con los juristas Diana Constanza Fajardo Rivera, Álvaro Andrés Motta Navas y Alejandro Ramelli Arteaga, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia integró la terna de la cual el Senado de la República elegirá el reemplazo del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas Silva.
Diana Constanza Fajardo Rivera es abogada, politóloga y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como directora técnica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ha desempeñado, entre otros cargos, los de magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, secretaria general y jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Interior, secretaria privada de la Gobernación de Cundinamarca, directora ejecutiva de Colombia Internacional y docente e investigadora de la Universidad de Los Andes.
Álvaro Andrés Motta Navas es abogado especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana y doctor en Derecho y Ordenamiento Constitucional de la Universidad de La Laguna, con maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Francisco de Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Se desempeña como director de la especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Ha sido secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, asistente en la Cámara de Representantes y docente universitario.
Alejandro Ramelli Arteaga, abogado de la Universidad Externado de Colombia, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca (cum laude) y máster en Derechos Humanos de la Universidad de París X Nanterre. En su trayectoria profesional ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, cargo que desempeña en la actualidad; magistrado auxiliar del Consejo de Estado, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y jefe de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación. Por postulación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue designado perito de la CorteIDH. Es reconocido profesor de posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Autor de numerosos libros y artículos sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional.
Proceso ejecutivo: razonabilidad de la decisión que da por terminado el proceso, por ilicitud en el objeto de la cesión de los derechos deportivos de un jugador de fútbol, como pago de una deuda contraída por su representante con un tercero (STC6060-2017)
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Estatuto del consumidor – Protección al consumidor: no se satisface el derecho a la salud de los compradores cuando se les restringe acceder a la información sobre las consecuencias positivas o negativas que pueda tener su integridad física o mental al consumir un determinado producto
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Bogotá D.C., 11 de mayo de 2017. Al tutelar los derechos al debido proceso y a una vivienda digna, la Corte Suprema de Justicia ordenó la revisión de un proceso de cobro ejecutivo con respecto a un pagaré que aunque fue firmado por una deudora para la reducción de cuota de un crédito hipotecario, le estaba siendo cobrado como crédito de consumo.
Según el proceso, la afectada firmó un primer pagaré el 14 de agosto de 1997 por una obligación que fue pactada en UPAC. El 15 de junio de 2001 la deudora firmó un segundo pagaré con el propósito de garantizar el pago de las reducciones de las cuotas de amortización del crédito original.
Más adelante, el banco promovió un juicio ejecutivo en contra de la deudora con el fin de obtener el pago de ambos pagares. El 12 de julio de 2016 el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla confirmó la terminación del proceso respecto del primer pagaré, en virtud de lo contemplado en la Ley 546 de 1999 que implementó un nuevo modelo de financiación de vivienda, diferente al UPAC, y le ordenó al banco restructurar el saldo de dicha obligación.
Sin embargo, en la decisión se dispuso continuar adelante con el cobro del segundo pagaré, firmado en 2001, porque no estuvo pactado en UPAC, y derivarse de un contrato de mutuo acuerdo catalogado como crédito de consumo.
Para la afectada, el pagaré firmado en 2001, en desarrollo de la estrategia del banco denominada ‘reducción de cuota’, no le permitió recibir suma alguna, ni ese dinero se descontó del saldo adeudado, por lo que en su concepto se trató de un ‘falso crédito’. Por tal razón, alegó que el proceso se debió terminar completamente y sin condicionamiento, pues ello pone en riesgo su vivienda. Además sostuvo que su crédito no fue restructurado.
Al fallar ahora la acción de tutela a su favor, la Sala de Casación Civil sostuvo que la suscripción del pagaré en 2001 configuró un claro aprovechamiento de la posición dominante del banco y señaló que no se podía tener como crédito de consumo, pues hacía parte del principal firmado en el primer pagaré.
“Luego, al haberse efectuado un abono a la obligación que no había sido reestructurada, en desmedro de los derechos de la quejosa, el juzgador no podía tenerlo como cualquier crédito de consumo, pues hacía parte del principal, esto es, el que no había sido ajustado a lo dispuesto en el Ley 546 de 1999, debiéndose exponer claramente y con la motivación suficiente, por qué, a pesar de no ser exigible el crédito inicial, se daba por válida la aplicación de un abono a éste, lo que se echa de menos en las determinaciones aquí fustigadas”, asegura la decisión.
Por lo anterior, la Corte ordenó al Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla que, en el término de tres días, deje sin efecto la providencia del 12 de julio de 2016 y emita la determinación que corresponda atendiendo las razones expuestas en el fallo de tutela.
[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2017/05/STC6491-2017.pdf»]STC6491-2017
Bogotá, D.C., 11 de mayo de 2017. Franquear, traspasar o penetrar las estructuras anatómicas genitales que anteceden a la vagina propiamente dicha, pero que conforman con ella una unidad, configura conducta de acceso carnal y no de actos sexuales.
Así lo determinó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al condenar, a 12 años de cárcel por acceso carnal abusivo con menor de catorce años, a Dairo Alejandro Bedoya Ramírez por hechos ocurridos el 16 de julio de 2012 en una vivienda del barrio Villahermosa de la ciudad de Medellín.
Ese día, según el proceso, el hoy condenado cometió el ilícito contra una niña que había acudido a ese lugar en compañía de una de sus hermanas en procura de ayuda para una tarea de inglés.
Al desestimar la tesis de que se tratara de una conducta de actos sexuales con menor de catorce años, y acudiendo al concepto jurídico de vía vaginal para referirse a las estructuras mencionadas, la Sala de Casación Penal señaló que se configuró un acceso carnal por parte del agresor, quien con una de sus manos produjo una equimosis en el labio mayor izquierdo de la víctima.
“Es del caso hacer notar que la norma que precisa en qué consiste el acceso carnal no menciona que este se configure solamente con la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto, en la vagina propiamente dicha, sino ‘por vía vaginal’; lo anterior, en el entendido de que el concepto jurídico de ‘vía vaginal’ difiere, por ser más amplio y comprensivo, del concepto estrictamente anatómico de vagina o conducto vaginal”, sostiene la sentencia.
Aunque Bedoya había sido absuelto en segunda instancia, para la Corte esa decisión se basó en omisiones probatorias trascendentes, en particular del dictamen sexológico que encontró el rastro físico de la agresión, la declaración de la menor de edad víctima y el testimonio calificado de una sicóloga que determinó que el comportamiento posterior de la niña, característico de esa clase de vivencias, tuvo su origen en el episodio de abuso sexual que ella misma relató.
Competencia, tramite y normatividad procesal aplicable. [AP2399-2017] Continuar leyendo «JUZGAMIENTO DE MAGISTRADO DE ALTA CORPORACIÓN»
– Antijuridicidad: se predica de las manifestaciones relevantes para que el funcionario adopte la decisión correspondiente. [SP6021-2017] Continuar leyendo «FALSO TESTIMONIO – Antijuridicidad»
