Autor: John Ervey Sánchez Velandia

Elegido magistrado de las Salas de Descongestión Laboral

Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2017. Con la elección del jurista Donald José Dix Ponnefz, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia terminó de integrar las cuatro Salas de Descongestión Laboral de la Corporación que entrarán a operar en los próximos días.

Dix Ponnefz, oriundo de la ciudad de Sincelejo (Sucre), es abogado especialista en Instituciones Jurídico Laborales de la Universidad de Cartagena. De sus treinta años de ejercicio profesional, ha dedicado más de veinte al servicio de la rama judicial como juez laboral, magistrado de la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Barranquilla, Bogotá, Cartagena, y magistrado del Tribunal Superior de San Andrés.

En la empresa privada fue Jefe del Departamento Jurídico de la Compañía Colombiana Clinker, con sede en la ciudad de Cartagena (Bolívar).  En la actualidad se desempeña como magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga (Valle).

Condenadas exfuncionarias de la Gobernación de Bolívar

Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2017. A 50 meses de prisión condenó la Corte Suprema de Justicia a  dos exfuncionarias de la Gobernación de Bolívar como responsables del delito de falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con el proceso, mediante el Decreto 690 de 13 de diciembre de 2007 se declaró la urgencia manifiesta con vigencia hasta el día 28 siguiente al amparo de la cual suscribieron, el 24 y 27 de diciembre de ese año, varios contratos para el suministro de mercados, medicamentos y elementos de aseo a los damnificados de la ola invernal.

Pero la administración entrante encontró que la entrega de los elementos adquiridos no se había cumplido a cabalidad por lo que se negó al pago de los mismos, así como a la entrega de los insumos. Incluso fue necesario incinerar algunos de ellos debido a su estado de descomposición.

Sin embargo, una de las exfuncionarias en su calidad de coordinadora del Programa de Urgencia, Emergencia y Desastres de la Gobernación e interventora de los contratos hizo constar que las mercancías habían sido recibidas el 27 de diciembre de 2007, mientras que la otra, como Jefe del Almacén, sostuvo que la recepción de los elementos se había cumplido el 30 y 31 de diciembre de 2007, situaciones que no correspondieron con la verdad.

Para la Sala de Casación Penal ambas exfuncionarias no se ciñeron a la verdad en relación con el ingreso físico de los elementos contratados por la Gobernación de Bolívar para atender a los damnificados que dejó la ola invernal.

“…la valoración objetiva, fidedigna individual y en conjunto de los medios probatorios configuraba la alteración de la verdad en las constancias expedidas el 27 de diciembre de 2007 por las funcionarias de la Gobernación de Bolívar (…)  y del 30 y 31 de diciembre (…) cuando en uno y otro caso dieron cuenta del recibo e ingreso de los elementos adquiridos por la administración”, señala la decisión.

Añade que tampoco estuvo acreditada la efectiva entrada de los elementos adquiridos al almacén de la Secretaría de Salud, aspecto que ratifica que los documentos suscritos por las servidoras públicas no se ajustaron a la verdad.

 

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Proceso ejecutivo mixto

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

  • Proceso ejecutivo mixto – Vulneración: motivación insuficiente al no analizar la finalidad y conexidad entre los pagarés objeto de la demanda, permitiendo el abuso de la posición dominante de la entidad financiera, dando por terminado el proceso sólo respecto del pagaré suscrito antes de la Ley 546 de 1999

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PROCESO EJECUTIVO – Ejecución de las obligaciones emanadas de las relaciones de trabajo

PROCESO EJECUTIVO – Ejecución de las obligaciones emanadas de las relaciones de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad: competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil (variación de criterio)

 

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Magistrado Fernando Castro participó en encuentro judicial en Costa Rica

Bogotá, D.C., 18 de mayo de 2017. Con la participación de jueces de la Corte Interamericana, de altas cortes nacionales de África, América Latina y Europa, miembros del sistema de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, del Grupo de Integridad Judicial y de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial se llevó a cabo la conferencia Ética Judicial y la Lucha contra la Corrupción, Responsabilidad Judicial y el Rol de las Organizaciones Especializadas bajo el objetivo 16 de la Agenda 2030.

En el encuentro efectuado en San José de Costa Rica, participó en representación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia el magistrado de la Sala de Casación Penal, Fernando Alberto Castro Caballero.

El congreso se convirtió en un espacio para poner en relieve los desafíos y las oportunidades existentes para promover la integridad y responsabilidad en los respectivos sistemas judiciales de los participantes e impulsar mecanismos para luchar contra la corrupción en el sector judicial.

De igual forma, se ratificó el consenso que el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho no se establecen sin integridad judicial, que contribuye a la estabilidad política, la seguridad jurídica para los ciudadanos, la inversión privada y el progreso económico en general.

Sin embargo, se hizo énfasis en que la independencia e imparcialidad de los jueces son precondiciones para un acceso a la justicia bajo condiciones de igualdad, permitiendo proteger los derechos humanos de manera efectiva.

Así mismo los participantes, reconocieron el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como espacio de diálogo y sus esfuerzos para reunir a jueces de tribunales nacionales y expertos internacionales para discutir asuntos relevantes relacionados con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia.

 

Corte Suprema integra terna de aspirantes a la Corte Constitucional

Bogotá, D.C., 17 de mayo de 2017. Con los juristas Diana Constanza Fajardo Rivera, Álvaro Andrés Motta Navas y Alejandro Ramelli Arteaga, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia integró la terna de la cual el Senado de la República elegirá el reemplazo del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas Silva.

Diana Constanza Fajardo Rivera es abogada, politóloga y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como directora técnica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ha  desempeñado, entre otros cargos, los de magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, secretaria general y jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Interior, secretaria privada de la Gobernación de Cundinamarca, directora ejecutiva de Colombia Internacional y docente e investigadora de la Universidad de Los Andes.

Álvaro Andrés Motta Navas es abogado especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana y doctor en Derecho y Ordenamiento Constitucional de la Universidad de La Laguna, con maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Francisco de Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Se desempeña como director de la especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Ha sido secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, asistente en la Cámara de Representantes y docente universitario.

Alejandro Ramelli Arteaga, abogado de la Universidad Externado de Colombia, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca (cum laude) y máster en Derechos Humanos de la Universidad de París X Nanterre. En su trayectoria profesional ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, cargo que desempeña en la actualidad; magistrado auxiliar del Consejo de Estado, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y jefe de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación. Por postulación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue designado perito de la CorteIDH. Es reconocido profesor de posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Autor de numerosos libros y artículos sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional.

 

Elegida nueva magistrada de Salas de Descongestión Laboral

Bogotá, D.C., 17 de mayo de 2017. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió hoy a la jurista Jimena Isabel Godoy Fajardo como nueva magistrada de la Salas de Descongestión Laboral de la Corporación.

Jimena Isabel Godoy Fajardo, abogada de la Universidad de La Sabana, es doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Con una experiencia de más veinte años en el ejercicio independiente de su profesión, ha sido asesora y litigante en la empresa privada. Actualmente es profesora de cátedra y directora de posgrados de la Universidad Javeriana,  profesora y conferencista en Educación Continuada de la Universidad del Rosario, profesora de posgrados y conferencista de la Universidad Sergio Arboleda y profesora de cátedra de la Universidad de los Andes.

Autora de las obras Evolución de los derechos en los homosexuales en la seguridad social colombiana,  En qué casos se paga y en cuáles no el retroactivo de la pensión, Régimen de pensiones en Colombia,  Aspectos relevantes de las reformas y Régimen de transición de pensiones.