Año: 2021

Bogotá, D.C., sábado 15 de mayo de 2021. En todos los momentos de la vida de una Nación, los ataques contra la justicia levantan los mayores obstáculos para la resolución de los conflictos. En las actuales circunstancias del país, ningún colombiano debe perder de vista que en la indemnidad y fortaleza del  valor–función de la justicia radica la efectividad de las obligaciones del Estado y los ciudadanos,  y las garantías, libertades y derechos fundamentales de las personas.

Frente al claro y peligroso desborde de este límite constitucional, la Corte Suprema de Justicia rechaza categóricamente el atentado y destrucción de la sede de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal en Popayán. El saqueo y pérdida de pruebas y evidencias forenses que allí reposaban contribuye a la impunidad, no a la lucha contra la injusticia y la vulneración de los derechos humanos.

La Corte Suprema de Justicia llama a la solidaridad nacional e internacional para salvaguardar la función de la Fiscalía General de la Nación. Alienta a esta institución a elevarse sobre las dificultades, para seguir adelante en la urgente misión de combatir el delito y esclarecer, con prontitud y certeza, episodios tan lamentables para el país como las muertes trágicas de la menor de 17 años de edad y el joven Sebastián Quintero Múnera, ocurridas en medio de la confusión de orden público en el Cauca.

Sin justicia estamos condenados al caos y a la barbarie. La violencia es inaceptable como forma de expresión. Las instituciones judiciales son puentes de la sociedad para resolver democráticamente sus conflictos. Individualmente considerados y colectivamente e institucionalmente organizados, los colombianos estamos frente al desafío histórico de aportar soluciones, responsabilidad, serenidad y disposición de diálogo.

Luis Antonio Hernández Barbosa

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Bogotá, D.C., jueves 13 de mayo de 2021. La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición del disidente guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, solicitada por el gobierno de los Estados Unidos para que comparezca en juicio por delitos de narcotráfico ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.

La providencia, emitida por la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, determinó la procedencia de la entrega del desertor armado del Acuerdo para la Paz firmado por el Gobierno Nacional con las Farc, porque, entre otras razones, las conductas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes que le son imputadas en el extranjero carecen de connotación política.

Según el pronunciamiento, la circunstancia de no encontrarse privado de la libertad, por decisión que en su momento adoptó la Sala de Revisión de la Justicia Especial para la Paz, JEP, no inhibe a la Corte de conceptuar favorablemente, pues en el caso de los ciudadanos de nuestro país se presume su permanencia en suelo colombiano.

Hernández Solarte es requerido por delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Delitos que, de acuerdo con acusación en su contra de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, habrían sido cometidos entre junio del 2017 y abril del 2018, cuando presuntamente hizo parte de una organización de narcotráfico que operó desde Colombia para el envío de cocaína hacia los Estados Unidos.

Para la Corte, en el caso de Hernández Solarte no opera la prohibición de extraditar a exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc por cuenta del proceso de paz. Si bien la Sala de Revisión de la JEP activó esa garantía en una decisión del 15 de mayo del 2019, en su entonces condición de excombatiente, posteriormente en un auto del 13 de septiembre de ese mismo año la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP lo declaró como desertor armado manifiesto del proceso de paz. Esto lo llevó a perder cualquier beneficio de la justicia transicional.

La Sala advierte que, de capturarse nuevamente, ya se contará con el concepto de extradición por parte de esta Corporación, quedando entonces supeditada la utilización del mismo al momento en que sea aprehendido nuevamente en territorio nacional.

Consulte el contenido completo del CP074-2021:

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/05/CP074-2021-1.pdf»]CP074-2021

Bogotá, D.C., martes 11 de mayo de 2021. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Guainía, Arnaldo José Rojas Tomedes, a 5 años de prisión domiciliaria por las irregularidades en cuatro contratos que celebró o autorizó cuando fue mandatario de ese departamento, y que no cumplieron los requisitos legales.

Esta nueva sentencia contra Rojas Tomedes se desprende de hechos ocurridos entre los años 1998 y 2000, cuando la Gobernación a su cargo recibió una suma superior a los 200 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Regalías para desarrollar un proyecto cuyo objetivo era controlar la contaminación por mercurio.

En primera instancia, la Sala encontró que de los 28 contratos por los que la Fiscalía acusó al exgobernador, se evidenciaron y demostraron irregularidades esenciales en cuatro de ellos en los que hubo una actuación dolosa del procesado: el contrato 028 de diciembre 30 de 1998, el 017 del 3 de septiembre de 1998, el 027 de diciembre 30 de 1998, y la orden de servicios 0133 del 30 de diciembre de 1998.

Para la Corte, en los tres primeros se desconocieron requisitos legales en su tramitación y celebración, pues se vulneró la transparencia y selección objetiva. Y en el último negocio jurídico, el 0133, también se incumplieron los requisitos legales al no verificarse la capacidad del contratista por tratarse de un menor de edad.

Aunque la defensa señaló en el proceso que el entonces gobernador delegó en su secretario de Agricultura y Medio Ambiente, y en otros funcionarios, toda la contratación –y sustentó que por ello el mandatario no conoció de las irregularidades que pudieron presentarse–, la Sala precisó que ello no lo releva de responsabilidad.

Según la providencia, incumplió su deber de supervisión, control y vigilancia de la actividad contractual y de los procesos de selección que se adelantaban, en un proyecto que era clave para controlar la extracción aurífera a través de prácticas mineras ilegales que han ocasionado daños a la salud y el ecosistema.

“De allí, que si tenía reservada tal facultad se demandaba de él una estricta labor de supervisión, en cuanto era garante de la legalidad de la actuación contractual, pues como representante legal del ente territorial, era quien podía comprometer con su voluntad final los dineros del departamento”, concluye la sentencia.

Consulte el contenido completo de la sentencia SEP00050-2021:

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/05/SENTENCIA-SEP00050-2021-2.pdf»]SENTENCIA SEP00050-2021 (2)

Bogotá, D.C., lunes 10 de mayo de 2021. Al resolver una acción de tutela, la Corte Suprema de Justicia determinó que, aunque en los procesos de alimentos solo pueden intervenir las partes principales en ese caso para pedir la reducción de los embargos, es decir el acreedor y el deudor, se debe permitir que otros sujetos de especial protección puedan participar cuando se vean afectados por esas medidas. Es por esto que los adultos mayores pueden constituirse como parte transitoria en esos procesos, si tienen un interés en los embargos que allí se producen.

La Sala de Casación Civil hizo esta precisión al resolver la solicitud de amparo de una mujer de 78 años que depende económicamente del salario de su hijo, cuyo sueldo fue embargado en un 40 por ciento en un proceso de alimentos. La mujer señaló en la tutela que la medida la había afectado, por lo cual solicitó que el embargo se redujera en un 20 por ciento con el fin de que su hijo pudiera ayudarla en su manutención, pues aunque tenía otros 5 hijos ninguno de ellos le colaboraba económicamente.

La Sala confirmó la decisión de un tribunal que rechazó la tutela, pero por razones distintas, afirmando que ella tenía otro mecanismo: constituirse como parte del proceso ejecutivo de alimentos para hacer allí su reclamo ante un juez de familia.

Por lo anterior, ordenó al juez de familia que una vez la mujer le presente la petición para ser incluida en el proceso de alimentos para pedir la reducción del embargo, acoja la interpretación que expuso en esta sentencia la Corte Suprema de Justicia y admita a la solicitante como parte procesal transitoria, adoptando las medidas que considere necesarias según sus condiciones de género y edad, “sin perjuicio de los derechos de otros sujetos de especial protección que estén inmiscuidos en la trama judicial”.

Aunque en este caso se señaló que la mujer tenía otras acciones judiciales y administrativas para exigirle a sus demás hijos la obligación alimentaria que el Código Civil les impone, la Corte señaló que esto podría ir en contra del deber de protegerla como adulta mayor ya que podría resultar para ella más gravoso iniciar otro proceso judicial que participar en uno ya existente.

Según la providencia, a pesar de que el artículo 600 del Código General del Proceso solo contempla la intervención de los deudores y acreedores en un caso de alimentos, lo cierto es que hay sujetos de especial protección que, aunque no fueron convocados en ese proceso o en principio no pueden participar en él, “sí tienen un interés transitorio en las consecuencias derivadas de la ejecución de las cautelas”.

Es por esto que la Sala aclaró que en casos como este, en donde se está ante adultos mayores en condición de vulnerabilidad, se hace necesario modular esa norma para que se les permita participar con el fin de discutir la extensión de los embargos. También determinó que su participación será transitoria, tal y como lo establece el artículo 69 del Código General del Proceso, pues una vez se resuelva el punto que los afecta, el juicio seguirá su curso sin su intervención.

Estas medidas, señaló la Corte, encuentran respaldo en la necesidad de crear prácticas que faciliten el acceso a la justicia de la población adulta mayor, aplicando las Reglas de Brasilia, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Ley 2055 de 2020. Así mismo, en el fuero de atracción que tienen los jueces de alimentos, que en un solo trámite pueden señalar la cuantía de varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.

Consulte aquí el contenido completo de la providencia: STC5006-2021

[spiderpowa-pdf src=»https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/05/STC5006-2021.pdf»]STC5006-2021

Bogotá, 6 de mayo de 2021. Atendiendo la convocatoria a las Altas Cortes por parte del Señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Iván Duque Márquez, manifestamos de manera conjunta que:

1. La justicia en la separación de poderes y en colaboración armónica con la institucionalidad respalda el orden institucional y democrático, en el marco del respeto a la Constitución Política que constituye en sí misma el gran pacto de paz y convivencia pacífica como brújula de la Nación.

 

2. Condenamos y rechazamos los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana.

 

3. En el marco del respeto de todos los ciudadanos, tanto quienes protestan como los que no lo hacen, Respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia.

 

4. Los delitos que en el marco de la protesta se han presentado, contra cualquier ciudadano o servidor público, deben ser investigados, priorizados y sancionadas por las autoridades competentes.

 

5. Las Altas Cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país.

 

 

SUSCRIBIMOS:

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA “DAPRE”. VÍCTOR MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ

MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. WILSON RUIZ OREJUELA

MINISTRO DE TRABAJO. ANGÉL CUSTODIO CABRERA BÁEZ

SECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS

ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. MIGUEL ANTONIO CEBALLOS ARÉVALO

CONSEJERO PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN. EMILIO JOSÉ ARCHILA PEÑALOSA

ALTAS CORTES:

PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO

PRESIDENTE DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ “JEP”. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. MARTHA LUCIA OLANO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL. JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Bogotá, D.C., miércoles 5 de mayo de 2021. Los trágicos hechos de la última semana son un duro aprendizaje para Colombia. Es momento de asumir con plena  responsabilidad esta dolorosa lección que la historia nos repite una y otra vez: la fuerza irracional no resuelve los conflictos sociales. Son los procedimientos constitucionales y legales –tramitados, acordados e instituidos democráticamente– los instrumentos adecuados para frenar la espiral de violencia, muerte y destrucción.

Motivados por este principio inherente a los deberes de la función judicial y en atención al llamado del Gobierno Nacional, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial nos reuniremos este jueves 6 de mayo con el presidente de la República, Iván Duque Márquez.

Manifestamos solidaridad con el profundo duelo de las familias de las víctimas de la población civil y la Fuerza Pública, gravemente afectadas por los abusos, vandalismo y vulneración de los derechos humanos de estos días.

Instamos a los líderes del país a aplicar genuina empatía en estas mesas de diálogo, participando con lenguaje claro, sincero e impecable, así como a respetar en palabra y obra la postura de quienes piensan distinto, defienden causas divergentes, pertenecen a movimientos sociales y políticos opuestos o reclaman prerrogativas que no se compartan. Y, sobre todo, confiamos en que estos espacios incluyan a todos los actores involucrados en la protesta pacífica y en el malestar social.

Con absoluto respeto de la autonomía e independencia en la delicada tarea de esclarecer y judicializar los acontecimientos violentos que se vienen presentando, exhortamos a los funcionarios, investigadores judiciales y organismos de control para que adopten medidas urgentes, le den prioridad a esta misión y comuniquen lo más pronto posible sus avances y resultados a la ciudadanía.

Es con la fuerza de la consciencia democrática de cada colombiano que el país corregirá su rumbo hacia la vida, gestionará civilizada e institucionalmente sus conflictos, alcanzará la paz enredada en la polarización política y transitará fortalecido la dramática incertidumbre agravada por la pandemia mundial del Covid–19.

En estos propósitos, la ciudadanía cuenta con el compromiso indeclinable de la presencia del juez, pilar fundamental del Estado de Derecho que, con autonomía, imparcialidad e independencia, garantiza la vigencia de sus derechos.

 

Luis Antonio Hernández Barbosa                      Marta Nubia Velásquez Rico

Presidente Corte Suprema de Justicia                      Presidente Consejo de Estado

 

 

 

Gloria Stella López Jaramillo                              Antonio José Lizarazo Ocampo

Presidente Consejo Superior de la Judicatura      Presidente Corte Constitucional

 

 

 

Eduardo Cifuentes Muñoz                                     Julio Andrés Sampedro Arrubla

Presidente JEP                                                             Presidente Comisión Nacional de Disciplina